El independentismo se echa a la calle a la espera de Torra

Partidos independentistas, govern y Parlament se limitan a cargar contra el Supremo y delegan la respuesta a la sentencia en la movilización ciudadana

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La reacción a la sentencia del Supremo que condenaba a Oriol Junqueras y otros ocho líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión se ciñó este lunes al guion previsto, el que se ha ido telegrafiando en las últimas semanas: una respuesta contundente en  forma de gran movilización en la calle y una pataleta acompañada de encogimiento de hombros del soberanismo institucional, el de los partidos, el Govern y la mayoría del Parlament. No hubo más sorpresas que la concreción de esa protesta ciudadana, en forma de invasión y colapso del aeropuerto del Prat y de intento de bloqueo del de Barajas, y el hecho de que el president Quim Torra, además de a Pedro Sánchez, le pidiera también una reunión al rey Felipe VI, el mismo al que lleva más de un año considerando poco menos que persona non grata.

Durante meses, el propio Torra se ha estado reuniendo con partidos y entidades en un intento de sintetizar una respuesta consensuada a una sentencia que unos y otros han dado siempre por hecho que sería condenatoria, y durante meses, esos encuentros han resultado infructuosos. Es más, algunos de los interlocutores del president han revelado que en ningún caso este les llegó a poner ninguna propuesta concreta sobre la mesa.

El fin de semana del 31 de agosto y el 1 de septiembre, partidos y entidades celebraron una cumbre independentista en Ginebra de la que tampoco salió ningún acuerdo salvo el de tratar de no seguir despellejándose unos a otros mutuamente, y el de apoyar todos a una nueva entidad, anónima y supuestamente no vinculada a los partidos, que respondía por el nombre de Tsunami Democràtic y que este lunes es quien convocó la protesta en el Prat y organizó la marcha lenta de coches que colapsó también Barajas.

Movilizaciones aparte, la respuesta de partidos e instituciones en manos soberanistas se limitó a desacreditar el juicio, el tribunal, la sentencia y, por extensión, al conjunto del Estado. Sin acuerdo entre los socios que integran su ejecutivo (Junts per Catalunya y ERC) sobre la hoja de ruta a seguir a partir de ahora, Torra compareció arropado por el conjunto de sus consellers, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el expresident Artur Mas, pero se limitó a subir el volumen y la graduación de la habitual retórica en la que está instalado su govern, prometer que el “sacrificio” de los condenados “no será en vano”, reclamar una amnistía y anunciar que horas después pediría cita con Sánchez y con Felipe VI.

Torra, que desde agosto insiste en que la respuesta a la sentencia debería consistir en “recuperar la iniciativa” política y “volver a ejercer los derechos civiles y políticos”, incluído el de autodeterminación, también anunció, eso sí, una convocatoria urgente del consejo ejecutivo este martes, y que ha solicitado su comparecencia en el Parlament.

Torrent y la «ruptura emocional»

Al fin y al cabo, el president siempre ha insistido en que la decisión que se tomara sobre los pasos a seguir tras la sentencia debería avalarla el Parlament, cuyo presidente también compareció este lunes  y, en una declaración conjunta con tres de sus antecesores, Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, definió el momento actual como “uno de los más oscuros” del actual periodo democrático y remarcó una idea que subrayaron ayer también los partidos independentistas y el mismo Carles Puigdemont: que el fallo del Supremo supondrá una «ruptura emocional» de la sociedad catalana respecto del Estado “muy superior” a la que en 2010 generó la sentencia del Estatut, considerada por muchos como la espoleta que desencadenó el procés.

Se trata de un plantamiento que aboga por una reacción a fuego lento, con las condenas como reseteo del argumentario, de cara a convencer a la comunidad internacional y también a los no convencidos de entre la población catalana. De ahí que tanto JxCat como ERC y el propio Puigdemont apelaran no solo al independentismo, sino al conjunto de “los demócratas”, alegando que la sentencia rubrica y solemniza la vulneración sistemática de derechos fundamentales.

Así, y a la espera de si Torra anuncia alguna medida a corto plazo tras la reunión del govern de este martes o en su comparecencia en el Parlament, para la que todavía no hay fecha, queda, para empezar, la calle. La paradoja de esa estrategia de aferrarse desde las instituciones a la «desobediencia civil» la sintetizó el tuit con el que el president daba las gracias ya por la noche a los mismos movilizados a los que había llamado a protestar por la mañana y a los que los Mossos d’Esquadra llevaban todo el día enfrentándose y tratando de contener, cargas y balas de foam incluidas.

Queda la calle y quedan esos planteamientos basados en el cargarse de razones y una apelación a replicar al Supremo en las urnas el próximo 10 de noviembre. El primero que explicitó la voluntad de convertir la sentencia en gasolina electoral para el independentismo en las próximas generales fue el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, que encajó por hacerlo duras críticas desde el independentismo, incluidas las de la opinadora Pilar Rahola, que tachó el mensaje de Rufián de “oportunista” y hasta las de su compañero de grupo parlamentario Gerard Gómez del Moral, que no seguirá siéndolo tras el 10-N porque no vuelve a presentarse y que le criticó en un tuit que acabó borrando.

El segundo en vincular la sentencia a ese  10-N al que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull y Joaquim Forn —incluidos en las listas y ahora condenados— ya no se podrán presentar, fue Puigdemont, que abogó por convertir los comicios de noviembre en “una respuesta masiva y sonora de rechazo” al Supremo. Esta vez, no hubo tuit crítico de Rahola con la propuesta del expresident.

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