El secretario de Estado de Transporte, Pedro Saura, antes de reunirse con la patronal  que agrupa a Uber, Cabify y otras empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC). /EFE/ Víctor Lerena

La promesa de Sánchez a los taxistas es inconstitucional (según las VTC)

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El decreto ley que el Gobierno promete a los taxistas para que abandonen la huelga no tiene recorrido legal, según advierte un informe legal de los VTC

Economía Digital

El secretario de Estado de Transporte, Pedro Saura, antes de reunirse con la patronal que agrupa a Uber, Cabify y otras empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC). /EFE/ Víctor Lerena

Barcelona, 01 de agosto de 2018 (09:48 CET)

La patronal del sector del alquiler de vehículos con conductor (VTC) ha empezado a defenderse de los ataques del taxi, aunque de forma muy distinta. En concreto, con informes para advertir al Gobierno de Pedro Sánchez de las consecuencias legales de su preacuerdo con las asociaciones del taxi.

En la reunión que mantuvieron el martes con el secretario de Estado de Transporte, Pedro Saura, los representantes de los VTC aportaron el dictamen de un catedrático de derecho administrativo que advierte que el decreto ley, exigido por los taxistas y prometido por el ministerio de Fomento, no tiene recorrido legal porque sería inconstitucional.

Los taxistas exigen que el Ejecutivo apruebe un decreto ley que restringa la actividad de los VTC. Esta es la condición que ponen sobre la mesa para suspender la huelga de taxis que colapsa ciudades como Madrid y Barcelona. Sin embargo, desde las plataformas de VTC se advierte de que no tiene futuro.

El plan del Gobierno para regular los VTC choca con la Constitución, advierte el catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense Santiago Muñoz Machado en el informe que se entregó el martes al secretario de Estado de Transporte y que avanza el diario El Mundo.

Competencias autonómicas

El Gobierno pretende transferir las competencias de los VTC a las comunidades autónomas tal como ha acordado con el sector del taxi. En este sentido, Muñoz Machado señala que tales competencias no figuran en los estatutos de autonomía y que, para traspasarlas, no es suficiente hacerlo a través de las comisiones sectoriales y bilaterales entre el Estado y las autonomías. Se precisa una ley orgánica, que requiere tramitarse en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.

Muñoz Machado recuerda que la legalidad de las licencias de VTC se sustenta en la sentencia del Tribunal Supremo del 13 de noviembre de 2017. Exigir una doble licencia tal como pretendía el Área Metropolitana de Barcelona vulnera la sentencia del Supremo según precisa el catedrático. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió en julio aquella normativa metropolitana.

El catedrático reconoce que no se cumple la relación de un VTC por cada 30 taxis pero niega que se infrinja la ley. Insiste en que la doble licencia que se les quiere imponer vulneraría leyes básicas del ordenamiento jurídico español. Plataformas como Uber y Cabify amagan con un largo conflicto judicial.

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