Catalunya lanza una nueva ley para frenar la fuga de funcionarios hacia el sector privado
La Generalitat impulsa una reforma del empleo público para mejorar la carrera profesional y las condiciones laborales de los funcionarios y frenar su salida al sector privado
La Generalitat impulsa una reforma del empleo público para mejorar la carrera profesional y las condiciones laborales de los funcionarios y frenar su salida al sector privado
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El Govern de la Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha un ambicioso proyecto legislativo con el objetivo de evitar la fuga de funcionarios hacia empresas privadas según Europa Press. Un fenómeno que está afectando a la calidad de los servicios públicos y pone en riesgo la estabilidad del empleo dentro de la administración. El proyecto, bautizado como ley de la ocupación pública, busca modernizar el empleo público y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan para la Generalitat y otras administraciones locales y autonómicas.
La marcha del personal público
Durante los últimos años, diversas administraciones públicas han observado una tendencia creciente de funcionarios que deciden abandonar sus puestos para irse al sector privado, donde a menudo encuentran salarios más altos, horarios más flexibles o mejores incentivos de carrera. Este éxodo, según Europa Press, genera tensiones en servicios esenciales como la educación, la sanidad o la gestión administrativa, donde la falta de personal consolidado puede ralentizar procesos y aumentar cargas de trabajo para quienes se quedan.
Aunque no existen cifras oficiales publicadas recientemente sobre este fenómeno, el propio Govern admite que la competencia del sector privado en materia de retribuciones y flexibilidad laboral está atrayendo a profesionales formados y con experiencia, especialmente en áreas técnicas o administrativas.
¿Qué propone la nueva ley?
La futura ley de la ocupación pública, que se debatirá en el Parlament de Catalunya en las próximas semanas, se concibe como un marco de referencia, según Europa Press, para todas las administraciones de la comunidad autónoma. Su propósito, según la Secretaria de Administració i Funció Pública, es modernizar el empleo público y potenciar la carrera profesional de los funcionarios, algo clave para que estos opten por permanecer dentro de la administración.
Entre las principales medidas se encuentran:
- Carrera profesional horizontal: Permitir que un funcionario acceda a mejoras salariales y de reconocimiento sin necesidad de ascender en rango o cambiar de puesto, reconociendo la experiencia y especialización en su área.
- Tramos de desarrollo profesional: La carrera se estructurará en cuatro niveles con criterios objetivos para el paso de uno a otro.
- Movilidad entre administraciones: Se crearán mecanismos para facilitar el traslado de funcionarios entre distintas administraciones públicas, fomentando la experiencia transversal y la consolidación profesional.
- Unificación de plazas y procesos: Una plataforma digital integrará ofertas de empleo público, sustituciones y vacantes para que los funcionarios puedan acceder con mayor facilidad a oportunidades dentro del sector público.
- Estatut Bàsic del empleado público: Se creará un estatuto específico que regule derechos, deberes y condiciones laborales del personal, con especial atención a la igualdad y la accesibilidad.
Estas reformas pretenden, según el Govern, equiparar en ciertos aspectos las condiciones del empleo público con las prácticas más atractivas del sector privado, sin perder el carácter de servicio público que define a la función pública.
Comparativa con el empleo privado
El debate sobre la competitividad de los puestos públicos frente a los del sector privado no es exclusivo de Catalunya. A nivel global, administraciones públicas han intentado reformar sus estructuras de empleo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según Europa Press, señala que la escasez de talento en sectores clave del empleo, tanto público como privado, está relacionada con condiciones laborales que no siempre se adaptan a las expectativas actuales de los trabajadores.
El Govern confía en que la ley pueda aprobarse este mismo año, según Europa Press, incorporando las observaciones y aportaciones de los grupos parlamentarios y de los agentes sociales. El objetivo declarado por la secretaria de Funció Pública es contar con un texto consensuado, que responda a las necesidades del sector, y que pueda implementarse de manera escalonada para no desarticular los servicios públicos existentes.
En estos momentos, Catalunya apuesta por un modelo de empleo público más flexible y atractivo, con la intención de frenar la salida de funcionarios hacia el ámbito privado, retener talento y garantizar la prestación de servicios públicos de calidad en los próximos años.
