Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno. EFE

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Nadia Calviño no está dispuesta a ceder. La vicepresidenta de Asuntos Económicos ha vuelto a hacer un llamamiento para aplazar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Un nuevo cruce de declaraciones que le ha vuelto a colocar frente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha comprometido a elevar los sueldos más bajos de los españoles en 2021.

Calviño ha confrontado por enésima vez la propuesta del bloque de Unidas Podemos y se ha alineado del lado de los empresarios que no quieren oír hablar de cambios salariales hasta que se supere la crisis del coronavirus. “Si no hay acuerdo con los agentes sociales a lo mejor nos dice que hay que tomarse un tiempo”, ha expresado la vicepresidenta en una entrevista en La Sexta.

La responsable de los Asuntos Económicos ha abogado por esperar a que la recuperación esté “enfilada” para abordar la subida del salario mínimo. Un escenario que no se producirá por lo menos hasta bien avanzado el 2021 o incluso 2022. Sin embargo, Yolanda Díaz quiere dejar cerrado el asunto a finales de año para que ya pueda ser efectivo en el próximo curso.

«A nadie se le escapa que es muy distinto tomar una decisión de subida del SMI en un contexto de crecimiento económico que cuando las previsiones apuntan a una caída del PIB de dos dígitos», ha criticado Calviño.

Calviño da un espaldarazo a la patronal

Las negociaciones a tres bandas entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos para modificar el salario mínimo han terminado hasta el momento sin acuerdo. Sin embargo, el equipo de Díaz ha llegado a deslizar la posibilidad de sacar adelante la reforma aunque no tenga el visto bueno de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Calviño se ha negado a pasar por encima de los empresarios y ha emplazado a retrasar la decisión. «No estamos hablando de que se permitan o no las empresas, sino de si debe o no el Gobierno imponer esta decisión sobre empresas que a lo mejor deciden si abren o no el año que viene», ha argumentado.

Díaz recrimina la falta de voluntad de los empresarios

Las declaraciones de la vicepresidenta no han hecho mella en los objetivos de la ministra de Trabajo que aspira a dar cumplimiento a uno compromisos de la legislatura de Unidas Podemos. Yolanda Díaz ha pasado inadvertido el reproche de Calviño y ha mantenido su voluntad de aumentar el salario mínimo. Una medida que repercutirá en cerca de 1,5 millones de trabajadores.  

Su propuesta pasa por aumentar los sueldos más bajos un 0,9%, la misma subida que recogen los Presupuestos Generales del Estado para los pensionistas y los funcionarios públicos. «Si la economía española y las empresas españolas no pueden soportar una subida que no alcanza ni siquiera 9 euros es que estaríamos en un espacio muy grave», ha lamentado la ministra en declaraciones a la Sexta.

Los sindicatos cargan contra Calviño por frenar la reforma salarial

La entrevista de Calviño ha desatado también las críticas entre los sindicatos que forman parte de la mesa de negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha afeado a la vicepresidenta que otorgue “derecho de veto” a la CEOE.

El Gobierno debe promover el diálogo social, no ponerle palos en las ruedas”, ha remarcado en su cuenta oficial de Twitter.

La postura de los sindicatos va todavía más lejos porque no están dispuestos a aceptar una subida descafeinada del salario mínimo que no tenga una consecuencia directa en la economía doméstica de las clases trabajadores. Buscan un incremento de al menos el 5% del salario mínimo que permita superar la barrera de los 1.000 euros mensuales.

A la salida de la última reunión de la mesa de negociación, las organizaciones sindicales recordaron al Gobierno el compromiso que adquirió para fijar el SMI en el 60% del salario medio del país, al concluir la legislatura.

El Salario Mínimo Interprofesional se sitúa actualmente en 950 euros al mes, en catorce pagas, después de subir un 5,5% este año y tras el incremento sin precedentes del 22,3% que se aprobó en 2019, cuando pasó de 736 a 900 euros.

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