España se arriesga al colapso de la administración con los fondos europeos

El Gobierno ultima una reorganización interna para poder analizar los proyectos, pero los sindicatos alertan de la “tarea ingente” que se avecina

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, el 14 de enero de 2020. Foto: EFE/EN

Tras aprobar el Real Decreto de los fondos europeos con Vox y Bildu como compañeros de viaje, al Gobierno le queda una misión incluso más complicada por delante: gestionar los 140.000 millones de euros procedentes de Bruselas. Ya no decidir a quién se adjudican las ayudas, sino simplemente hacer frente a la “tarea ingente” que se avecina. El Estado trata de dotar de la estructura suficiente a la administración, pero expertos y funcionarios comparten dudas sobre la capacidad para responder ante el aluvión de burocracia que se avecina.

Históricamente España siempre tuvo problemas a la hora de gastar los distintos paquetes de fondos europeos que se diseñaron en los últimos años. Ya sea por la falta de proyectos verdaderamente innovadores o por el exceso de papeleo requerido, el país no gastó ni la mitad de los fondos disponibles durante el periodo 2014-2020.

De hecho, fue el tercer país de la Unión Europea con menor absorción de ayudas (un 39%). Solamente lo hicieron peor Italia y Croacia. Ahora, la duda se cierne sobre si la administración será capaz de atender en tiempo y forma a los requerimientos.

“El trabajo que se avecina es ingente”, advierten desde el sindicato CSIF

Rápido no será. Para empezar, solo el Ministerio de Industria se puso fecha para comenzar a repartir las ayudas. El ministerio que dirige Reyes Maroto prometió abrir la primera convocatoria en primavera para una inyección que se adjudicaría en septiembre, como pronto. España tiene hasta 2023 para comprometer el 70% de los 140.000 millones.

En el seno de la administración se valoran los esfuerzos del Gobierno por dotarla de recursos, pero no desaparece el manto de escepticismo. Un portavoz del sindicato CSIF explica a Economía Digital que el Estado está inmerso “en un proceso de cambio de procedimientos para agilizar los trámites”. Cada departamento tiene un mes para definir sus planes, por lo que los funcionarios se muestran cautelosos: “todavía es pronto para saber si la tarea nos desbordará, pero el trabajo es ingente”.

El Ministerio para la Transición Ecológica ya contrató a Deloitte

Todavía no se concretaron las medidas, pero se especula con la redistribución y reasignación de personal así como la atribución temporal de funciones relacionadas con los fondos europeos, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial. El Ejecutivo también tiene en mente utilizar funcionarios que acaben de obtener su puesto y la contratación de interinos.

Pero desde el Gobierno asumen que será prácticamente absorber el dinero procedente de Bruselas sin la colaboración privada y se pusieron en manos de firmas especializadas. Como avanzó Economía Digital, el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, contrató a Deloitte para que le asesorase en la captación de proyectos.

“Los fondos no llegarán hasta 2022”

El Gobierno se ha impuesto como misión evitar que se forme un cuello de botella que retrase la adjudicación de los fondos, pero los expertos no son optimistas. “Creo que nos va a matar la burocracia”, lamenta Carlos González, socio de la consultora Grant Thornton. “Quizás no se está siendo lo suficientemente diligente en eliminar trabas como sí se consiguió hacer con los contratos de emergencia durante el estado de alarma”, añade.

El decreto aprobado a finales de enero no satisfizo las expectativas. “Se han ampliado algunos márgenes, cambiado algunas fechas, pero con las exigencias actuales es imposible que se gasten los 140.000 millones”, lamenta.

El directivo asume que la eliminar trabas a la hora de repartir las ayudas europeas no es una tarea exenta de polémica. “Hay que actuar con seguridad jurídica y la simplificación no puede dar facilidades a la corrupción; es un equilibrio complicado”, admite. La falta de control fue la principal crítica que la oposición hizo a Pedro Sánchez a la hora de rechazar dar apoyo al Real Decreto.

“No se pueden repetir errores del pasado y terminar usando el dinero para más estaciones de AVE”, advierte Carlos González, de Grant Thornton

Según el texto, serán la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude los encargados de velar por el buen funcionamiento de la operación.

¿Un pronóstico? “Hasta 2022 el dinero no comenzará a llegar a la economía real; el primer año nos pondremos nerviosos y durante el segundo es cuando se empezará el reparto de fondos”, avisa González ¿Un consejo? “No repetir los errores del pasado y terminar usando el dinero para el dinero, vías de tren y estaciones de AVE”.