La mayor asociación de jueces sale al paso de los manejos de Marlaska

La Asociación Profesional de la Magistratura lanza un contundente comunicado sobre los "intentos de controlar" al Poder Judicial

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayor agrupación de jueces y magistrados, ha exigido este martes a Fernando Grande-Marlaska que explique los motivos por los que aduce a una “pérdida de confianza” el sorpresivo cese del coronel jefe de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. En su defecto, los jueces piden que el ministro del Interior “asuma públicamente” que sus fundamentos “son ajenos a la instrucción penal en curso”.

En un comunicado con fecha del 26 de mayo, difundido casi al mismo tiempo que Marlaska comparecía en una rueda de prensa en la Moncloa (en la que, pese al escándalo, anunció una subida salarial en el cuerpo policial), la APM también demanda que “se restituya” a Pérez de los Cobos en su puesto, al menos “hasta que finalice la instrucción que se lleva a cabo en el juzgado de instrucción de Madrid o se adopte la decisión oportuna por la Magistrada titular”.

En la citada rueda de prensa, el ministro del Gobierno de Pedro Sánchez ha desvinculado la destitución del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid del informe sobre las manifestaciones del 8M que el instituto armando remitió a un juzgado madrileño que investiga si las concentraciones feministas dispararon los casos de coronavirus en la capital y si el Gobierno, a través de su delegación madrileña, tiene responsabilidad.

La APM recuerda a Marlaska la división de poderes

La APM se hace eco en la nota de la dimisión del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, y dice que la misma “refleja la gravedad de lo ocurrido”, lamentando tener que recordar artículos constitucionales que Marlaska podría estar vulnerando, toda vez que el ahora titular del Interior juró o prometió jurar la Carta Magna “en reiteradas ocasiones a lo largo de su carrera profesional”, primero como juez y magistrado, y luego como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

La asociación se refiere a dos artículos constitucionales, el 117 y el 126, que establecen los principios de la división de poderes y la colaboación de las unidades de policía judicial en la labor judicial.

“La instrucción de las causas penales corresponde exclusivamente a los jueces de instrucción”, advierten los magistrados. Asimismo, recogen la Ley Orgánica 2/1986, que señala que “los funcionarios de las unidades de policía judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta que finalice la misma”.

“La dependencia de los agentes es, desde el punto de vista funcional, exclusiva y excluyente, en el sentido de que, en el ejercicio de sus funciones, únicamente han de responder frente al juez instructor y actuar conforme a sus instrucciones”, afirma la APM, que recuerda que “esa dependencia incluye la reserva sobre las investigaciones encomendadas”. En fin, “introducir una mínima fisura en el sistema es abrir la puerta a la desconfianza y a eventuales intentos de controlar la actuación del Poder Judicial”, reza la nota.

Concluyen los magistrados que no quieren presumir que el despido de Pérez de los Cobos esté relacionado con “otras circunstancias” que las apuntadas por Marlaska sobre una “pérdida de confianza”, porque el escenario alterno “supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el derecho penal”. Por ello, solicitan al ministro que aclare las razones o, en su defecto, que restituya al coronel hasta que finalice la instrucción sobre el 8M.