stop

La vicepresidenta del Gobierno califica de “aberrante” lo que prepara el Gobierno de Puigdemont y abre la puerta a aplicar la ley de seguridad

Manel Manchón

Economía Digital

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no quiere excesos para frenar el referéndum del 1-O y confía en el TC y en la ley de seguridad. EFE

Barcelona, 30 de agosto de 2017 (20:13 CET)

“Aberrante”. Ese es el calificativo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a los planes del gobierno que preside Carles Puigdemont sobre el referéndum del 1-O. La vicepresidenta muestra tranquilidad, o pretende hacerlo, y considera que el Estado tiene toda la capacidad para impedirlo. Una posibilidad es que el Tribunal Constitucional ejecute las nuevas competencias atribuidas, y suspenda las funciones del propio Puigdemont, pero también se confía en la ley de seguridad, por la que los Mossos d'Esquadra deberán asumir lo que se les pida desde el Ejecutivo español.

Sáenz de Santamaría intervino este miércoles y aseguró que el Gobierno central recurrirá “de inmediato” las leyes del referéndum y de transitoriedad nacional que Junts pel Sí y la CUP prevén aprobar en el pleno del Parlament del 6 de septiembre. Ese mismo día, además, Puigdemont podría firmar el decreto de convocatoria del 1-O desde su despacho de president en la cámara parlamentaria. Existe la posibilidad, en el último momento, de que Puigdemont se incline por aprobar las dos leyes a través de un decreto ley. El Gobierno también ha previsto ese extremo. Si fuera así, presentaría un recurso ante el Constitucional. En el caso de que se dirima en el Parlament, la opción acordada por Junts pel Sí y la CUP, entonces el Ejecutivo central optará por un incidente de ejecución de sentencia, toda vez que el Constitucional ya advirtió a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de la ilegalidad que podría cometer.

Sáenz de Santamaría insiste en que la respuesta del Gobierno ante las "aberrantes" leyes sería "inmediata"

La vicepresidenta del Gobierno sí quiso dejar claro que la reacción será imediata. “Probablemente ese mismo día tendrán el recurso de inconstitucionalidad, y si no, a la mañana siguiente. No nos cogerá desprevenidos, y si lo hacen por decreto ley, lo mismo”. La advertencia de Sáenz de Santamaría se hizo evidente y plasma las dudas que todavía existen en el seno del bloque independentista. Y es que señaló que “el problema no es la actuación del Govern, sino quién pone la firma en las dos leyes, que son contrarias a la Constitución y a las más elementales normas de la democracia”.

Esa es la cuestión, quien firma. En el caso de que se tramite todo por la vía parlamentaria, la máxima responsable sería la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa del Parlament. También lo serían los portavoces de los grupos parlamentarios que secunden las dos leyes, --aunque pretenden firmarlas todos los diputados de Junts pel Sí y la CUP--. Si se trata de un decreto ley, sería el Govern, y, principalmente, su presidente, Carles Puigdemont, que se involucrará directamente, pase lo que pase, con la firma del decreto de convocatoria, que también firmará el vicepresidente Oriol Junqueras.

El Gobierno lo tiene todo preparado, pero no se quiere precipitar. El primer dique, en lo que más se confía, es en el Tribunal Constitucional, y en las atribuciones ejecutivas que adquirió, bajo el mandato de Mariano Rajoy. En el seno del TC existen diferencias, y, probablemente, esa cuestión forzaría la ruptura de la unanimidad, mantenida hasta este momento en todas las decisiones tomadas sobre el 1-O. Pero no se pone en duda, según fuentes jurídicas, que la intervención, --suspendiendo de funciones a Puigdemont o a Forcadell-- tendría la mayoría suficiente.

La aplicación de la ley de seguridad supondría un gran desgaste para el Gobierno de Rajoy

La otra opción es la ley de seguridad, una vez abandonada la vía del artículo 155 de la Constitución, que Sáenz de Santamaría, a pesar de otros miembros del Ejecutivo, descartó desde el inicio. Con la ley de seguridad, se coordinaran los cuerpos de seguridad, y con ellos los Mossos d'Esquadra, que deben ponerse al servicio directamente del Gobierno central. Eso permitiría al Ejecutivo abortar el referéndum, antes de que llegue el 1-O.

Pero para el Gobierno que preside Mariano Rajoy todo supone un enorme desgaste. El problema que, según fuentes del PP, genera una gran incertidumbre es que Puigdemont no obedezca los requerimientos del Constitucional, y siga adelante en las dos últimas semanas de septiembre, totalmente determinado a poner las urnas el 1-O.

El día D, en el que todos los implicados piensan, es el próximo miércoles, 6 de septiembre. Todo se puede precipitar ese día, en el escenario del Parlament.  

Hemeroteca

Referéndum 1-O
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad