El Gobierno acelera la reforma del delito de sedición para facilitar los indultos

Pedro Sánchez busca reducir las penas previstas en el Código Penal para contar con más argumentos ante un recurso judicial contra la medida de gracia

Los ministros de Justicia, Juan Carlos Campo y Hacienda, María Jesús Montoro, conversan en sus escaños durante la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en el Congreso. EFE/ Emilio Naranjo

Los ministros de Justicia, Juan Carlos Campo y Hacienda, María Jesús Montoro, conversan en sus escaños durante la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en el Congreso. EFE/ Emilio Naranjo

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El Gobierno de Pedro Sánchez lleva semanas preparando una reforma para suavizar las penas que se aplican en el delito de sedición. Ahora, baraja dar un impulso a todo el proceso de tramitación parlamentaria para contar con más argumentos a favor en el debate sobre los indultos, que beneficiarán a los doce políticos independentistas presos tras el juicio del ‘procés’.

El Ministerio de Justicia pretende acortar los plazos para la reforma del Código Penal que permitiría reducir las penas que actualmente oscilan entre los 10 y los 15 años de cárcel. El cambio de tipología le serviría como un elemento más con el que defenderse de un posible recurso judicial contra la medida de gracia que los partidos de la oposición ya han anunciado a bombo y platillo, según ha publicado El País.

El delito de sedición actualmente se aplica para aquellas personas que hayan participado en un alzamiento público y tumultuario con el objetivo de impedir por la fuerza la aplicación de las leyes. Es la principal pena a la que han sido condenados los responsables de la declaración unilateral de independencia de 2017, aunque sobre algunos también pesan otros tipos penales como la malversación de fondos públicos para orquestar el referéndum o la desobediencia.

La sentencia del Tribunal Supremo determinó penas de más de 13 años de prisión para algunos de los líderes de la cúpula independentista, a los que libró del delito de rebelión pero sí que aplicó el de sedición. Los magistrados consideraron que la convocatoria del referéndum del 1 de octubre pretendía acabar con las leyes recogidas en la Constitución.

El Gobierno necesitará los apoyos de sus socios para reformar el Código Penal

El Gobierno ya había anunciado hace tiempo su voluntad de modificar este tipo de delitos. La entrada en escena de los indultos le ha llevado ahora a estudiar la posibilidad de llevarlo al Consejo de Ministros en las próximas semanas para que se debata cuanto antes en el Congreso de los Diputados.

Para poder sacarla adelante necesitaría una mayoría absoluta en la cámara, aunque el apoyo decidido de la mayor parte de sus socios parlamentarios a los indultos hace entrever que no tendrá grandes problemas para conseguirlo. Más País, Compromís, Bildu y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se han posicionado a favor de la pena de gracia.

Las formaciones independentistas también han aplaudido los indultos, a pesar de que siguen enrocados en su objetivo de lograr la amnistía para todos sus líderes políticos implicados en el 1 de octubre. El apoyo sobre la sedición se antoja más complicado, ya que la reforma que planea Sánchez reduciría las penas de cárcel pero no acabaría definitivamente con el delito en el Código Penal.

Unidas Podemos lleva presionando al Partido Socialista desde hace meses para que ceda a reformar finalmente el delito de sedición como una contrapartida para asegurarse el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana. La formación morada ya intentó acelerar el proceso cuando se estaban negociando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

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