Torres-Dulce ordena, y el Fiscal jefe de Catalunya dimite

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DERECHO A DECIDIR

Rodríguez Sol, en su acto de posesión del cargo, en julio de 2012./EFE/Toni Garriga

05 de marzo de 2013 (23:01 CET)

Un Fiscal jefe de Catalunya, en estos momentos, no puede aparecer como un intérprete de la sociedad catalana, o como el interlocutor de los dirigentes políticos catalanes. Hay demasiado en juego, y Martín Rodríguez Sol no contaba con la firme decisión del Gobierno central de no permitir ningún exceso. Sus palabras, en una entrevista en la que defendía el derecho a decidir, entendiéndolo como la mejor forma para conocer qué desean los catalanes, siempre desde el marco legal, han sido suficientes para obligarlo a dimitir. ¿Le faltó prudencia? ¿Entró en un terreno en el que un Fiscal no debe participar? El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce entendió que sí, y este martes, tras un encuentro en la Fiscalía, en Madrid, le aceptó la dimisión.

No será necesario, por tanto, la reunión del Consejo Fiscal, que se iba a convocar en los próximos días, y en el que se iba a analizar el expediente de remoción abierto por Torres-Dulce.

La voluntad de los ciudadanos

Rodríguez Sol puso su cargo a disposición del Fiscal General y éste le tomó la palabra. A la salida del encuentro, el Fiscal jefe de Catalunya, aseguró que había explicado sus declaraciones. Y que, con su defensa del derecho a decidir, en realidad, quiso invitar a los legisladores a “conocer la voluntad de los ciudadanos”. Pero apuntó que, precisamente, esas manifestaciones sobre la consulta “han sido la causa final de esta situación”, en referencia a las malas relaciones que ya mantenía con Torres-Dulce.

El Fiscal jefe de Catalunya insistió, sin embargo, en que sus declaraciones eran de “respeto al marco legal y una invitación a los encargados de aplicar las leyes de conocer la voluntad de los ciudadanos”.

La campaña del 25N

Pero la decisión estaba tomada. El Fiscal General del Estado, atendiendo a una organización jerárquica, y sin titubeos, ya había perdido la confianza en Rodríguez Sol. En plena campaña electoral del 25N, y tras publicarse unas informaciones en el diario El Mundo, sobre supuestas cuentas suizas del President Artur Mas y del ex president Jordi Pujol, Rodríguez Sol inició la apertura de diligencias contra el rotativo, como consecuencia de un escrito presentado por la Generalitat.

El fiscal resolvió incoar diligencias de investigación por un delito de calumnias. Pero, en cambio, el Fiscal General del Estado no apoyó la decisión, al no compartir ni el contenido ni la forma en que se difundió. Y expresó pública y privadamente su enorme enojo.

¿Debía haberlo hecho, Rodríguez Sol? ¿Se extralimitó? El juez Santiago Vidal aseguró, en el programa Divendres, de TV3, todo lo contrario. “Era su deber, y Rodríguez Sol actuó correctamente”. No lo vio así su superior, Eduardo Torres-Dulce.

Perdida la confianza, sus declaraciones sobre el derecho a decidir, que el Gobierno central desea impedir, con la Constitución en la mano, han llevado, finalmente, a Rodríguez Sol a dejar su cargo.

La ley de consultas, a toda velocidad

Su dimisión se ha producido justo el día en el que el Parlament ha acordado, en una ponencia, activar con celeridad una ley catalana de consultas. Sólo se reunirá una vez más, la próxima semana. CiU y ERC han recuperado un texto de la anterior legislatura, que, con pequeñas modificaciones, será la base de la ley. En la ponencia participan, además de las dos formaciones nacionalistas, el PSC e ICV-EUiA, con la oposición del PP y Ciutadans.

La consulta podría no ser vinculante y la idea es establecer los 16 años como edad mínima para poder participar, recurriendo al padrón municipal y no al censo para votar, ampliando el derecho de voto a los inmigrantes extracomunitarios.
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