Inmobilia II: el Gobierno valenciano denuncia los desequilibrios en la aportación del Plan de Vivienda
Vivienda critica que el nuevo plan eleva del 30% al 40% la aportación autonómica y advierte de que llega tarde, sin consenso y sin medidas fiscales para abaratar la vivienda
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en el II Foro Inmobilia de Economía Digital. (Foto: Kike Taberner)
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La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha denunciado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 obliga a la Comunitat Valenciana a multiplicar por 4,4 su aportación presupuestaria, al elevar del 30% al 40% el esfuerzo de financiación que deben asumir las autonomías. “El Gobierno llega tarde, con imposiciones ideológicas y sin consenso con las autonomías”, han añadido desde la Conselleria de Vivienda, que critican que el Ejecutivo central “presume de inversión, pero traslada el coste a las autonomías”.
Camarero ha lanzado este mensaje durante la clausura del II Foro Inmobilia de Economía Digital, celebrado este lunes bajo el lema ‘Impulsar la vivienda que la Comunidad Valenciana necesita’ y con la colaboración de la Generalitat Valenciana, Cámara Valencia y Caixa Ontinyent.
La jornada, inaugurada por el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha abordado la rentabilidad y atracción de capital hacia el mercado inmobiliario y las claves para desarrollar promociones de viviendas, con la participación de representantes de Caixa Ontinyent, Avanza Urbana, Atitlan Desarrollos Inmobiliarios, Iberdrola, Tesela, Vestel Ingeniería, Cámara Valencia y la Generalitat Valenciana.
La titular de Vivienda ha cargado contra el nuevo plan estatal al considerar que desplaza el peso económico hacia las comunidades autónomas: “No vamos a perder un euro de dinero del Gobierno para vivienda, aunque ello suponga que tengamos que hacer un esfuerzo enorme en nuestros presupuestos para poner el 40% que nos corresponde”, ha afirmado Camarero, que ha censurado que el PEV 2026-2030 implica “trasladar el mayor esfuerzo económico a las autonomías”. “El Gobierno anuncia millones para la vivienda pero en realidad los millones los ponemos las comunidades autónomas”, ha añadido.
Según los cálculos de la Conselleria, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla para la Comunitat Valenciana 798 millones de euros durante los próximos cinco años, frente a los 240 millones del plan anterior, correspondiente al periodo 2022-2025. El Estado pasaría de aportar 168 millones en cuatro años a 480 millones en cinco años, lo que supone un incremento de 312 millones. Sin embargo, la aportación autonómica se elevaría de 72 millones a 319 millones, es decir, más de 247 millones adicionales.
“Anuncian 7.000 millones, pero obligan a las comunidades a asumir el mayor esfuerzo presupuestario”, sostienen desde el departamento que dirige Camarero, a la vez que remarcan que “la Comunitat Valenciana multiplica por más de cuatro su aportación, mientras el Gobierno apenas duplica la suya”. En concreto, la Conselleria subraya que la Generalitat pasa de financiar el 30% al 40% del plan, mientras que el Estado reduce su peso del 70% al 60%.
Para Vivienda, este reparto demuestra que el incremento global del plan se financia “prácticamente al 50%” entre el Gobierno y las comunidades autónomas. “Mientras la Comunitat Valenciana cuadruplica el incremento, el Estado apenas duplica su aportación”, insisten desde Vivienda, a la vez que califican el diseño del plan como una “injusticia” financiera para las autonomías.
Un plan de Vivienda «sin consenso»
Camarero también ha advertido en su discurso de que el nuevo plan “llega tarde, sin consenso”, aunque ha asegurado que eso “no va a impedir que desde la Generalitat Valenciana sigamos gestionando con responsabilidad y rigor el desafío en el que se ha convertido la política de vivienda”. La vicepresidenta ha señalado que el Gobierno obliga a las autonomías a “multiplicar por más de cuatro el esfuerzo inversor para poder mantener ayudas al alquiler, programas para jóvenes y nuevas promociones de vivienda protegida”.
Desde la Conselleria alertan, además, de que los retrasos en la aprobación del plan pueden afectar directamente a las ayudas. “Llega tarde y pone en riesgo las ayudas a más de 15.000 familias y jóvenes que el año pasado se beneficiaron de ayudas”, advierten las mismas fuentes, que lamentan unos “meses perdidos que se traducen en ayudas bloqueadas y más dificultad para acceder a la vivienda”.
La crítica de la Generalitat no se limita al reparto económico. Vivienda reprocha al Ejecutivo central que el plan “no incluye medidas para abaratar la vivienda” y que no contemple “ni reducción del IVA, ni incentivos fiscales a la compra, ni amplía la ayuda a la compra para jóvenes en municipios de más de 10.000 habitantes”, tal y como había solicitado la Comunitat Valenciana. También censura que el documento “ni contempla financiación para la adquisición de suelo destinado a VPP”.
“Más burocracia y menos soluciones para los ciudadanos”, resumen desde la Conselleria, que enmarca el plan dentro de una estrategia de “imposición ideológica”. “Un plan ideológico impuesto sin diálogo ni acuerdo”, señalan estas desde el departamento de Camarero, que critican que el Gobierno apuesta por “más intervención y menos libertad para que las autonomías adapten las soluciones a su realidad”. “El Gobierno impone su modelo sin contar con quienes tienen la competencia en vivienda”, añaden.
Los resultados del Plan Vive, hasta ahora
Durante su intervención en Inmobilia, Camarero ha contrapuesto esta estrategia con la política de vivienda del Gobierno valenciano, centrada, según ha defendido, en “más oferta, más agilidad y más colaboración”. La vicepresidenta ha destacado que el Plan Vive Comunitat Valenciana nace con una “meta ambiciosa y realista”: impulsar más de 10.000 viviendas de protección pública durante esta legislatura, desde la convicción de que “la colaboración público-privada es imprescindible para responder a este reto”.
Según ha detallado, el Plan Vive ha impulsado ya “cerca de 4.800 viviendas de protección pública” y, si se suma la promoción privada activada por el nuevo marco normativo, la cifra se eleva a “más de 6.000 viviendas de protección pública movilizadas”. Camarero también ha señalado que 320 municipios se han adherido al plan y que existen “más de 200 parcelas en estudio o desarrollo”. “Frente a las cero viviendas del Botànic, 4.800. Frente a la inacción, reacción”, ha afirmado.
La vicepresidenta ha insistido en que “esa oferta no será posible sin suelo” y ha defendido el trabajo con los ayuntamientos para “generar más suelo disponible y acelerar la construcción de vivienda asequible”. En este sentido, ha citado los Proyectos de Reconstrucción Local y los Planes de Interés Habitacional, con los que la Generalitat busca obtener nuevas bolsas de suelo que permitirían la construcción de “cerca de 120.000 nuevas viviendas en suelo dotacional municipal” para “acabar con la emergencia habitacional en la Comunitat Valenciana”.
Camarero también ha reivindicado las medidas fiscales impulsadas por el Consell para facilitar el acceso a la compra. En concreto, ha recordado la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales del 8% al 6% para jóvenes menores de 35 años, con tipos aún más reducidos para determinados colectivos. Según la puntualización trasladada por el gabinete de la vicepresidenta, esta rebaja ha beneficiado a casi 29.000 declaraciones de jóvenes menores de 35 años y colectivos vulnerables, con un ahorro medio de 1.482 euros para la compra de su primera vivienda.
Asimismo, la consellera ha subrayado el refuerzo de la línea de avales del IVF. “Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2024, alrededor de 4.000 jóvenes se han beneficiado de este programa de garantías, más de 1.300 solo en el primer cuatrimestre de 2026”, ha afirmado. “Mejorar la fiscalidad y ayudar a acceder a la primera vivienda a los más jóvenes también es construir futuro”, ha defendido.
La vicepresidenta ha concluido que el diagnóstico expuesto durante la jornada coincide con el del Ejecutivo valenciano. “Se ha hablado de la necesidad de desbloquear suelo, de acelerar procesos, de fomentar la promoción y de ofrecer certidumbre. Ese diagnóstico es exactamente el que compartimos”, ha señalado. Para Camarero, el problema de la vivienda “no puede seguir abordándose como si fuera exclusivamente una cuestión ideológica”, sino que es “sobre todo, una cuestión de oferta”.
