El TSJC tumba la inmersión: Cataluña debe impartir un 25% de clases en castellano

El tribunal reconoce que el español también debe ser lengua vehicular en todos los centros educativos y avala el modelo de 'conjunción lingüística'

Manifestantes de naranja protestan contra la aprobación de la Ley Celaá, que suprime el castellano como lengua vehicular / EFE

Manifestantes de naranja protestan contra la aprobación de la Ley Celaá, antes de su aprobación en el Congreso de los Diputados / EFE

La justicia ha vuelto a dar un nuevo revés al polémico modelo educativo de la inmersión lingüística, que impone que todas las asignaturas salvo las materias lingüísticas –en el caso de Cataluña, castellano e inglés– estén impartidas en catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictaminado que la consellería de Educación tiene la obligación de garantizar un 25% de asignaturas en español en el conjunto de la enseñanza.

La sala declara “la obligación de la Generalitat de Cataluña para adoptar las medidas necesarias para para que se garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza a través del uso vehicular normal de las dos lenguas cooficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”

Sobre el uso hasta ahora del español como lengua vehicular, el TSJC ha reconocido una utilización “residual”, como mínimo, “en una parte significativa de centros y de grupos docentes, de manera que se constata una infracción del marco jurídico vigente”. 

AEB celebra el fallo y recuerda su obligado cumplimiento

El recurso ante el TSJC también pedía que en los impresos de la preinscripción se recogiera el derecho de los padres a que sus hijos pudieran recibir enseñanza en español. Este punto lo ha rechazado el alto tribunal, acogiéndose al principio de no-discriminación por razón de lengua del Estatut y de la Llei d’Educació de Catalunya. ¿El motivo? El tribunal ha considerado que un 25% obligatorio en toda la enseñanza evita ese desamparo por razón de lengua

Desde Asamblea por una Escuela Bilingüe han celebrado la decisión del tribunal, que reconoce la marginación del castellano como lengua de enseñanza de forma institucional e impone el 25% de forma general: “Es el fin de la inmersión, ya no hay excusas, ni el Gobierno de España ni la Generalitat pueden negarse a cumplir con el dictamen del TSJC”. 

La presidenta de la entidad, Ana Losada, ha explicado a Economía Digital que “la discriminación por razón de lengua a los alumnos catalanes existe, y tiene una fecha, fue el inicio de la inmersión. Después de 30 años de mentiras y engaños vemos el final de esta pesadilla. La escuela catalana a partir de ahora deberá respetar los derechos lingüísticos de todos los catalanes y la diversidad lingüística y cultural de Cataluña y el resto de España”.

El TSJC impone como mínimo una materia no-lingüística en español

El fallo se presentó en 2015 de la mano de la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Educación durante el gobierno de Mariano Rajoy, al denunciar la “inactividad de la Generalitat” para desarrollar de forma normativa el bilingüismo en las aulas “en proporción razonable”, así como marginar al español y negarle su derecho de “lengua vehicular normal”. 

La decisión, que petetende “enderezar la actual situación contraria al ordenamiento”, fija que ese 25% no podrá ser nunca inferior para ninguna de las lenguas oficiales de Cataluña. El fallo ha establecido que este 25% se establecerá como mínimo otra “asignatura no lingüística curricular, de carácter troncal o análogo”. En otras palabras, el 25% sería la suma de lengua castellana y otra asignatura como ciencias sociales, matemáticas o tecnología. 

La Generalitat recurrirá y se excusa en la Ley Celaá

Ante la sentencia del Tribunal Supremo, la Generalitat ha anunicado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La consellería que preside Josep Bargalló pretende seguir con la batalla judicial para intentar salvar el modelo lingüístico catalán, pese a que no es el primer revés que recibe en los tribunales, pero sí el más demoledor. 

Pero si hay algo que el Govern espera como agua de mayo es que se apruebe de forma definitiva la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, que suprime la obligatoriedad de que el español también pueda ser lengua de enseñanza en igualdad de condiciones a los idiomas cooficiales. Según la propia Generalitat, la sentencia del TSJC quedará sin efecto cuando se apruebe la nueva norma, a un paso de ser ratificada definitivamente por el Senado.