Procesan a la cúpula de TV3 y a altos cargos de Puigdemont por el 1-O

La magistrada procede contra 30 investigados por malversación, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación en el 1-O

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La cúpula de TV3 y distintos cargos del gobierno de Carles Puigdemont han sido procesados por los preparativos del 1-O. En total, hay 30 investigados por los delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación.

Así, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha dictado un auto de procesamiento en la causa abierta por los preparativos de la convocatoria de referéndum del 1 de octubre de 2017. 

Entre los procesados se encuentra el director de TV3, Vicent Sanchis, y el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. A estos se les atribuye la emisión de los anuncios sobre la celebración y promoción de la participación en el referéndum del 1-O en los medios públicos de la Generalitat en septiembre del 2017, junto con la máxima responsable de la CCMA, Núria Llorach.

También se procesa al secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, Antoni Molons García, y al director general de Comunicación del Gobierno de la Generalitat, Jaume Clotet. En este caso por delitos de malversación y prevaricación.

También se procesa a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, por malversación, desobediencia y falsedad documental

Josep Ginesta, secretario general de Trabajo, y David Palanqués, el responsable del área, figuran también entre los acusados por malversación. Lo mismo que Francesc Sutrías, director general de Patrimonio (vicepresidencia, Economía y Hacienda), procesado por malversación y desobediencia.

En la lista de 30 personas también aparece Amadeu Altafaj, director de la delegación del Gobierno de Cataluña ante la UE, acusado de malversación y prevaricación. A él se une la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, en su caso por malversación, desobediencia y falsedad documental.

La magistrada fija en 5.803.068,67 euros la fianza solidaria por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Levanta la imputación a 15 investigados

De acuerdo con la previsión legal oportuna respecto a la tramitación del sumario, los procesados serán oportunamente citados para practicar la declaración indagatoria, que no tiene señalamiento en este momento y que se fijará en una nueva resolución. 

El auto recoge la sucesión de indicios para sostener la imputación de los diferentes delitos. Los hechos que considera la magistrada definen un compartimiento tendente a organizar una seria de acciones que aseguraran la celebración de una convocatoria declarada judicialmente ilegal, comprometiendo para ello presupuesto público.

El texto también recoge la relación de investigados contra los que, a su juicio, no es posible sostener una acusación con la información que consta en la causa y respecto de los que se levantan las imputaciones mantenidas hasta el momento.

La magistrada levanta la imputación a 15 investigados, entre los que se encuentran Carles Vives Pi i Sunyer y Santiago Vidal Marsal. Y, además, señala que no es competente para pronunciarse sobre el investigado Lluís Salvadó Tenesa dado que ostenta la condición de aforado.

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