El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. EFE

Puigdemont da un paso al lado y propone a Jordi Sànchez como sucesor

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Carles Puigdemont anuncia que renuncia "provisionalmente" a la investidura como presidente de la Generalitat y nombra al encarcelado Jordi Sànchez como sucesor

Barcelona, 01 de marzo de 2018 (19:44 CET)

Carles Puigdemont ha anunciado este jueves que renuncia "provisionalmente" a la investidura como presidente de la Generalitat y se ha permitido nombrar a su sucesor: el expresidente de la ANC y número dos de la candidatura de Junts per Catalunya (JpC), Jordi Sànchez, en prisión desde el pasado 16 de octubre.

El líder huido a Bruselas ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que convoque una nueva ronda de contactos para activar una nueva sesión de investidura, aunque Sànchez podría ser un candidato también fallido si el Tribunal Supremo no le autoriza para abandonar la cárcel con el propósito de acudir a su investidura.

El Parlament ha aprobado este jueves una propuesta de resolución de Junts per Catalunya que legitima a Puigdemont sin aclarar cuáles serán sus poderes. Esta misma resolución reivindica el referéndum del 1-O pero, al contrario de lo que exigían las enmiendas de la CUP, no incluye la reafirmación de la declaración de independencia del 27 de octubre.

En los próximos días, Torrent propondrá a Sànchez como nuevo candidato a la presidencia. Este proceso puede acabar incrementando la tensión entre los partidos soberanistas y las instituciones del Estado. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo el martes que es "difícil" pensar en un presidente autonómico que esté "en prisión".

Denunciará a España

Durante el discurso de su renuncia, Puigdemont no ha dejado pasar la oportunidad para recriminar la actuación del Gobierno de España. En concreto, ha anunciado que un equipo de abogados internacionales ha presentado esta tarde en su nombre "una demanda contra el Estado español ante el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas" para denunciar la "violación" de sus derechos.

Además, ha explicado que esta acción legal pretende denunciar la "violación" por parte del Estado de la "declaración universal de los derechos humanos y la carta de los derechos civiles y políticos".

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