La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, revela que la directiva de una multinacional le propuso acabar su carrera universitaria "fácilmente".
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La patronal de las VTC acusa a la alcaldesa Ada Colau de plegarse a las presiones del taxi para limitar el sector del alquiler de vehículos con conductor

Economía Digital

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, revela que la directiva de una multinacional le propuso acabar su carrera universitaria "fácilmente".

Barcelona, 31 de julio de 2018 (21:14 CET)

Los taxistas barceloneses lideran la huelga en toda España. No es ninguna casualidad. Se inició en Barcelona y, desde esta ciudad, se expandió a todo el país. El motivo que la desencadenó fue la sentencia judicial que suspendió la normativa del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que preside Ada Colau, para restringir el alquiler de vehículos con conductor (VTC). Colau pretendía con ello atar en corto a Uber y Cabify. Los taxistas ven en estas plataformas a su principal enemigo.

Desde Unauto, la patronal de los VTC, siempre se ha acusado a Colau de plegarse a las presiones del sector del taxi. Consideran que ha dado alas a los taxistas para protestar contra la sentencia judicial. En estas protestas han bloqueado las grandes ciudades españolas.

Como alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB, Colau impulsó una normativa que dejaba a la mayor parte de los VTC del área metropolitana en fuera de juego: se les exigía la tramitación de una licencia especial y se establecía una ratio de un VTC por cada 30 taxis. Esta normativa suponía reducir los 1.363 vehículos de alquiler con conductor a 299, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la tumbó. Después de esta sentencia judicial, los taxistas se declararon en huelga para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que tramite un real decreto con los mismos parámetros de la normativa de Colau.

Colau pasa la responabilidad a Fomento

Colau no se cansa de repetir que la pelota está en el tejado del Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos. No ha pedido a los taxistas que retiren sus vehículos de la Gran Vía y del Paseo de Gracia. Ni siquiera ha criticado el bloqueo de la ciudad. En realidad, las organizaciones de taxistas reclaman que el Gobierno español que aplique la normativa de Colau. Además, exigen que lo haga con celeridad.

El AMB aprobó en junio un reglamento para atar en corto a Uber y Cabify. Se aprobó con los votos de Barcelona en Comú, PSC, Pdecat, ERC y la CUP. Ciudadanos y PP se abstuvieron. El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona publicó su entrada en vigor el 9 de julio y, un día después, este martes, la patronal de los VTC lo impugnó ante el TSJC. La sentencia les da la razón.

La patronal argumentó que tal normativa "infringe las competencias estatales y autonómicas” porque se saltaba al ministerio de Fomento y creaba "perjuicios irreparables", tanto para Uber y Cabify, como a los trabajadores del sector. El reglamento del AMB es el más restrictivo que existe en España para estas plataformas de alquiler de vehículos con conductor.

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