La Fiscalía pone en el punto de mira a 24 geriátricos de Cataluña

Madrid es la autonomía con mas geriátricos investigados, puesto que cuenta con la mitad de causas abiertas de las más de 100 en toda España

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La Fiscalía General del Estado ha puesto en el punto de mira a 24 residencias catalanas por la pandemia de coronavirus. Por ahora está analizando las denuncias de particulares antes de decidir cómo continúa con el procedimiento y cómo judicializa la causa si es que impulsa una investigación penal oficial. 

En Cataluña hay 10 causas abiertas en Barcelona, 4 en Sabadell, dos en Mataró, una en Tarragona y una en Manresa. En Madrid hay abiertas 38 diligencias, además de otras zonas como Alcalá de Henares, Getafe y Móstoles. El Ministerio Público ha asegurado en un comunicado que los datos se han recabado autonomía a autonomía.  

«Los archivos decretados hasta el momento responden al carácter prospectivo de las denuncias interpuestas en relación con hechos ocurridos en instalaciones sanitarias y/o centros residenciales de mayores”, explica el texto de la Fiscalía. Además, reconoce la «labor» de la «inmensa mayoría» de las residencias de ancianos y muy especialmente por «sus trabajadores y trabajadoras y el personal encargado de los centros». 

Madrid, a la cabeza

En el conjunto de España, la Fiscalía mantiene abiertas 109 investigaciones penales, de las que la Comunidad de Madrid acapara casi la mitad con 42 casos, frente a los 24 de Cataluña. Tras estas dos regiones, les siguen Castilla-La Mancha (10), Castilla y León (10), Galicia (11), Extremadura (4), Aragón (3), Canarias (2) y Baleares, La Rioja y Cantabria (1).

En algunas comunidades como Murcia y Navarra no se han abierto investigaciones penales mientras que en otras como Andalucía, Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana las que existían se han archivado o sobreseído. La diligencias han aumentado desde la semana pasada cuando el dato total e toda España era de 86, una veintena menos que esta semana.

La Fiscalía ha recopilado “acerca de la situación en las que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, además de mantener el seguimiento de su evolución; de otro, resolver problemas puntuales que requieran la intervención o impulso propios de la labor protectora del Ministerio Fiscal en este ámbito”.

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