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Puigdemont y Junqueras insisten en que “nada va a parar el referéndum”, porque lo que se juega es la “democracia”, frente a la "fábrica de miedo" de Rajoy

Barcelona, 05 de septiembre de 2017 (20:32 CET)

“Convocar un referéndum no es un delito, ni desde la ley internacional ni desde la ley española”. Esa es la interpretación del Gobierno catalán, que plantea el 1-O como una alternativa entre “la democracia” y el Gobierno español, que “se salta el estado de derecho”. El presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, en una comparencia conjunta en el Palau de la Generalitat, han llegado a asegurar que el problema es para el conjunto de los españoles: “Rajoy no ofrece garantías democráticas a los españoles, porque, ¿pueden asegurarlo, y es lo que les preguntamos a todos los democrátas españoles, que lo que hacen ahora contra Cataluña no lo hará el Gobierno del PP contra ellos?”.

Esa última frase, de Oriol Junqueras, ilustra la intención del Gobierno catalán, que insiste hasta el último minuto en plantear el referéndum como una cuestión que atañe al derecho democrático, y que el referéndum no se parará, pese a los intentos de los poderes del estado.

La excusa de Puigdemont y Junqueras para inyectar toda la presión posible al Gobierno ha sido la decisión del Tribunal de Cuentas, que ha ampliado hasta 11 a los acusados por el 9N, a los que cita para el próximo 25 de septiembre, entre ellos el expresidente Artur Mas. Según Puigdemont, “es un intento desesperado, estirando la interpretación de la ley, con una intención sesgada, del Gobierno para ir en contra del referéndum”. Junqueras, en la misma, ha aprovechado esa circunstancia para remachar esa idea de que el conjunto de los democrátas está en peligro”.

Puigdemont señala que la respuesta al Gobierno vendrá de "la fuerza de todos los catalanes"

Puigdemont y Junqueras se han reunido en el Palau de la Generalitat junto al propio Artur Mas, que sigue en todas las salsas, después de regresar de su viaje en verano a Alaska, y junto a los dirigentes de las entidades soberanistas. El objetivo es buscar una respuesta ciudadana masiva. “Lo que queremos es responder con la fuerza de todos los catalanes”, ha evidenciado Puigdemont, incidiendo una y otra vez en que el Gobierno no tendrá éxito con su intención de “fabricar miedo”.

El bloque independentista se apoya ahora en esa decisión del Tribunal de Cuentas que llega, según Puigdemont, sin contar con las propias alegaciones que se había pedido a los propios interesados. “Ni se las han mirado, con lo que se demuestra que la decisión ya estaba previamente tomada”, ha señalado el presidente catalán.

El independentismo plantea ahora una gran movilización, y para ello caldea el ambiente

La intención es lograr ahora una gran movilización ante el temor de que este mismo miércoles el Gobierno, tras la aprobación en el Parlament de las dos leyes clave, la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica, obstaculice de forma total el 1-O a través de la ley de seguridad, que podría comportar hacerse suyo el propio DOGC, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, además de recursos ante el Tribunal Constitucional para pedir la suspensión en funciones del presidente catalán.

Ante eso, Junts pel Sí y la CUP han convocado un nuevo pleno para este viernes. Se trata de una salida para contar “con todos los instrumentos necesarios”, según fuentes parlamentarias del bloque independentista. Es decir, para ofrecer una respuesta al Gobierno de Mariano Rajoy, que podría pasar por reclamar una trascendente movilización en la calle, y desobedecer todas las medidas judiciales. “Es un asunto sobre la democracia, y queremos ejercer ese derecho con el voto”, insistió Puigdemont, en una exhibición de que el pulso contra el Estado será total.   

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Referéndum 1-O
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