La alcaldesa Ada Colau y el primer teniente de alcalde Jaume Collboni cuando anunciaron en julio pasado su pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona. /EFE/ Quique García

El PSC mira a otro lado mientras Colau imputa a policías por el 1-O

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Los socialistas pasan de puntillas sobre la acusación popular que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona contra la actuación policial durante el 1-O

Josep Maria Casas

Economía Digital

La alcaldesa Ada Colau y el primer teniente de alcalde Jaume Collboni cuando anunciaron en julio pasado su pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona. /EFE/ Quique García

Barcelona, 02 de octubre de 2019 (04:55 CET)

Barcelona en Comú y los socialistas sellaron el pasado julio un pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona en el que dejaron fuera sus respectivas posiciones, irreconciliables, sobre el proceso independentista catalán. Así se ha puesto de nuevo en evidencia con el escrito de acusación que el Ayuntamiento presentó en el juzgado para que se impute a 28 mandos de la Policía Nacional por las cargas del 1-O.

Fuentes socialistas indican que la responsabilidad de la presentación del escrito de acusación contra policías nacionales por su actuación durante el 1-O recae en el concejal Marc Serra, de BComú, titular del área de derechos de ciudadanía y justicia global. Recordaron que esta acusación arranca del anterior mandato.

El Ayuntamiento de Barcelona se personó como acusación particular contra agentes del CNP poco después del referéndum del 1 de octubre de 2017, prohibido por el Tribunal Constitucional. Precisamente, a raíz del apoyo que los socialistas catalanes prestaron a la aplicación del artículo 155, Colau expulsó el PSC de su gobierno. Eso no impidió que alcanzaran un nuevo pacto de gobierno después de las últimas elecciones municipales.

El encargado de coordinar la acusación contra la actuación policial del 1-O fue el entonces concejal Jaume Asens. Ahora esta responsabilidad está en manos de Serra, ambos de BComú. Curiosamente, el actual diputado Asens atacó el lunes a los socialistas: “el único pagafantas que hay en Cataluña es un PSC que solo sabe bailar al ritmo del 155 de Pedro Sánchez”.

El PSC pasa de puntillas sobre la acusación popular que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona contra mandos de la Policía Nacional. Ni el partido ni el teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle (de Units per Avançar, coaligado con los socialistas), han realizado ningún comentario en público. Tampoco está previsto que lo hagan.

Cuando anunciaron su pacto de gobierno, tanto la alcaldesa Ada Colau como el primer teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni, dejaron claro que el conflicto político catalán quedaba fuera del acuerdo. Aseguraron que eso no afectaría la gobernabilidad de la ciudad.

El antecedente del lazo amarillo

Collboni puso como ejemplo el lazo amarillo en solidaridad con los políticos independentistas presos. No es partidario de que se exhiba en la fachada del Ayuntamiento, pero aceptó lo que acordó la junta de portavoces.

Con la acusación popular que ejerce el Ayuntamiento por las cargas policiales del 1-O, los socialistas han tragado con la decisión de sus socios. El PSC también es consciente de que, si esta cuestión se somete a votación, se impondrían los comunes con el apoyo de los independentistas.

En el anterior mandato, BComú y PSC también acordaron dejar el conflicto político catalán al margen de su pacto. No obstante, Colau rompió con ellos por su apoyo al 155.

En el escrito de acusación que se presentó el 27 de septiembre pasado ante el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, el Ayuntamiento solicite que se cite como investigados a 28 inspectores y subinspectores que estaban al frente de los grupos operativos que actuaron el 1 de octubre de 2017. Ocho de ellos ya estaban imputados. Entre otros presuntos delitos, se les acusa de lesiones, coacciones y desórdenes públicos.

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