El Port y la Generalitat quieren poner fin a las ‘mafias de transportistas’

La Autoritat Portuària de Barcelona (APB) y la Generalitat han reforzado la actuación de las juntas arbitrales para acabar con los problemas con los transportistas en el puerto de Barcelona. Las presiones de las asociaciones de transportistas para conseguir contratos para sus asociados, la mayoría autónomos, son vox populi. A cuatro meses de la inauguración de la nueva terminal de contenedores Moll Prat, ambas instituciones quieren garantizar “la libre concurrencia en la contratación de servicios de transportes”.

Por ello, el presidente de la APB, Sixte Cambra, y el director de Transports i Mobilitat, Ricard Font, han pactado varias medidas para dar “estabilidad y transparencia a las relaciones comerciales”. Según han anunciado en un comunicado, han firmado un acuerdo para incrementar su colaboración.

En primer lugar agilizarán la actuación de las juntas arbitrales ante una reclamación o conflicto. También cooperarán en mejorar la inspección de actividades del transporte. En contrapartida, incrementan las zonas de aparcamientos; agilizarán la entrada y salida de los transportistas en las terminales y en los puntos en los que se hace la carga y la descarga; y reforzarán la formación técnica de los servicios y buenas prácticas empresariales. Aunque, por el momento, no han hecho ninguna normativa o recomendación.

Más de 1.500 vehículos

En la misma nota, la Generalitat y la APB recuerdan que en los últimos años ha incrementado la oferta de operadores terrestres. Ahora los clientes pueden elegir entre una flota de más de 1.500 vehículos de empresas y trabajadores autónomos.

Fuentes conocedoras del día a día del puerto, explican que las asociaciones de transportistas ofrecen precios más económicos por contratar a sus asociados o optan “por otras vías de presión”. Tanto a los empresarios como a los transportistas para que formen parte de una central.