Las claves de la reforma laboral más esperada

El Gobierno aprueba hoy la reforma laboral más esperada. Con el paro en niveles nunca vistos, y bajo la atenta mirada de Europa y los mercados, la nueva norma se centrará en rebajar el coste del despido, desregular la negociación colectiva para que las empresas puedan descolgarse más fácilmente del convenio sectorial o provincial, suprimir la prórroga automática de los convenios, flexibilizar la jornada en el contrato a tiempo parcial, favorecer el papel de las agencias privadas en la búsqueda de empleo, simplificar el número de contratos y posiblemente en crear alguno nuevo para jóvenes..

Pese a que la discreción es máxima en el Gobierno en las horas previas a la presentación de la norma, los distintos ministros del equipo económico de Mariano Rajoy han ido deslizando detalles a lo largo de los últimos días. Estas declaraciones esporádicas y alguna filtración permiten bosquejar esa estructura básica del contenido del nuevo marco laboral.

Los pilares de la misma y por tanto los temas que han suscitado más debate dentro del Gobierno son la modificación de las reglas de juego actuales de la negociación colectiva, que saltará por encima del reciente acuerdo sobre la materia sellado por patronal y sindicatos, la reducción del coste del despido y las modalidades de contrato. Se generalizará el contrato con 33 días por año de indemnización y, tras un amplio debate, se ha descartado el contrato único, que defendía el ministro de Economía, Luis De Guindos.

Libertad para que las empresas eludan los convenios sectoriales

Siguiendo las pautas de Bruselas, del BCE y del propio programa del Partido Popular, el Ejecutivo quiere dar facilidades plenas para que las empresas puedan desligarse de los convenios sectoriales o territoriales si su situación no permite asumir esos pactos de rango superior. La clave es determinar qué grado de libertad tendrán las compañías para descolgarse de esa norma superior, como por ejemplo, si valdrá con una mera previsión de entrada en pérdidas.

El propio ministro de Economía, el más ambicioso a la hora de liberalizar el mercado laboral, afirmaba este jueves que esta medida es esencial para evitar que, cuando cae la actividad, las empresas se dediquen a echar trabajadores temporales, una situación que afecta de manera especial a los jóvenes.

El otro gran tema de la negociación colectiva es la supresión de la prórroga automática de la parte normativa cuando expira el convenio. Ahora, si no hay acuerdo entre sindicatos y patronal para renovar el texto o para elegir a un árbitro que resuelva las diferencias, el convenio acaba prorrogándose. El Gobierno quiere eliminar ese automatismo, lo que permitiría ajustar todos los aspectos estructurales del convenio a la coyuntura de cada momento.

En cuanto al empleo juvenil, la ministra de empleo, Fátima Bánez, ha avanzado que la reforma permitirá que se pueda usar el 100% de la prestación por desempleo (la conocida como capitalización) para poner en marcha una actividad. Según la ministra, el objetivo es que los jóvenes que están en paro puedan utilizar el dinero de la prestación que les correspondería para poner en marcha negocios por cuenta propia. Hasta ahora, los hombres menores de 30 años y las mujeres de 35 años podrían cobrar hasta el 80% de la prestación a la que tenían derecho para poner en marcha una empresa y establecerse como autónomos.

Respecto al contrato a tiempo parcial indefinido el objetivo es fomentarlo para converger con las tasas de utilización que hay en Europa. Pero la clave es cómo hacerlo. La vía que parece abrirse paso es la de flexibilizar al máximo las horas de este tipo de contratos (las que exceden la jornada firmada) dando más poder al empresario a la hora de decidir sobre éstas, en línea con lo que reclama la CEOE.

Malestar de los agentes sociales

La escasa, sino nula, información facilitado por el Gobierno a los agentes sociales sobre qué medidas contempla la reforma ha generado un gran malestar entre los sindicatos, que no encuentran precedentes de lo que está pasando.

En cuanto a la tramitación de la norma, el Gobierno baraja que los aspectos esenciales de la misma se incluyan en un real decreto ley que estará vigente en cuanto se publique en el BOE. Con posterioridad, será sometido a la convalidación en el Congreso de los Diputados.

Una vez que el real decreto supere la convalidación en el Congreso, será tramitado previsiblemente como proyecto de ley, por el procedimiento de urgencia. Esto quiere decir que los plazos que rigen, habitualmente de dos o tres meses, para que la reforma definitiva vea la luz, se reducirán a la mitad. El objetivo es permitir a empresarios y sindicatos que introduzcan posibles mejoras en los cambios legislativos.