Revés a la investigación por malversación en el referéndum del 1-O
El juez sospecha que la Generalitat sustrajo casi 1 millón de euros para sufragar envíos postales el 1-O, pero Unipost sostiene que anuló cinco facturas
La empresa de mensajería Unipost —clave en la investigación por delito de malversación del gobierno de Carles Puigdemont en el referéndum del 1-O— anuló semanas antes de la fatídica votación cinco facturas giradas a la Generalitat. El juez sospecha que el ejecutivo catalán sustrajo un millón de euros de fondos públicos para pagar los servicios de distribución postal de la jornada, pero Unipost lo niega.
La administradora concursal de Unipost da cuenta de la anulación de esas cinco facturas en un informe, al que ha tenido acceso Efe, que ha remitido al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en el marco de la causa en que investiga los preparativos del referéndum.
El magistrado requirió información sobre el concurso voluntario que Unipost presentó el pasado mes de julio —con una deuda cercana a los 50 millones— para averiguar la lista de acreedores de la empresa y determinar si el la Generalitat pagó a la empresa por servicios de distribución postal vinculados al 1-O.
Según sospecha el juez, Unipost facturó 979.661 euros a la Generalitat por repartir cartas certificadas a los componentes de las mesas electorales del 1-O y 5,3 millones de tarjetas censales y, para «simular» la operación, dividió los pagos en cinco facturas giradas a las consellerías de Presidencia, Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales y Cultura, con las que desde 2016 mantenía un contrato marco por servicios de envío postal.
La administradora concursal ha aclarado ahora que esas facturas fueron giradas a la Generalitat el 7 de septiembre del año pasado y, el mismo día, anuladas, con lo que, precisa, «no figuran como cobradas, ni compensadas ni tampoco se han incluido en la relación de créditos de dudoso cobro ni serán objeto de reclamación».
El monto de organizar el 1-O
Esas cinco facturas por servicios postales constituyen una de las principales partidas de los 3,2 millones de euros que el juez sospecha que el gobierno catalán gastó para la organización del referéndum, lo que a su entender podría suponer un delito de malversación de caudales públicos.
En esas estimaciones sobre el dinero público destinado al 1-O se basa también el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para imputar un delito de malversación a Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de exmiembros del gobierno catalán procesados.
En virtud de varios informes de la Guardia Civil, el juez considera que, además de las facturas de Unipost, la Generalitat destinó otro millón de euros a las campañas publicitarias del 1-O, actividades de buzoneo directo, el proyecto para reclutar a voluntarios y los pagos de los observadores internacionales y gastos del Diplocat.
A esas cantidades se añadirían, según el magistrado, 1,2 millones de euros que se gastaron en las obras de reforma de la sede del CTTI, que iba a convertirse en el centro logístico del referéndum de independencia.
Las facturas de Unipost, en cuya sede la Guardia Civil intervino en vísperas del referéndum miles de sobres con notificaciones a los miembros de las mesas del 1-O, motivaron la detención e imputación del exdirector de la compañía Pau Raventós, que en su declaración ante el juez aseguró que no había cobrado ni un euro de la Generalitat por encargos vinculados a la consulta
