Iglesias cuela aspectos de la reforma laboral en su Agenda 2030

El Gobierno ratifica el plan de la Agenda 2030 y desata el malestar de la patronal al incluir medidas que tienen que pactarse en la mesa de diálogo.

El Gobierno se compromete a revisar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aprobar los ERTEs de manera permanente para “proteger el empleo”, a que la contratación indefinida sea la norma y a crear una carta de derechos digitales laborales, entre otros aspectos, incluidos en las directrices de la Agenda 2030 que dirige el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Unas medidas que forman parte de la reforma laboral y que requieren ser pactadas en la mesa de diálogo social, entre el Gobierno, patronal y sindicatos. El líder de Podemos ‘coló’ este martes sus propuestas por la puerta de atrás, es decir, en el prólogo de su Agenda 2030 para que fueran aprobadas en Consejo de Ministros.

El asunto ha vuelto a desatar el malestar en la patronal. Desde CEOE y Cepyme confirman a Economía Digital que todavía no se han sentado a hablar con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y critican que “siempre” se enteran por la prensa de asuntos de calado que afectan profundamente a las negociaciones que en breve comenzarán.

“Hubiera estado mejor incluir los aspectos que se pacten en la mesa de diálogo”, señalan desde CEOE. En la misma línea apuntan desde Cepyme: “Mejor que lo hubieran aprobado (el documento) después de pactar la reforma laboral”.

Tal y como publicó Economía Digital, los empresarios conformaron estas semanas atrás una mesa de diálogo paralela a la del Gobierno para pactar primero aquellos aspectos de la reforma laboral que coinciden con los sindicatos, para que fuera más fácil la negociación posterior con el Ejecutivo.

Revisar el SMI o los ERTEs como medida permanente

Pablo Iglesias apuesta en sus directrices de la Agenda 2030, que desarrollan la estrategia de desarrollo sostenible, por revisar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Una batalla que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no da por perdida tras su enfrentamiento con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

Iglesias sumaría de este modo su apoyo a Díaz y a los sindicatos, que buscan subir el SMI a 975 euros en junio, un incremento ligeramente superior al 2,5%. En el otro frente estarían Calviño; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la patronal e, incluso, el presidente del Gobierno, quien ya ha sugerido en numerosas ocasiones que cualquier avance está vinculado a la evolución de la economía en los próximos meses y que no es momento de presionar a las empresas.

El secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, ya advirtió que para su organización el solo ofrecimiento de un alza del SMI del 0,9% supone “un punto de ruptura” en las negociaciones, que se reanudarán en los próximos días. “El objetivo es un aumento del SMI a 1.000 euros, un incremento del 5% porque así será más fácil alcanzar el objetivo de que el SMI suponga el 60% del salario medio al final de la legislatura”, sostiene UGT.

Unai Sordo (CC.OO.) y José María Álvarez (UGT) en rueda de prensa. Foto: EFE/ Paolo Aguilar

Desde CC.OO. y UGT no descartan mantener activo un calendario de protestas creciente con la intención de presionar para que se produzcan avances tanto en el SMI como en cuestiones cruciales de la reforma laboral ante la eventualidad de que un frenazo en la recuperación pueda llevar a muchas medianas y grandes empresas a plantearse despidos a lo largo del año. Los sindicatos tienen prisa por cerrar esos asuntos en el primer trimestre, con aplicación a más tardar antes del verano, ante lo que pueda suceder en otoño.

De este modo, Iglesias con este documento aprobado en Consejo de Ministros facilita la vuelta a las negociaciones de un asunto, la subida del SMI, que ya se había dejado atrás ante la dificultad de la crisis provocada por el coronavirus y las famosas palabras de Calviño: “No es el momento”.

Otro de los aspectos que Iglesias ha ‘colado’ en su documento y que irrita profundamente a la patronal es el establecimiento de los ERTEs como medida permanente tras la pandemia. Una apuesta reiterada en los discursos del presidente, la cual se está encargando de hacer realidad el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

En la reforma laboral enviada a Bruselas, el Gobierno introdujo el establecimiento de un modelo permanente de ERTE como instrumento de flexibilidad alternativo al ajuste externo del empleo “ante perturbaciones económicas”, reforzando la inversión en formación a través de la creación de un fondo tripartito para costear las prestaciones y la compensación de las cotizaciones sociales.

Los empresarios señalan que cuentan con la promesa del Ejecutivo, en este caso de la ministra Díaz, para bajar la reforma al ‘terreno de juego’, es decir de negociar todos los aspectos en la mesa de diálogo social.

Más allá de la idea general que expone Iglesias, desde la CEOE insisten en que si se liga este modelo a la negociación colectiva, sería difícil de aplicar a las empresas de menor tamaño donde no hay representación sindical. “Es importante detallar también estos aspectos en la mesa de diálogo social”, señalan.

También ratifica la regulación de los alquileres

Las pinceladas de Iglesias aprobadas por el Gobierno este martes han puesto nerviosos a los empresarios, mientras Podemos sigue marcando la agenda de las negociaciones.

El vicepresidente segundo también ha logrado ‘colar’ aspectos sobre los alquileres, cuando se encuentra inmerso en las negociaciones sobre la Ley de Vivienda con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa.EFE/PSOE/Eva Ercolanese.
El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa. Foto: EFE/PSOE/Eva Ercolanese.

El texto aprobado se compromete a poner freno “a las subidas abusivas del alquiler, impulsando las normativas necesarias para ello, entre las que debe incluirse la facultad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de establecer su índice de precios, la habilitación de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler y la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios”.

No se trata por tanto solo de evitar subidas abusivas, sino también de facilitar eventuales bajadas en las zonas especialmente tensionadas. “Dicha cuestión será, tal y como establece el compromiso del Gobierno de España, una de las cuestiones fundamentales de la nueva Ley de Vivienda“, apunta el documento elaborado por Iglesias.

La posición del PSOE en las negociaciones pasa por incentivar la regulación de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda a través de desgravaciones, mientras que la de los morados solicitan hacerlo mediante penalizaciones fiscales. Las negociaciones continúan e Iglesias se adelanta para aprobar sus directrices.