Fracasa la «manifestación virtual» contra la cuota de autónomos

En plena pandemia por el coronavirus la vida de millones de españoles se ha trasladado a internet: teletrabajo, teleformación, telemedicina… y telemanifestaciones.

Es el caso de la iniciativa puesta en marcha a través de Change.org para exigir al gobierno medidas urgentes para millones de trabajadores autónomos. 

La petición ha recibido más de 300.000 «firmas» en menos de una semana, casi 65.000 en sus primeras 48 horas. Una cantidad teórica de individuos que, puestos en la calle, supondría una convocatoria respetable. Incluso aunque solo representarían al 10% de los autónomos.

Pero esta «manifestación virtual» en Change.org no ha tenido ningún impacto: «del gobierno esperábamos oír [ayer 17 de marzo] medidas concretas y rotundas de cómo iban a ayudarnos pero apenas nos ha nombrado,» se lamentan desde la página de la iniciativa.

El «fracaso» de la petición iniciada desde Change.org demuestra una vez más la capacidad limitada, incluso inexistente, que tiene en la práctica la plataforma Change.org. Especialmente cuando se trata de influir en temas que van más allá de influir social o reputacionalmente, para bien o para mal, a una persona o marca, sea por el volumen de «firmas» o por la viralidad de la petición.

Y aunque desde la plataforma aseguran tener la misión de «empoderar a todas las personas para que puedan generar los cambios que quieran ver» en la práctica Change.org es más un «manifestódromo» o desahogadero virtual sin mayores capacidades y para beneficio económico de la compañía Charge.org. 

Peticiones sin validez legal y fuera del circuito democrático

Change.org es básicamente una plataforma para la «presión social», y las peticiones lanzadas desde allí no tiene ninguna validez legal. Esto empezando porque tanto la creación de las peticiones como las votaciones en Change.org se realizan de forma anónima: cualquier petición abierta en Change.org —por cualquier persona no identificada— se puede votar dando únicamente una dirección de email.

Esto no impide que —por ejemplo— una misma persona «firme» tantas veces como quiera una o varias peticiones utilizando diferentes cuentas de correo. Y las direcciones de email se pueden abrir gratuitamente en internet.

De hecho en Change.org ni siquiera existe la opción de identificarse enviando copia del DNI o mediante firma electrónica, certificados digitales o DNI electrónico, por lo que en ningún caso Change.org reemplaza, siquiera complementa, los mecanismos de participación previstos por la Constitución, como la iniciativa legislativa popular. 

Una empresa privada con ánimo de lucro

Las iniciativas legislativas populares —previstas y amparadas por la Constitución española— deben seguir unos procedimientos, plazos y trámites establecidos. Y, a diferencia de lo que sucede en Change.org, los firmantes deben estar debidamente identificados con su DNI y firma o, desde 2006, mediante firma electrónica o DNI electrónico.

La misma existencia de Change.org no está exenta de polémica, que comienza por el uso de la extensión «.org» en su dominio cuando realmente se trata de una empresa privada con sede en EEUU y sin encaje directo en la participación democrática de ningún país.

Incluso en Charge.org hay peticiones para cerrar Charge.org y que la compañía «deje de lucrarse con tus esperanzas.»

«El servicio es gratuito, y con un nombre como Change.org la compañía incluso suena como una organización sin ánimo de lucro. Pero no lo es. Fundada en 2007, Change.org pasó buena parte de sus inicios buscando un modelo de negocio rentable,» decían en Forbes; por ejemplo, con el cobro a grupos y ONG «por el privilegio de patrocinar peticiones de usuarios con intereses similares.»

Si bien la petición de Change.org coincide con la petición que lanzan desde la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) —que se suspendan las cuotas y cotizaciones durante dos meses o más si el estado de alarma se prorroga— Change.org tiene el peligroso potencial de provocar una mayor frustración entre quienes creen «firmar directamente» la petición, debido a la apariencia de que Change.org es un mecanismo válido de participación democrática —cuando no lo es— que un gobierno, cualquiera, debería tener en cuenta.

Así que por ahora, y a pesar del supuesto «éxito» de la petición en Change.org, «los autónomos seguiremos pagando la cuota mensual mientras dure la crisis del coronavirus,» reconocen los impulsores de la petición.