El Gobierno se blinda ante una oleada de recursos de las eléctricas
Sánchez y Ribera se cubren las espaldas ante el recorte de los beneficios a las eléctricas señalando que lo avala la Abogacía y el Consejo de Estado
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta Teresa Ribera
El Gobierno carga contra las eléctricas para intentar abaratar la factura de la luz a costa de aminorar los llamados ‘beneficios caídos del cielo’. El Ejecutivo calcula que recortará en 1.000 millones los beneficios de las grandes eléctricas con el malestar y las críticas que eso conlleva por parte de las energéticas.
Por ello y desde Moncloa ya advierten que, ante una posible oleada de recursos en el Tribunal Supremo, el Gobierno está cubierto por los informes a favor del Consejo de Estado y de la Abogacía del Estado. Pedro Sánchez y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se cubren así las espaldas ante posibles pleitos por parte de las empresas afectadas.
El Consejo de ministros aprobará este martes un anteproyecto de ley que recorta a las grandes empresas de electricidad hasta 1.000 millones, según cifras de Moncloa, que obtienen, supuestamente, las tecnologías más baratas como hidráulicas y nucleares, al ser remuneradas como las más caras por la fijación de precios del mercado español. Una cifra con la que no están de acuerdo desde el sector, que ya apuesta por unas pérdidas de 3.000 millones.
El Ejecutivo efectúa así lo que hasta ahora ningún gobierno se ha atrevido a hacer. Por un lado, el recorte a los ‘beneficios caídos del cielo’ y la aprobación definitiva del Proyecto de Ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que busca reducir una parte de la retribución que reciben actualmente las centrales eléctricas no emisoras de dióxido de carbono (CO2) anteriores a 2005. Las principales empresas afectadas son Endesa, Iberdrola y Naturgy.
Un recorte de mil millones más
Desde el Ejecutivo ya advierten que el trámite de este martes en el Consejo de Ministros será el primero, pero aún quedan más.
Y es que a este recorte de mil millones para las energéticas se podría sumar otro de mil millones más si se implementan medidas a este anteproyecto de ley en su paso por la Cámara Baja y si el precio del dióxido de carbono se duplica, advierten fuentes conocedoras a ED.
Desde el PSOE y Unidas Podemos señalan que a este anteproyecto de ley se sumarán una serie de enmiendas planteadas en el Congreso por los partidos en la que se podría encarecer la factura a las grandes empresas del sector calculando ya un coste de más de 2.000 millones de euros.
Desde la oposición ya critican al Gobierno asegurando que es Pedro Sánchez quien más se beneficia de esta medida. “El Estado ingresa dinero por las subastas de CO2 y el Ejecutivo ya estimaba que este año esos ingresos podrían rondar los 1.000 millones de euros”, critican desde el área económica del Partido Popular.
Hogares vulnerables
Pero a quien también afectará negativamente esta medida es a los hogares que ya eran vulnerables. Los nuevos tramos horarios pueden condicionar y penalizar al consumidor y el cambio de tarifa incluye también a aquellos hogares beneficiarios del bono social.
Los hogares acogidos al bono social triplicaron su número y pasaron de 449.267 a 1.311.662 entre los meses de abril de 2018 y de 2020 (en plena pandemia), según datos facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica.
Los costes de la electricidad dependerán de a qué hora se usa la energía. Para evitar un mayor gasto, el usuario tendrá que adaptar sus hábitos de consumo. Por ejemplo, aquellos electrodomésticos que supongan mayor gasto (hornos, lavadoras, vitrocerámicas, radiadores eléctricos, etc.) deberán usarse durante la noche o el fin de semana.
El tramo de menor coste, llamado “valle”, tendrá lugar entre las doce de la noche y las ocho de la mañana así como durante todo el fin de semana y los festivos. Por su parte, el tramo de mayor coste, llamado “punta”, estará activo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y finalmente el tramo llamado “llano” ocupará las franjas restantes.
Según ha podido saber Economía Digital, desde el Ejecutivo plantearán sufragar una parte de la factura de los hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social con un porcentaje de los ingresos que prevé detraer a nucleares e hidroeléctricas.
