La Generalitat ahoga al Tercer Sector sin 180M€ para la mejora de prestaciones en servicios sociales

Las entidades denuncian que un trabajador de un centro concertado sin ánimo de lucro que forma parte de la red pública cobra un 32% menos que el de uno de gestión directa

Tres señores jubilados en la calle en una imagen de archivo. Foto: EFE.

Otro frente abierto entre la Generalitat y las entidades sociales que gestionan servicios sociales sin ánimo de lucro. La Confederación de Empresarios del Tercer Sector se queja del abandono económico del Govern, y cifran en 180M€ los incrementos de dinero público necesarios para poder mejorar las condiciones de sus servicios.

Un aumento que tan solo representa el 0,4% del presupuesto total de la Generalitat, que no prevé para 2022 ningún incremento de partidas para este tipo de servicios. En un comunicado, la organización lamenta el abandono a una gran cantidad de servicios que complementan la oferta pública a través de financiación vía subvención, contrato o partida presupuestaria.

En concreto, se ven afectados servicios de gente mayor, los servicios de salud mental, los servicios de atención a personas con discapacidad, de centros de atención precoz, servicios de acción social, jóvenes, familias y otros colectivos en situación de riesgo, de servicios de inserción laboral, de servicios de atención domiciliaria, o ejecución penal, entre otros.

«Mismo trabajo, mismo sueldo»

Los 180 millones de euros permitirían a la Generalitat corregir un agravio histórico con las entidades sin ánimo de lucro: equiparar el sueldo y sus condiciones laborales a las que desarrollan los trabajadores públicos que prestan el mismo servicio. «Mismo trabajo, mismo sueldo», defiende Joan Segarra.

«Lo que queremos es que se termine con el agravio comparativo con la función pública, porque al final un psicólogo de un centro concertado hace el mismo trabajo que uno de gestión directa, y merecen la misma retribución», defiende Segarra, que insiste en que todos estos centros forman parte de la red pública, más allá de si son o no concertados.

La Confederación estima que un trabajador del Tercer Sector en un concertado que forma parte de la red pública cobra un 32% menos que uno que da servicio en un centro de gestión directa. «Quiero que quede muy claro, hablamos en todo momento de organizaciones sin ánimo de lucro», matiza Segarra.

Además, ese dinero serviría para corregir la congelación de las tasas que los servicios del sector sufren desde hace años. Por ejemplo, la tarifa en 2009 para apoyo en el hogar dentro del ámbito de la salud mental era de 626,26€, frente a los 500€ de 2022. Una caída que, sumada a la inflación de un 17,5% entre las dos fechas, supone que el Govern invierte un 20,7% menos en 12 años.

Menos dinero y más inflación

«Las demandas para el año 2022 vienen de un agravio histórico que viene sufriendo el sector social desde hace 12 años: una infrafinanciación crónica arrastrada desde los recortes de los años 2010 y 2012 que no se han recuperado. Mientras, hay que tener en cuenta que entre los años 2009 y 2021 el IPC se ha incrementado un 17,5%», denuncia el texto de la Confederación.

Los socialistas ya denunciaron que estos incrementos, que se habían pactado con la Generalitat para 2022, se estaban incumpliendo. El portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Raúl Moreno, ha asegurado que su grupo pretende que se incorpore esta medida: «Queremos que la Generalitat nos diga que se compromete, y que eso será así».

«El sector social ha quedado escondido porque nunca se percibe importante, estamos hablando de unas entidades que nunca se sienten escuchadas», defiende el parlamentario socialista. Moreno explica que es «la Generalitat quien paga una parte, y el resto lo paga la entidad o el usuario, normalmente la entidad que da el servicio».

Sergi Ill