Torra al lado de un enorme lazo amarillo. No se le precesa por este lazo sino por el que mantuvo en los edificios de la Generalitat durante la campaña electoral. /EFE/Marta Pérez

Las enmiendas del gobierno de Sánchez al procés que sublevan a Torra

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El documento difundido por España Global para contrarrestar el relato independentista pone al Govern en pie de guerra contra el ejecutivo de Pedro Sánchez

Iván Vila

Economía Digital

Torra al lado de un enorme lazo amarillo. No se le precesa por este lazo sino por el que mantuvo en los edificios de la Generalitat durante la campaña electoral. /EFE/Marta Pérez

Barcelona, 16 de agosto de 2019 (12:22 CET)

La Generalitat ha reaccionado airada a la difusión del informe elaborado por la secretaría de estado de la España Global para contrarrestar el relato independentista, un documento diseñado a modo de argumentario para ser usado por los responsables del ministerio de Asuntos Exteriores cuando hablen del procés en el extranjero y para ser difundido entre corresponsales de medios internacionales.

El govern de Quim Torra ha anunciado que estudia tomar medidas legales contra el gobierno de Pedro Sánchez por la difusión del documento, cuyo contenido avanzó La Vanguardia y que incluye una cronología, una explicación sobre el juicio que se sigue en el Supremo contra los líderes independentistas, 49 réplicas a consignas independentistas que el ejecutivo español cataloga de "falsedades" y  una batería de respuestas a 23 preguntas que se podrían plantear en el extranjero sobre la situación en Cataluña.

Estas son algunas de las afirmaciones que hace España Global y que más han dolido al independentismo y, en concreto, al ejecutivo de Torra.

La violencia

El documento considera una falsedad afirmar que el movimiento independentista es pacífico, aseveración a la que replica alegando que “como en todos los movimientos, se producen formas de actuar diferentes”, y que, en el caso que nos ocupa, “ha habido sectores que se han radicalizado y se han implicado en actos violentos”, de los que pone como ejemplo “el asedio tumultuario” a la conselleria de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017.

El propio Torra reaccionó  a la difusión del informe con un tuit en el que consideraba “gravísimo” que incluyera esa afirmación. De hecho, este es uno de los puntos en base a los que la Generalitat considera que España Global vulnera la presunción de inocencia, pese a que acto seguido el documento aclara que esos hechos están pendientes de ser juzgados y que, por tanto, "serán los jueces los encargados de valorar si hubo sedición o rebelión”.

El juicio

El documento explica que los enjuiciados “participaron en el desarrollo de un plan que tenía como fin conseguir por la vía de hecho y al margen de la legalidad española la creación de un Estado”; detalla que están procesados por la aprobación de las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017, el asedio a la consellería de Economía, la celebración del 1-O y la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, y desgrana los cinco delitos que se les imputan a los distintos acusados: rebelión, sedición, malversación, desobediencia y organización criminal.

Pese a que en todo momento se insiste en que serán los tribunales los que dirimirán la cuestión, la Generalitat considera que, con la distribución del texto, el gobierno de Sánchez se salta la separación de poderes, insistiendo en una afirmación, la de que en España no existe esa garantía democrática, que el propio documento se encarga también de desactivar, recordando que no hay “ninguna instancia internacional” que cuestione ese punto ni tampoco la imparcialidad de los jueces españoles.

Los presos políticos

España Global niega la condición de presos políticos que el soberanismo concede a los nueve procesados en prisión preventiva. El documento recuerda que esa figura está prevista en todos los países de nuestro entorno y que la decisión sobre la misma corresponde al juez. Además, insiste en que “ningún político catalán ha sido procesado por sus ideas”, sino por la presunta comisión de actos delictivos, afirmación que refuerza recordando que “todos los días, líderes independentistas –como el propio presidente del gobierno catalán- se expresan libremente en los medios”.

Uno de los presos, el exconseller Josep Rull, reaccionó vía Twitter al texto otorgándole la condición de prueba de cargo de todas esas acusaciones que el propio documento rechaza. Para Rull, se trata de un “panfleto impresentable” cuya existencia “acredita descarnadamente que en España no se respeta la presunción de inocencia, se menosprecia la separación de poderes y se persiguen ideas legítimas.

Los heridos del 1-O

Aunque el énfasis para pedir explicaciones -el senador de JxCat Josep Lluís Cleríes ya ha reclamado que la responsable de España  Global, la secretaria de Estado Irene Lozano, comparezca en la comisión de Exteriores del Senado-, lo pone en los anteriores puntos, hay otras afirmaciones que indignan a Torra y los suyos. Sin ir más lejos, el cuestionamiento de la cifra de heridos con la que según el gobierno catalán se saldaron las actuaciones policiales para impedir las votaciones el 1-O.

El texto sugiere que la  cifra se infló al subrayar que el dato de que hubo más de mil heridos proviene de la propia Generalitat y “miembros del movimiento  sececsionista”, que ese día se difundieron fotografías falsas de supuesta violencia y que solo hubo tres personas que tuvieron que ser ingresadas. Eso sí, también añade  que “los excesos policiales son contrarios a la ley” y recuera que hay 33 agentes imputados por su presunto uso excesivo de la fuerza esa jornada, en diversas  causas que dirimirán los juzgados.

El argumentario del procés

España Global no se limita a replicar los argumentos que se han convertido en caballo de batalla habitual del soberanismo desde el 1-O, sino que, en tanto que enmienda a la totalidad del relato independentista, también rebate los que se usaron el lustro anterior para armar el relato secesionista.

Así, se rebate desde aquel “España nos roba” que fue tan recurrente en las fases iniciales del procés hasta la naturaleza de la guerra de sucesión que culminó con la caída de Barcelona en 1714, sin olvidarse de afirmaciones como la supuesta existencia de un derecho de autodeterminación de los pueblos reconocido por la ONU, que en realidad solo lo hace en casso de pueblos oprimidos o colonias, o como aquella que daba por hecho que una Catalunya independendiente seguiría en la Unión Europea. El informe se remite al tratado de Lisboa y concluye que, en base a este, una Cataluña independiente quedaría “automáticamente” fuera de la Unión y debería solicitar su reingreso.

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