Rigau y Ortega culpan a los voluntarios del 9N en su declaración ante el juez

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La resaca electoral

Irene Rigau en su declaración como imputada ante el juez del TSJC. / EFE

en Barcelona, 13 de octubre de 2015 (13:37 CET)

Irene Rigau y Joana Ortega han culpado este martes ante el juez a los voluntarios de la organización del 9N. La consellera de Ensenyament y la ex vicepresidenta del Govern se han desmarcado del simulacro de referendo y han defendido que la consulta fue estrictamente montada por más de 40.000 voluntarios, que también se encargaron de gestionar los centros educativos que acogieron las urnas.

Según fuentes judiciales, Rigau ha declarado en calidad de imputada cerca de una hora ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manel Abril. Se la acusa de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.

No entiende por qué está imputada

La consellera, a quien defienden los abogados Miquel Roca, Jordi Pina y Andres Maluenda -del despacho Molins & Silva-, se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía alegando que no entiende que los fiscales del TSJC consideraran en un informe que no había delito en el 9N y, a los dos días, presentaran la querella por indicación de la Fiscalía General del Estado.

En una breve alocución antes de empezar el interrogatorio, Rigau ha afirmado que no alcanza a comprender que esté imputada por obedecer al mandato del Parlament y escuchar las urnas, y durante su declaración ha insistido en que la consulta alternativa del 9N fue organizada por voluntarios, a diferencia de la original convocada por el Govern y suspendida por el Tribunal Constitucional.

Alega que no recibió advertencia

En su intervención inicial, la consellera ha insistido en que no tiene conciencia de haber desobedecido ninguna orden o indicación del Constitucional, ya que ella personalmente no recibió advertencia alguna en relación con la suspensión de la consulta alternativa.

Además, ha sostenido que, entre el día 4 de noviembre en que el TC suspendió la consulta alternativa y el propio 9N, no firmó ninguna resolución relacionada con la votación, y ha dicho no entender por qué motivos se le imputa un delito de malversación cuando ningún miembro del Govern ni terceros se han enriquecido con el proceso participativo.

"Parar máquinas"

La consellera ha recalcado que, una vez el Constitucional suspendió el decreto en el que Mas convocó la consulta, el Gobierno de la Generalitat decidió "parar máquinas", de forma que toda la organización de la misma quedó exclusivamente en manos de voluntarios y sin colegios electorales propiamente dichos.

En ese momento, ha apuntado, otras fuerzas políticas criticaron a Mas por no seguir adelante con la consulta suspendida, al tiempo que le empujaban a no acatar las órdenes del Constitucional, mientras desde el Estado se emprendía una "caricaturización" del proceso participativo alternativo.

Los profesores pidieron reunirse con  el Departament

Rigau se ha desvinculado también de la reunión que la directora de servicios territoriales mantuvo con directores de institutos que iban a acoger las urnas el 9N y ha asegurado que, en todo caso, ese encuentro se convocó a petición de esa responsable del Departament a raíz de las numerosas llamadas que recibió de profesores que preguntaban cómo debían actuar el día de la consulta.

Según la consellera, que ha insistido en que no pudo dar instrucciones para la convocatoria de la reunión porque ella misma no las recibió, en ese encuentro se remitió a los responsables de institutos a la web "Participa" en la que los voluntarios coordinaban la gestión de los centros educativos.

Los ordenadores, comprados por gasto corriente

Respecto a la directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que aseguró que se sintió presionada para que su centro acogiera la consulta, Rigau ha reconocido que se contactó telefónicamente con ella para preguntarle si iba a entregar las llaves y que, al negarse, se optó por colocar las urnas en otro colegio cercano.

Para Rigau, la prueba evidente de que ella no dio orden alguna en relación a la organización del 9N es que no forzó la apertura de ese instituto de L'Hospitalet, como podría haber hecho al ser de un centro de titularidad pública.

La consellera ha alegado también que los ordenadores que se utilizaron en la votación en los centros educativos fueron adquiridos a cargo de una partida de gasto corriente de Enseñanza, dado que su destino era precisamente determinadas escuelas.

Falta de respuesta del Constitucional

En la línea de defensa que Mas ya apuntó en una entrevista tras su imputación, la consellera ha afirmado que el TC no respondió cuando la Generalitat le pidió que concretase qué actos había suspendido en su resolución del pasado 4 de noviembre, por lo que no se puede hablar de desobediencia a su resolución.

En ese sentido, ha señalado que la Abogacía del Estado no presentó recurso contra la consulta alternativa del 9N hasta días después de que se organizara la votación como un proceso organizado por voluntarios, una demora que, en su opinión, pudo provocar que el TC no llegara a tiempo para responder al requerimiento de concreción del gobierno catalán.

Ortega no tiene conciencia de haber desobedecido

Por su parte, la ex vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega ha alegado también que la organización de la consulta del 9N estaba en manos de voluntarios cuando el Tribunal Constitucional (TC) la suspendió, por lo que no tiene "ninguna conciencia" de haber desobedecido cuando compareció para difundir sus resultados.

Ortega ha asegurado que está "tranquila" con su actuación como vicepresidenta y al frente del Departamento de Governació, porque siempre ha obrado con respeto a la legalidad.

"Acto democrático y pacífico"

Y ha señalado que no es bueno "criminalizar un acto político democrático y pacífico" como el 9N, porque estos asuntos se tienen que "dirimir con diálogo, consenso y con voluntad de pacto".

La ex vicepresidenta del Govern, que como Rigau, se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía, ha expuesto ante el juez que, cuando el TC suspendió la primera consulta, convocada por decreto, ordenó detener todas las actuaciones relacionadas con el 9N.


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