El Gobierno registra por sorpresa su propuesta para elegir a los jueces sin el PP

El Gobierno de coalición ha registrado este martes la proposición de ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)  a través de los grupos parlamentarios que lo sostienen, y lo ha hecho sin complicidad alguna; ni con la del PP ni con la de sus socios de investidura (ERC, PNV, Más País). Los portavoces parlamentarios de PSOE y Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, se han encargado este martes de registrar en el Congreso la iniciativa.

El líder de Más Madrid, Iñigo Errejón, hizo constar en rueda de prensa que la propuesta de PSOE y Podemos les cogió por sorpresa ya que “nos enteramos por los medios”, insistió. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí que les planteó a sus socios semanas atrás la intención de registrar esta proposición para elegir a una parte del CGPJ, 12 vocales, mediante una mayoría simple.

De esta manera, los socialistas no necesitarían los votos del principal partido de la oposición, sino que bastaría con los socios de investidura. Una reforma que Vox anunció este martes que recurrirá al Tribunal Constitucional tras tildarla de «totalitaria».

Con esta propuesta, el Ejecutivo solo podrá nombrar a una parte del principal órgano de los jueces porque los otros ocho vocales juristas han de ser nombrados por tres quintos del Congreso y del Senado, tal y como señala artículo 122 de la Constitución.

Una modificación exprés

El registro de la iniciativa en el Congreso ha sorprendido a todos los partidos, ya que hasta el momento y según fuentes gubernamentales, lo que Moncloa estudiaba era aprobarla mediante Consejo de Ministros.

Sin embargo, las fuentes consultadas explican que se acortan los plazos si se registra mediante iniciativa parlamentaria, más aún si se acuerda debatirla por procedimiento de lectura única.

El Gobierno de coalición se asegura que la propuesta salga adelante con el apoyo de los socios de investidura y busca evitar los informes consultivos, entre otros, los del propio CGPJ, presidido por Carlos Lesmes, si hubiera aprobado esta iniciativa mediante Consejo de Ministros. 

Tras el veto del Ejecutivo a la asistencia del Rey Felipe VI a Cataluña para la concesión de despachos judiciales, las relaciones entre el Poder Judicial y Moncloa no son las mejores. De hecho y tal y como publicó Economía Digital, en el seno del principal órgano de los jueces no están muy contentos con esta iniciativa y miran con malestar a los tres ministros jueces.

Registran la propuesta por sorpresa

El líder de Más Madrid, Iñigo Errejón, desveló en rueda de prensa que el anuncio cogió por sorpresa a su grupo y advirtió al Ejecutivo de que “sigue estando en minoría” para sacar las propuestas parlamentarias adelante. “Ya le pasó al Gobierno que confiaba en una minoría que se activa con tocar el silbato y se equivocó porque el decreto sobre los ayuntamientos no salió”, advirtió Errejón.

Sin embargo, afirmó que Sánchez les anunció hace semanas la intención del Ejecutivo y desde Más Madrid se muestran constructivos a que salga adelante la norma que aislará al PP. Por su parte, el líder de Compromís, Joan Baldoví, también se mostró sorprendido por su registro este martes asegurando que “estamos de acuerdo de que se arbitren medidas para que un CGPJ caducado siga imponiendo jueces que no deberían en otro caso estar”.

Las amenazas de PSOE y PP 

Las negociaciones para renovar la cúpula judicial entre PSOE y PP estaban hasta hace apenas unos días «paradas pero no rotas”. Pero la iniciativa de PSOE y Podemos en el Congreso modifica las cosas. El Gobierno espera que antes de finalizar el año los dos partidos se hayan puesto de acuerdo para la renovación de los órganos judiciales.

Mientras los socialistas amenazan con modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para buscar a sus socios de investidura y no depender de la oposición, los populares advierten a Sánchez de que llevarán “el control político de la Justicia” a Bruselas y España perderá credibilidad. Entonces, también peligrarán los fondos europeos de reconstrucción.

El PSOE juega con la ‘Kitchen’

En casi todas las negociaciones se dan estrategias de presión para someter al contrario a la propia voluntad. En este caso, urge la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras dos años sin nuevos nombramientos. Según el artículo 112 de la Constitución es necesaria una mayoría de 3/5 de la Cámara para efectuar estos cambios, lo que obliga al Ejecutivo a buscar el acuerdo con los populares aunque no quieran.

Tal y como publicó Economía Digital, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya está desarrollando un borrador para modificar la LOPJ para tratar de eliminar esta mayoría y buscar así la aprobación son los socios de investidura. La supervisa Iván Redondo, jefe de gabinete del presidente y los tres ministros-jueces, Juan Carlos Campo (Justicia), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa).

“O se avienen a negociar o meteremos a jueces progresistas en pleno inicio de la ‘Kitchen’”, comentan fuentes socialistas. El órdago ya está tirado por parte del Gobierno de coalición. Los de Pedro Sánchez dan donde más duele y con la reforma casi en la mano de Calvo invitan a los populares a seguir negociando porque, de lo contrario, podrían elegir magistrados que juzgasen duramente la ‘Operación Kitchen’, que comienza su andadura judicial, contra la anterior cúpula de Génova.

El PP presiona con Europa

Los populares, por su parte, se echan las manos a la cabeza y reclaman la separación de poderes. Los de Pablo Casado amagan con plantear, primeramente, un recurso de inconstitucionalidad. Sus fuentes jurídicas no tienen tan claro que se pueda renombrar a 12 vocales mediante la modificación de la Ley Orgánica y otros ocho se queden sin renovar porque así lo exige la CE. “Sería un Consejo renovado a la mitad. Eso no puede ser”, explican.

El Ejecutivo, en privado y tal como informó Economía Digital, dudan también de que esto se pueda hacer. Sin embargo, mantienen el órdago con la confianza de que antes de Navidades lleguen a un acuerdo. Los populares van enserio y tras el recurso de inconstitucionalidad, el siguiente paso sería llevar “el control político de la Justicia” a Bruselas.

Precisamente, el Parlamento Europeo discute estos días si crear un mecanismo de carácter permanente que vigile la protección de los valores europeos en los Estados miembros. Mientras esto se conforma o no, los populares invocarían directamente el artículo 7 del Tratado de la UE para constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro, en este caso “el Poder Judicial en manos del Gobierno”, explican.

Este artículo es el mismo por el que estos meses la Comisión ha puesto en el foco a Polonia y Hungría por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales en estos países miembro. Los populares explican que por medio de este procedimiento “se daría un toque de atención al gobierno” desde Bruselas pidiéndole que se explique.

Las mismas fuentes señalan que en el último informe de la Comisión Europea ya muestra cierta preocupación por el bloqueo político frente a la renovación de los órganos judiciales y también expresa sus temores entre la relación del Gobierno y la Fiscalía General del Estado, cuyo mando ostenta la ex ministra del PSOE, Dolores Delgado.

La Fiscalía ha de jugar un papel de transparencia y rectitud, de lo contrario la ciudadanía podría tener una mala percepción del funcionamiento de las instituciones democráticas, advierte el informe de la Comisión. Con todo ello, a Sánchez se le podrían sacar los colores desde Europa y los populares lo saben. Algo que enfangaría la credibilidad de España y pondría en peligro la concesión de los fondos de reconstrucción europeos para aliviar la crisis producida por el Covid en nuestro país.

Un juego bastante peligroso que ambos partidos reconocen. Lo cierto es que, tanto uno como otro, se encuentran a la espera de que se desarrollen otros acontecimientos como la presentación de los Presupuestos, el fijar la fecha de la comisión de investigación de la ‘Kitchen’ en el Congreso o el juicio por el ‘caso Dina’ y la posible financiación irregular de Podemos para pillar a su adversario con el pie cambiado y avanzar moviendo ficha hasta cerrar un acuerdo que, según el Gobierno, podría darse antes de que finalice el año. Para eso solo quedan dos meses.