El Gobierno encarga a Delgado la estructura para perseguir crímenes de hace medio siglo

El Gobierno creará la figura del 'fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática' para impulsar la búsqueda de desaparecidos del franquismo

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado./ EFE

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado./ EFE

Como si España no tuviera ya suficientes problemas ni una pandemia fuera el mayor reto para un Gobierno en décadas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido, con la nueva ley de memoria democrática, crear una estructura y dedicar recursos a perseguir crímenes de hace medio siglo o más, con la inmensa mayoría de los culpables desaparecidos.

El Gobierno creará la figura del ‘fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática’ para esclarecer los hechos ocurridos durante el franquismo e investigar violaciones del derecho internacional humanitario ocurridas en la Guerra Civil y la dictadura y hasta la aprobación de la Constitución.

El ejecutivo deja en manos de la exministra del PSOE y fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el nombramiento de este fiscal de sala, cuya figura ya creó discrepancias en el seno del Consejo Fiscal y entre las distintas asociaciones.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el texto definitivo del proyecto de ley de memoria democrática que llevará a las Cortes y que incluye una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dejar claras las nuevas competencias.

A este fiscal de sala también se le atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.

Fuentes gubernamentales no concretaron de qué efectivos dispondrá, si bien el obvio que, si hay que juzgar hechos pasados, necesitará de las estructuras judiciales y probablemente policiales.

La medida divide a los fiscales

Cabe recordar que en 2014, el relator especial de la ONU Pablo De Greiff emitió un informe en el que instaba a España a dejar sin efecto la Ley de Amnistía para investigar los crímenes del franquismo.

El informe del Consejo Fiscal que examinó el texto de la nueva norma defendió el concepto de “justicia restaurativa” como la vía para poder hacerlo, independientemente de la posibilidad de castigar a los culpables.

Sin embargo, hasta cinco fiscales del Consejo, procedentes de la Asociación de Fiscales (AF), Concepción Talón Navarro, Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros, Juan Francisco Ríos Pintado, María Rosario Lacasa Escusol y María Rosa Rubio Ramos, emitieron votos discrepantes tras considerar que este concepto ni siquiera forma parte del ordenamiento jurídico.

Pedro Sánchez y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Foto: EFE

Estos aseguraron que la medida genera “falsas expectativas” en los familiares de las víctimas. Y, finalmente, tuvo que ser el voto de la propia Dolores Delgado, el determinante para que la Fiscalía General del Estado aprobase el texto del Ejecutivo.

Ahora, el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, admite que existen “dificultades y limitaciones”, entre las que citó la irretroactividad y la prescripción, para realizar investigaciones penales y animó a los grupos a presentar enmiendas “para mejorar” el texto de la norma si es necesario. En todo caso, aseguró que “en la mayoría de los casos” lo previsible es que los responsables de los crímenes hayan fallecido.

Fuentes del Gobierno apuntaron más tarde que si estos responsables todavía vivieran, “sería responsabilidad de este fiscal de Sala dilucidar si eleva el caso o no”, señalaron para hacer ver que la responsabilidad le pertenece a la Fiscalía.

Al igual que tampoco dejaron claro desde el Gobierno si se emplearán efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a la hora de realizar estas investigaciones para perseguir crímenes de hace medio siglo. El Gobierno no permitió preguntas de este medio.

Claves de la nueva Ley de Memoria Democrática

  • El Gobierno no prevé demoler la Gran Cruz del Valle de los Caídos. Fuentes gubernamentales explican que la resignificación del Valle será para explicar bien la historia y el significado de la dictadura. Estas mismas fuentes comparan el holocausto judío y la no eliminación del campo de Auschwitz con mantener la Gran Cruz del Valle “para explicar lo que fue el nacionalcatolicismo” y “para que cambie el discurso y la historia franquista por una democrática”.
  • La Ley de Memoria Democrática tiene previsto dar las pautas para transformar el enclave en un cementerio civil y permitirá extinguir la Fundación de la Santa Cruz, dirigida por los monjes benedictinos. Cuando ésta quede extinguida esta fundación y se expulse a los monjes, el Gobierno deberá aprobar un nuevo real decreto que establezca la organización, funcionamiento y el régimen patrimonial de todo el complejo, una norma que el Gobierno tiene previsto negociar con la Iglesia. Aunque mientras ese acuerdo llegue, será Patrimonio Nacional quien tome las riendas de todo el Valle.
  • Exhumar a Primo de Rivera: La norma que el Gobierno prevé aprobar con el apoyo de sus socios de investidura señala que los restos de José Antonio Primo de Rivera, que actualmente se encuentran en el altar mayor de la basílica del Valle, tendrán que dejar de estar en un “lugar preponderante” dentro de ese mausoleo. El ministro Bolaños asegura que hablará con la familia para situar los restos en otro lugar de la basílica o deciden llevárselos.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Foto: EFE
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Foto: EFE
  • Memoria Democrática en las aulas: El Gobierno también ha pensado incluir la ‘memoria democrática’ en las aulas, universidades e incluso como temario de oposiciones. De momento, el Ejecutivo planea incorporar a los contenidos curriculares el conocimiento de la historia y la memoria democráticas, así como la obligación para la Administración General del Estado de promover su conocimiento mediante programas divulgativos. El Gobierno ha modificado el anteproyecto en los puntos relativos a la inclusión de la historia de la democracia en los planes de estudio de manera que, además de en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato, también se estudie memoria democrática en Formación Profesional, además de en la formación inicial y continua del profesorado.
  • Nuevos supuestos para optar a la nacionalidad: Otra novedad es que se establecen dos nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española. Uno de ellos es el de los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y que perdieron la nacionalidad española. Mientras que el otro supuesto, es el de los hijos mayores que se les dio la opción de obtener la nacionalidad en la ley de memoria histórica del año 2007 y que únicamente afectó a los hijos menores: “Ahora abrimos la posibilidad a los hijos mayores de edad”, anunció Bolaños.
  • Consejo Interterritorial y dos fechas conmemorativas: La ley también prevé crear un Consejo Interterritorial de Memoria Democrática para que exista cooperación entre administraciones y un consejo de memoria democrática en el que participarán asociaciones memorialistas. La norma también tiene previsto establecer dos fechas conmemorativas: el 31 de octubre, cuando el Parlamento aprobó la Constitución Española, se convertirá en el Día de las Víctimas de la dictadura, y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, será el Día de las personas exiliadas.
  • Banco de ADN y retirada de símbolos y títulos nobiliarios: El Gobierno también aseguró que se impulsarán las exhumaciones de restos de las víctimas y se habilitará un banco de ADN para facilitar las identificaciones de los desaparecidos. Asimismo, se seguirá procediendo a la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando un régimen sancionador del que carecía la Ley de Memoria Histórica, al tiempo que algunos enclaves podrán ser declarados “lugares de memoria democrática”. Por último. el Gobierno también apuesta por la retirada de honores, títulos nobiliarios, medallas y distinciones que hubieran supuesto “la exaltación de la Guerra Civil o la dictadura”, señalan desde el Ejecutivo.
  • Nulidad de juicios y sanciones: Otra de las claves de la norma tiene que ver con la nulidad de los “juicios represivos del franquismo”. Además la nueva legislación incluye el castigo con multa de los incumplimientos de la norma, que cuenta con cuantías de hasta 140.000 euros para las infracciones más graves, como la destrucción de fosas o el menoscabo a los lugares de memoria democrática.
  • Extinción de la fundaciones: El proyecto del Gobierno finalmente incluye “la disolución de entidades que enaltezcan el franquismo o al dictador o prohibir actos públicos de exaltación del franquismo”, según explican desde el Ejecutivo.

Así, la ley permitirá extinguir las fundaciones que ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan “con menosprecio a las víctimas” del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo. El anteproyecto ya establecía como “contrario al interés general” la “apología del franquismo”, pero, en su informe, el CGPJ alertó de que este concepto “sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas” suponía la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero amparadas por la libertad ideológica y de expresión.

En el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para su tramitación, se especifica que se considerará apología del franquismo “que se ensalce el golpe de Estado y la dictadura o se enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de la víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo”.

El proyecto de ley se enviará a las Cortes para el inicio de su tramitación en el Congreso en el próximo período de sesiones, a partir de septiembre, y durante la cual los grupos parlamentarios podrán proponer más modificaciones.

El ministro de la Presidencia tiene previsto iniciar esta semana una primera ronda de contactos telefónicos con los portavoces parlamentarios en la que presumiblemente abordarán el calendario de tramitación de las principales normas que llegarán al Congreso, como el techo de gasto o los Presupuestos Generales del Estado.