Ayuso denuncia ‘el Gobierno autoritario’ de Sánchez tras el fallo del TC

La presidenta de la Comunidad de Madrid considera que la Justicia le ha dado la razón al fallar en contra del segundo estado de alarma

Isabel Díaz Ayuso una de las parcelas incluidas en el primer lote del Plan Vive para la construcción de viviendas publicas en régimen de alquiler a precio asequible, en Valdebebas, este jueves. EFE/Luca Piergiovanni

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Isabel Díaz Ayuso ha denunciado que España se encuentra «ante Gobierno más autoritario desde la dictadura» tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional en contra del segundo estado de alarma por haberse prorrogado durante seis meses sin el visto bueno de las Cámaras y por haber dejado en manos de las autoridades autonómicas más peso del que debían tener.

«Casi tenemos que dimitir, casi me tengo que ir de la Puerta del Sol por negarme a cerrar Madrid de manera ilegal durante el estado de alarma que impuso el Gobierno de Sánchez», ha subrayado la presidenta de la Comunidad de Madrid este jueves durante un acto sobre el plan VIVE en Valdebebas. 

En este sentido, Isabel Díaz Ayuso ha criticado que el Ejecutivo mintiera sobre la situación epidemiológica de la Comunidad. «Nos estuvieron acorralando para intentar de manera ilegal cerrar la Comunidad a lo que se opuso frontalmente este Gobierno y de no haber sido así, no queremos conocer las consecuencias económicas de esa decisión arbitraria e impositiva», ha recalcado la presidenta.

Asimismo, la dirigente regional ha destacado que tenía razón y que «otra vez la justicia nos lo vuelve a decir», insistiendo que «estamos ante el gobierno más autoritario que hemos conocido en democracia. Desde la dictadura no habíamos vivido algo igual y no podemos acostumbrarnos a esto».

«Desprecian la ley, atacan la justicia, amordazan el Parlamento, con comités de expertos falsos nos han dejado en las desescaladas al final perjudicando directamente a los intereses económicos de las familias y las empresas madrileñas. Ya llevan en dos legislaturas 98 decretos-ley, están gobernando a base de decretazos, dando la espalda a la transparencia«, ha afirmado Ayuso.

Un hombre pasea con su hijo por el Paseo de la Castellana, en Madrid, durante el primer estado de alarma por coronavirus, en mayo de 2020 | EFE/Mariscal/Archivo
Un hombre pasea con su hijo por el Paseo de la Castellana, en Madrid, durante el primer estado de alarma por coronavirus, en mayo de 2020 | EFE/Mariscal/Archivo

Es por ese motivo que la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dudado en denunciar con palabras al Gobierno de coalición pues considera que «esta situación es muy grave».

Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso también ha acusado que «ahora mismo el Comité de Transparencia lleva ya casi 100 incumplimientos que han apercibido a este Gobierno, atacan a la propiedad privada, indultan a golpistas contra el criterio de los jueces, intervienen consejos de las empresas».

La sentencia del Tribunal Constitucional

Los puntos que han llevado al Constitucional a fallar en contra del segundo estado de alarma han sido principalmente la falta de control parlamentario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la cogobernanza permitida para que las comunidades autónomas pudieran decretar los toques de queda y demás limitaciones para frenar la pandemia.

Según el tribunal, la determinación temporal de los seis meses se hizo de «un modo por entero inconsistente con el sentido constitucional que es propio del acto de autorización y sin coherencia alguna, incluso, con las razones que el Gobierno hizo valer para instar la prórroga finalmente concedida».

Por otro lado, la prórroga del estado de alarma fue autorizada cuando las medidas de restricción no iban a ser aplicadas inmediatamente por el Gobierno, ya que se dejaba en manos de las comunidades autónomas, lo que significa que aquella autorización se dio sin saber qué medidas se iban a aplicar para combatir la pandemia.

Es por ello que, la sentencia considera que la designación de las autoridades competentes delegadas se trata de una decisión que contraviene lo dispuesto en la ley orgánica a la que reserva la regulación de los estados de crisis y las competencias y limitaciones correspondientes.



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