Pedro Sánchez diluye la apuesta federal del PSOE en su programa

El PSOE propone "un nuevo impulso al autogobierno" de Cataluña aunque no concreta ni cómo ni cuánto

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«Ni desde el derecho de autodeterminación ni desde un estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155 puede construirse el futuro». Eso dice el PSOE en su programa electoral, hecho público este lunes y en que lo que propone para desenredar el ovillo catalán es más autogobierno. Aunque no concreta ni cómo ni cuánto.

Los socialistas fijaron primero en la Declaración de Granada -que los diferentes familias del partido pactaron en 2013- y después en la Declaración de Barcelona de 2017, derivada de aquella, que ese camino tenía que hacerse en clave federal. La misma que vertebraba la propuesta de reforma constitucional que constaba en los programas socialistas de las generales de 2015 y 2016. 

El programa del PSOE para las elecciones del 28-A, en cambio, ya no incluye esa propuesta. La vocación federalista se limita ahora a la referencia que se hace a esos dos textos programáticos de 2013 y 2017 para explicar cómo hemos llegado hasta aquí. Pero el antaño tan cacareado federalismo ya no aparece por ninguna parte. De forma explícita, al menos. Se insiste en dar «un nuevo impulso al autogobierno». Pero hasta ahí. Es decir, el PSOE siempre puede decir que mantiene en última instancia su apuesta en clave federal, pero, en cualquier caso, ha renunciado a hacer bandera de ella.

Y eso que el programa recoge una nueva propuesta de reforma de la Constitución, pero esta vez sin referencias federales, sino para añadirle los criterios que deberían regir la financiación autonómica. Los socialistas entienden que el hecho de que hasta ahora el texto constitucional no incluya ninguna regla que prefigure cómo debe ser esa financiación es «una singularidad» que no se da en otros países, y proponen una  reforma para que la Carta Magna fije un modelo que acabe con «la inestabilidad y la insatisfacción» que han caracterizado hasta ahora el reparto territorial de los recursos financieros.

Clarificación constitucional

Así, y según la propuesta del partido que lidera el presidente Pedro Sánchez, la  Constitución incluiría tanto las decisiones «fundamentales» sobre el reparto de competencias financieras como los parámetros de nivelación financiera y las garantias para que se preserve el principio de solidaridad territorial. 

La oferta, pensada como un guiño a los partidos nacionalistas o, cuanto menos, a simpatizantes de otras formaciones que puedan compartir algunos aspectos de la causa soberanista -léase los comunes y Podemos-, incluye también una «clarificación» del reparto de competencias entre la administración estatal y las comunidades autonómas.

Para ello, el PSOE propone que la Carta Magna concrete también «de la forma más precisa posible» cuáles son las facultades del Estado en cada uno de los  distintos ámbitos competenciales, y especifique que todo aquello que no forme parte de esa lista será por defecto de competencia autonómica.

Cambios constitucionales aparte, los socialistas completan su paquete territorial para seguir profundizando en el Estado de las autonomías proponiendo reconocer «las singularidades de los distintos territorios» a base de fijar «una definición mas precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos» de cada uno de ellos. 

Más participación autonómica

Para garantizar la participación de los territorios en la concreción del modelo de financiación que debería consagrarse en la Carta Magna, los de Sánchez también plantean cambios en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano de coordinación entre la Hacienda estatal y los gobiernos autonómicos. Pero no concretan en qué consistirían.

Además, el programa socialista incluye consolidar y reforzar el papel del Senado como cámara territorial, de la Conferencia de Presidentes autonómicos y de las conferencias sectoriales que agrupan a los responsables autonómicos de cada ámbito competencial, así como una apuesta por una participación más activa de las comunidades en el ejercicio de determinadas competencias estatales en determinados supuestos, como algún asunto de interés general pero que incida territorialmente en una determinada autonomía.

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