El Tribunal Constitucional, dividido en su votación sobre el estado de alarma

El empate técnico entre los magistrados del pleno posterga el debate sobre si es constitucional usar el estado de alarma para decretar un confinamiento domiciliario

Sánchez no dará explicaciones en el Congreso sobre la crisis de Afganistán y la subida de la luz.

Pedro Sánchez, en una sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados

Recibe nuestra newsletter diaria

O síguenos en nuestro  canal de Whatsapp

Los magistrados del Tribunal Constitucional no han sido capaces de ponerse de acuerdo para decidir si el Gobierno de Pedro Sánchez vulneró la carta magna con la aprobación del primer estado de alarma. Tras dos días de deliberaciones, las votaciones se han estancado con un empate entre los jueces.

Cinco de los magistrados han avalado esta medida para contener la pandemia de coronavirus a partir del mes de marzo de 2020, mientras que otros tantos se han decantado en contra. El empate técnico obligará a celebrar una sesión extraordinaria en la que deberá posicionarse la vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca.

En el bloque que considera que el Gobierno actuó de forma correcta al decretar el confinamiento domiciliario se encuentran los magistrados Maria Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde Pumpido, Juan Jose González Rivas y Andrés Ollero de diferentes perfiles ideológicos.

Los dos primeros ya han mostrado su voto discrepante en otras deliberaciones clave. Fueron los que se desmarcaron en la resolución del Tribunal Constitucional que finalmente tumbó los recursos presentados por los condenados por sedición en el juicio del ‘procés’.

En el otro sector se encuentra el ponente de la proposición Pedro González Trevijano, acompañado de Alfredo Montoya, Santiago Martínez Vares, Ricardo Enríquez y Antonio Narváez. Todos coinciden en que el Gobierno debería haber adoptado un estado de excepción para poner en marcha este tipo de medidas drásticas.

El Constitucional debate si debió utilizarse el estado de excepción

La falta de consenso sobre si se han vulnerado o no los derechos fundamentales de los españoles ha obligado al pleno a abrir un nuevo periodo de reflexión. El ponente podrá ahora modificar su borrador para intentar recabar más apoyos pero, si no lo logra, la decisión recaerá en la vicepresidenta del pleno.

El texto a debatir defiende que el confinamiento domiciliario que entró en vigor el 14 de marzo supuso una suspensión completa de los derechos fundamentales, por lo que se debería haber optado por la declaración de un estado de excepción. El de alarma, argumenta, solo debe servir para limitarlos.

Un vecino de Cádiz permanece en su balcón durante el confinamiento general de la población por el estado de alarma. EFE/Román Ríos

La argumentación no cuestiona si las medidas fueron o no idóneas, sino que se limita a plantear cuál de las herramientas recogidas en la Constitución de 1978 habría sido la correcta para ponerlo en marcha. De hecho, el confinamiento fue una herramienta que se generalizó en los principales países del entorno europeo.

El debate se ha originado a consecuencia de un recurso presentado por Vox que decidió elevar sus críticas contra el estado de alarma ante el Constitucional. La formación apuntó en su escrito a que se había producido una  «clara vulneración de las libertades públicas«

Recibe nuestra newsletter diaria

O síguenos en nuestro  canal de Whatsapp