JxCat, ERC y CUP exhiben su división en su último dribling al TC

El soberanismo burla al Tribunal Constitucional (TC) a través del derecho a cita: reproduce un entrecomillado vetado por el TC con el aval de los letrados

El Parlament de Cataluña ha vuelto a driblar este martes al Tribunal Constitucional (TC), o a simular que lo hacía. Y lo ha hecho mientras PSOE y ERC se emplazan a llegar a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.

Eso sí, la burla al TC se ha realizado a costa de volver a evidenciar la ya cronificada división entre los partidos independentistas, en este caso de forma más sangrante aún de lo habitual, porque de lo que se trataba precisamente era de aprobar una resolución presentada conjuntamente por Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP que es lo más parecido a una respuesta respuesta institucional unitaria a la sentencia del juicio del procés que el independentismo ha sido capaz de sintetizar.

Esa respuesta que no se ha formalizado hasta 44 días después de que el Tribunal Supremo dictara su fallo. Lo hizo este martes al ser apoyada en el Parlament por los diputados independentistas. Los comunes se abstuvieron, y el PSC y el PP votaron en contra. Cs, por su parte, abandonó se negó a participar de la votación y abandonó el hemiciclo.

La tardía respuesta al Supremo ha tenido una tramitación cuanto menos sinuosa. Cuando se presentó en forma de moció  conjunta, el TC suspendió de forma cautelar una parte de la misma, que finalmente se ha aprobado tras haber sido sustituido ese punto por un ramillete de enmiendas que denuncian precisamente ese veto y que, de paso, reproducen el texto suspendido, pero esta vez solo en forma de cita.

En el texto aprobado, el Parlament rechaza la sentencia del Tribunal Supremo, expresa “su indignación por la misma” y advierte que ejemplifica una “deriva autoritaria del Estado” y que establece “un precedente inaceptable” para converrtir en delito de sedición “todas las formas de protesta”, además de considerar “un escándalo democrático” la condena a 11 años y medio de cárcel para la expresidenta de la cámara Carme Forcadell. Esa es la parte estrictamente de respuesta al Tribunal Supremo (TS).

Pero además de esa protesta contra las condenas de entre 9 y 13 años de cárcel para Oriol Junqueras, Forcadell y otros siete líderes independentistas, en la versión original de la propuesta de resolución conjunta se decía que el Parlament “reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”.

Pulso al TC

Los servicios jurídicos de la cámara advirtieron contra el uso de ese presente de indicativo del verbo reiterar, porque comprotaba que esos pronunciamientos se renovarían con la simple aprobación de ese mismo texto, y el Constitucional ya había apercibido al presidente de la cámara, Roger Torrent, y al resto de la Mesa del Parlament, para que no tramitara mociones que incluyeran consideraciones de esa naturaleza. Pero la mayoría independentista, con Torrent (ERC), al frente, hizo caso omiso.

El TC suspendió a instancias del Gobierno esa parte de la propuesta. Pero aún así, y pese a que la suspensión fue recogida en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC), Torrent insistió en que se tramitaría igualmente. Lo contrario, alegó, sería “dejar entrar la censura en el Parlament”.

Aunque, a la hora de la verdad, tanto JxCat como ERC y la CUP lo que hicieron fue presentar enmiendas al texto con las que, al denunciarla, asumían la retirada de ese punto. Eso sí, lo hicieron por separado, para enfado de Esquerra, que pretendía que el texto fuera enmendado tal y como fue presentado: de forma conjunta.

Las enmiendas aprobadass a instancias de los tres grupos independentistas optan por el mismo artificio, el de reproducir entrecomillado el fragmento vetado por el Constitucional a la hora de referirse a la suspensión del mismo, una fórmula que, a diferencia del redactado original, sí ha sido avalada por los letrados del Parlament.

Pero ni por esas han sido capaces JxCat, ERC y la CUP de ponerse de acuerdo y transaccionarlas en un mismo texto, porque las enmiendas de unos y otros varían a la hora de cargar las tintas contra el TC. Eso sí, a la hora de votar, las tres formaciones han votado a favor de todos los retoques propuestos por unos y otros.

Rosario de enmiendas

Así, la CUP, la más sucinta, presentó un texto que “rechaza” la suspensión y considera que “es contraria a los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad ideológica y participación política”, pero no más allá.

JxCat es la más contundente. En sus enmiendas se acusa al TC de haberse convertido en “un instrumento para dar apariencia de derecho formal a la voluntad de los gobiernos del Estado de silenciar las demandas democráticas de una mayoría de catalanes”; se “denuncia” la suspensión dictada por el alto tribunal, que es catalogada de “censura previa”, y se “rechaza” lo que se considera “reiteradas injerencias” del mismo Constitucional, que limitan “el debate democrático”, “lesionan la autonomía y la inviolabilidad de la cámara” y “atentan contra los derechos de las diputadas y los diputados”.

Además, en la última de las enmiendas de los posconvergentes, el Parlament también condena que la fiscalía haya abierto una investigación para determinar si  los miembros de la Mesa del Parlament, con su política de oidos sordos a las advertencias del TC sobre las mociones sobre la autodeterminación, han incurrido en un delito de desobediencia. En el texto, las diligencias del ministerio público son calificadas de “ilegales”.

ERC no llega a esos extremos, pero también en sus enmiendas, además de “rechazar” la suspensión del TC, se habla de “persecución judicial” contra la Mesa del Parlament, y se considera que esa judicialización constituye “una grave vulneración de la autonomía parlamentaria y de la inviolabilidad” de los diputados.

JxCat y la CUP hacen autocrítica

Todas esas consideraciones salieron adelante porque, pese a las discrepancias que impidieron las enmiendas de unos y otros se fusionaran, la mayoría independentista pasó su rodillo y votó a favor de todas ellas. Luego, Elsa Artadi, de JxCat, y Vidal Aragonés, de la CUP, hicieron autocrítica y admitieron no haber estado “a la altura” de lo que reclamaba “la calle”. No así ERC, cuya portavoz adjunta en el Parlament, Marta Vilalta, se limitó a subrayar que, con la resolución, la cámara catalana dice “no a la sentencia”.

Marta Ribas, de los comunes, advirtió a las fuerzas independentistas que a base de insistir en este tipo de mociones corren el riesgo de “banalizar el derecho de autodeterminación”, mientras que la oposición constitucionalista calibró la maniobra de formas diferentes.

Así, mientras que Lorena Roldán, la líder de Cs, advertía que el partido naranja llevará a la fiscalía la votación, el socialista Ferran Pedret, en modo contemporizador, consideraba la respuesta a la sentencia “una expresión política de disconformidad legítima”, y que incluir en las enmiendas una cita literal de la parte suspendida no equivale a votar esta. Mas duro, Alejandro Fernández, del PP, también consideró que la moción tiene menos de desafío que de simulacro, y la definió como una pieza de “enrevesada ingeniería jurídica para hacer ver que desobedecen sin desobedecer”.