Budó, en una reunión del gobierno catalán. EFE/Toni Albir
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La Generalitat inicia los trámites para presentar un contencioso contra el argumentario de España Global que rebate las tesis independentistas

Barcelona, 03 de septiembre de 2019 (14:10 CET)

Si una de las claves estratégicas en el despliegue del proceso independentista siempre ha radicado en el relato, no es de extrañar que el govern de Quim Torra haga casus belli de la pugna por el mismo, ahora que el Gobierno, y muy especialmente el ministerio de Asuntos Exteriores desde que Josep Borrell se hizo cargo del mismo, se ha lanzado a rebatir las tesis del soberanismo en todas las tribunas posibles. 

Así que era cuestión de tiempo que el ejecutivo catalán anunciara que llevará a los tribunales el documento elaborado por la secretaría de Estado de la España Global a modo de argumentario para cuando los altos cargos del gobierno y el cuerpo diplomático hablen del procés en el extranjero. 

La Generalitat anunció tras la reunión del consejo ejecutivo de este martes dos primeros pasos: uno, enviar al Gobierno un requerimiento previo a la presentación de un recurso contencioso-administrativo, y el otro, poner "los hechos" —es decir, la difusión del argumentario, distribuido también entre corresponsales extranjeros— en conocimiento de la fiscalía "por si pueden ser constitutivos de alguna infracción penal", en palabras de la portavoz del govern, Meritxell Budó.

En qué delitos cree el ejecutivo catalán que podría haber incurrido España Global es una de las preguntas que quedó sin respuesta en la rueda de prensa de la también consellera de Presidencia, que tampoco supo precisar en qué consistirá exactamente el requerimiento. Se limitó a apuntar que los servicios jurídicos de la Generalitat están trabajando en ello.

Budó se limitó a insistir en el mantra desplegado desde la difusión del informe: que vulnera la presunción de inocencia de los dirigentes independentistas encausados en la causa del procés, ahora vista para sentencia. Y añadió un nuevo planteamiento: que socaba la imagen de Cataluña a nivel internacional. 

En todo caso, se trata de un nuevo frente judicial que Torra abre contra el gobierno de Pedro Sánchez, con el que no se ve desde la reunión del 20 de diciembre del año pasado en Pedralbes.

Este mismo lunes, el govern presentó en la Audiencia Nacional el recurso que el vicepresident Pere Aragonès había anunciado hace dos semanas por impago contra el ejecutivo central, al que reclama 1.317 millones pendientes de pago en concepto de devolución del IVA de 2017 y de los anticipos previstos en la ley de financiación autonómica y que corresponden a la mejora de la recaudación de este 2019.

Torra aprueba un techo de gasto de 26.952 millones

Budó insistió en su comparacencia en la importancia que tienen esos anticipos previstos en la ley de financiación autonómica en el paquete de recursos económicos de que dispone el govern, que encara ahora una nueva negociación para intentar aprobar los presupuestos de 2020. 

Este martes, a modo de pistoletazo de salida de ese proceso, el govern acordó fijar en 26.952 millones de euros el techo de gasto no financiero y no finalista de la Generalitat para 2020, una condición necesaria para poder seguir tramitando el borrador de las cuentas. La cifra supone un incremento de 2.510 millones de gasto respecto de los ultimos presupuestos aprobados por el Parlament, los de 2017, y de casi 800 respecto del borrador presupuestario de 2019 que el govern Torra no llegó ni a aprobar para no tener que tramitarlo sin apoyos en la cámara catalana.

El techo aprobado cumple la regla de gasto, que en el caso de la Generalitat, limita al 2,9% el crecimiento del mismo para el año que viene, y ha tomado como referencia el objetivo de déficit vigente, del 0%.

Reuniones de govern sin debates espinosos

En los últimos días, tanto el vicepresident Pere Aragonès como el conseller de Educación, Josep Bargalló, han especulado con los escenarios posibles en caso de no conseguir aprobar las cuentas con el argumento de que no sería viable un tercer año en prórroga presupuestaria. El primero planteó, si se diera el caso, la posibilidad de un adelanto electoral y el segundo, la de presentar en el Parlament una cuestión de confianza.

Pese a ello, y a que Aragonès es el número dos de la Generalitat, aseguró que el el ejecutivo "no contempla la no aprobación del presupuesto", con independencia de que miembros del mismo sí lo hagan a título personal, y recordó que a quien correspondería decidir si convoca elecciones o se somete a la confianza del Parlament es a Torra. 

En todo caso, según la portavoz, en las reuniones del consejo ejecutivo ninguno de esos escenarios se ha puesto sobre la mesa. Ni tampoco, añadió al ser preguntada por la cuestión, la posibilidad de explorar un gobierno de concentración como respuesta a la sentencia, como planteó el sábado el presidente del Parlament, Roger Torrent, también de ERC, o la de volver a investir a Puigdemont, opción con la que el entorno del president replicó a Torrent.

Es decir, que, según Budó, el govern opta en sus reuniones semanales por no despachar ninguna de esas cuestiones peliagudas que le competen y en las que los socios que lo integran mantienen sonoras discrepancias que no se molestan ni en disimular en público.

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