El Gobierno pone límites a las llamadas comerciales: propone una nueva numeración con el prefijo 400 para identificarlas
Proponen el prefijo 400 para que los usuarios identifiquen de inmediato las llamadas publicitarias y frenar el fraude telefónico
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene durante una visita a las instalaciones de la plataforma logística Lookiero, a 8 de enero de 2026, en Miranda de Ebro, Castilla y León (España).
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La lucha contra el spam telefónico y las llamadas comerciales no deseadas entra en una nueva fase en España. El Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta que busca dar más control a los ciudadanos frente a las comunicaciones comerciales invasivas: la creación de una numeración específica con el prefijo 400, destinada exclusivamente a identificar este tipo de llamadas.
La iniciativa parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López, y se enmarca dentro de una estrategia más amplia para ordenar el uso de la numeración telefónica, reducir el fraude y aumentar la transparencia en la relación entre empresas y consumidores.
El objetivo es sencillo pero ambicioso: que cualquier usuario pueda reconocer de un vistazo si la llamada que entra en su móvil es publicitaria y decidir con plena libertad si quiere responderla o ignorarla, sin sorpresas ni engaños.
Un prefijo propio para diferenciar la publicidad telefónica
La propuesta del Ejecutivo contempla la asignación de un rango de numeración exclusivo, que comenzará por el prefijo 400, para todas las llamadas de carácter comercial. Esto supone un cambio sustancial respecto al modelo actual, en el que muchas empresas utilizan números móviles, geográficos o incluso internacionales para contactar con potenciales clientes.
Con este nuevo sistema, las llamadas comerciales estarán claramente separadas del resto de comunicaciones habituales. El usuario sabrá, antes incluso de descolgar, que se trata de una llamada con fines publicitarios, lo que refuerza su capacidad de decisión y su protección como consumidor.
Además, esta numeración será bidireccional, lo que significa que los ciudadanos también podrán devolver la llamada si así lo desean, y siempre con un coste equivalente al de una llamada ordinaria, sin recargos ni tarificación especial encubierta.
La Ley SAC como base del nuevo modelo
El nuevo esquema de numeración no surge de la nada. Se apoya directamente en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), aprobada el pasado mes de diciembre, que introduce importantes cambios en la forma en que las empresas pueden comunicarse con sus clientes.
Entre las principales novedades de esta ley se encuentra la obligación de renovar cada dos años el consentimiento expreso del usuario para recibir llamadas comerciales. De este modo, se evita que autorizaciones antiguas o poco claras se utilicen de forma indefinida para justificar campañas agresivas de telemarketing.
La normativa va un paso más allá al establecer que cualquier contrato cerrado a través de una llamada comercial realizada sin consentimiento previo será considerado nulo, lo que supone un fuerte incentivo para que las empresas respeten las nuevas reglas del juego.
Separar publicidad de atención al cliente
Otro de los pilares de la reforma es la diferenciación clara entre llamadas comerciales y llamadas de atención al cliente. Mientras que las primeras deberán utilizar obligatoriamente el prefijo 400, las segundas solo podrán realizarse desde rangos muy concretos y ya conocidos por los usuarios.
En este grupo se incluyen los números cortos corporativos (como el histórico 1004 de Telefónica), los números gratuitos 800 y 900, o los números geográficos tradicionales. Queda expresamente prohibido, por tanto, el uso de numeración móvil para contactar con clientes en este contexto.
Esta separación busca evitar confusiones deliberadas, una práctica habitual en la que llamadas comerciales se camuflan como supuestos avisos de gestión, incidencias técnicas o renovaciones contractuales para lograr que el usuario descuelgue.
Un plan más amplio contra el fraude telefónico
La nueva numeración con prefijo 400 se integra dentro del Plan Antiestafas telefónicas y por SMS, puesto en marcha por el Gobierno en marzo del año pasado. Desde su entrada en vigor, los operadores de telecomunicaciones han intensificado el bloqueo preventivo de comunicaciones sospechosas.
Los datos reflejan la magnitud del problema: desde el inicio del plan, se han bloqueado más de 169 millones de llamadas fraudulentas y más de 10 millones de mensajes SMS con posibles fines delictivos, una cifra que evidencia el alcance de las estafas de suplantación de identidad.
Con la activación definitiva de los números 400, los operadores estarán obligados a bloquear automáticamente cualquier llamada comercial o de atención al cliente que se realice desde una numeración no autorizada, cerrando así una de las principales vías utilizadas por los estafadores.
Plazos, sanciones y vías de denuncia
El Gobierno ha previsto un periodo de adaptación de cuatro meses desde la entrada en vigor de las resoluciones para que empresas y operadores ajusten sus sistemas a la nueva normativa. Transcurrido ese plazo, el cumplimiento será obligatorio y plenamente exigible.
En caso de que un ciudadano reciba una llamada comercial o de atención al cliente desde un número que no cumpla con los requisitos establecidos, podrá presentar una denuncia formal ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o ante la CNMC.
Este mecanismo refuerza la capacidad de vigilancia y sanción de las autoridades, al tiempo que convierte al usuario en un actor clave para detectar y frenar prácticas abusivas.
Más control para el ciudadano en un entorno saturado
La implantación del prefijo 400 responde a una realidad cada vez más evidente: la saturación de los usuarios por llamadas comerciales, muchas de ellas insistentes, engañosas o directamente fraudulentas. En este contexto, el Gobierno apuesta por una solución estructural, basada en la identificación clara y en la trazabilidad de las comunicaciones.
Lejos de prohibir la actividad comercial telefónica, la medida busca ordenarla y hacerla transparente, equilibrando los intereses empresariales con el derecho de los ciudadanos a no ser molestados ni engañados.
Si la propuesta culmina su tramitación sin cambios de fondo, España dará un paso relevante en la protección digital del consumidor, convirtiendo el prefijo 400 en una señal inequívoca: al otro lado del teléfono hay publicidad, y la decisión de escucharla —o no— vuelve a estar en manos del usuario.
