Colau conversa con su primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, durante el pleno de este viernes. EFE/Quique García

Paso atrás de Barcelona en Comú con la eléctrica municipal

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El concejal Eloi Badia (BCN Comú) corrige sobre la marcha el proyecto de compañía eléctrica pública tras recibir la presión de grupos ecologistas

Economía Digital

Colau conversa con su primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, durante el pleno de este viernes. EFE/Quique García

Barcelona, 15 de noviembre de 2018 (13:16 CET)

Los planes originales del gobierno municipal de Catalunya en Comú con Barcelona Energía —la eléctrica pública que aspira a abastecer a 20.000 hogares del Área Metropolitana de Barcelona a partir de enero— han dado al traste. El ayuntamiento de Barcelona se ha visto obligado a rectificar un aspecto crucial de su proyecto: no nutrirá la compañía pública con energía que proceda de incineradoras porque, según los grupos ecologistas, estas plantas generan energía contaminante mediante la quema de residuos del Área Metropolitana.

El concejal de Presidencia, Energía y Agua, Eloi Badia, es el hombre clave en los bandazos municipales respecto a este tema. Badia, una pieza crucial en el engranaje de Barcelona en Comú, sacó pecho en un principio por haber “desenchufado del oligopolio” eléctrico a Barcelona con la creación del mayor operador público de energía renovable de España.

Pero las entidades vecinales agrupadas en la plataforma Aire Net pusieron pronto contra los cuerdas los planes de Barcelona en Comú. Desde la agrupación no entendían cómo era posible que el Ayuntamiento tuviera por socio a una planta incineradora de residuos, puesto que era una contradicción flagrante respecto a un proyecto que llevaba por bandera el suministro de energía limpia. 

Las entidades agrupadas en Aire Net justificaron su postura en varios estudios. En uno publicado en el año 2015 que sostenía que “los habitantes de esta zona sufren 2,5 veces más riesgo de desarrollar un cáncer”.  Y en otro muy reciente de la Agència de Salut Pública de Barcelona que asegura que la contaminación del aire causó 354 muertes durante el 2017 (88 muertes más que en el año anterior). El mismo documento, titulado La Salut a Barcelona 2017, afirma que el 98% de los habitantes de Barcelona se exponen a niveles de partículas PM10 superiores a lo recomendado por la OMS, por otro 70% a NO2.

Todo ello ha obligado al Ayuntamiento de Barcelona a corregir sobre la marcha. Ahora su plan sigue siendo suministrar energía a hogares, pero ahora lo hará a través de la compra de energía a empresas suministradoras que dispongan del certificado de energía verde. Lo hará a precios de mercado.

La incineradora Tersa, en el punto de mira

Los problemas con las incineradoras no son nuevos. La de Sant Adrià del Besòs, la cual iba a ser una de las principales suministradoras de energía para la comercializadora de Colau, tiene abierta una investigación por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente debido a una denuncia de los vecinos por sus altas emisiones de dioxinas y malos olores.

Esta planta incineradora está gestionada por Tersa, que ahora se enfrenta a posibles sanciones por parte de la administración, después de que una filtración por parte de los trabajadores desvelara malas prácticas.

Al parecer, Tersa tergiversaba de forma premeditada la medición de las temperaturas de los hornos para reflejar mejores resultados. En suma, esta operaba por debajo de la temperatura legal aumentando la liberación de dioxinas.

La investigación está abierta por la Fiscalía y podría implicar a la empresa en delitos contra el medio ambiente, eje electoral del cual los comunes se vanaglorian. Todo ello convierte al anuncio del gobierno de Colau en un parche: no utilizará la incineradora para su eléctrica pero sí seguirá funcionando tal y como lo ha hecho hasta ahora.

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