Rodríguez amenaza a las CCAA con anular los fondos de vivienda si no le invitan a las inauguraciones
Susana Camarero, consellera valenciana de Vivienda, asegura que a la ministra "le importa más salir en la foto que cuántas viviendas se construyen en la Comunitat Valenciana"
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la presentación del Plan Estatal de Vivienda
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Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha amenazado a las comunidades autónomas con la retirada de los fondos de vivienda si no se le avisa de cualquier acto relacionado con el plan estatal de Vivienda 2026-2030 con 30 días de antelación para que pueda estar ella en la foto.
La condición queda definida en el artículo 153 del documento de plan estatal. Se indica: «Las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla no podrán realizar inauguraciones, presentaciones públicas, actos de puesta de primera piedra o similares, de obras o actuaciones financiadas con los fondos del Plan, sin la presencia o autorización del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana».
Las condiciones son: «A tal efecto deberán comunicar al Ministerio, de forma fehaciente y con una antelación mínima de treinta días, la realización de la inauguración, presentación pública o acto de que se trate».
Y la sanción prevista es: «En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de este artículo, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana podrá suspender total o parcialmente las transferencias de fondos del Plan a la correspondiente comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla».
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, afirmó: «Esto demuestra que a la ministra le importa más salir en la foto que cuántas viviendas se construyen en la Comunitat Valenciana”. Un hecho que, en palabras de la vicepresidenta, “crea inseguridad jurídica y resulta un absurdo cuando hablamos de una de las políticas prioritarias, como es el acceso a la vivienda”.
Y añade: «Desde la Generalitat Valenciana consideramos que este mecanismo debe ser objeto de una revisión profunda. En primer lugar, porque , si la situación se produce al contrario no se indica nada, es decir el Ministerio puede hacer lo que quiera aun cofinanciando las comunidades autónomas las actuaciones». Camarero sostiene que el protocolo es «un elemento que nada tiene que ver con la finalidad del plan» y que, por tanto, «no puede condicionar la política de vivienda».
Según ha explicado el Gobierno, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 movilizará una inversión de 7.000 millones de euros. «Triplicamos los fondos del anterior plan para alcanzar un parque público de vivienda con volumen y capacidad suficientes para condicionar el mercado a base de viviendas asequibles y protegidas para siempre», afirman.
El plan, según el Gobierno, «eleva el modelo de corresponsabilidad entre los distintos niveles de la Administración Pública. El 60% de esa inversión procede del Gobierno de España, mientras que el 40% restante corresponde a la aportación de las comunidades autónomas». En el anterior, la proporción era 70-30, por lo que el Gobierno ha reducido su implicación en la vivienda.
La vicepresidenta primera y consejera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha exigido al Gobierno de España «más responsabilidad, más diálogo y menos imposiciones ideológicas» para afrontar el problema de acceso a la vivienda y ha reclamado que las políticas públicas «se centran en dar soluciones reales a los ciudadanos y no en imponer modelos sectarios.
Susana Camarero ha avanzado que la Generalitat estudia la posible presentación de un recurso contra el Plan estatal de vivienda tras las objeciones planteadas por el Consejo de Estado, que cuestiona la invasión de competencias autonómicas y las «imposiciones incluidas en el texto, como la regulación de la calificación permanente de la vivienda protegida o cláusulas que subordinan la gestión y ejecución».
En el caso de la Comunitat Valenciana, el nuevo plan prevé unos 798 millones de euros para los próximos cinco años, frente a los 240 millones del plan anterior. No obstante, Camarero ha subrayado que «la Comunitat Valenciana debe multiplicar por más de cuatro su esfuerzo presupuestario mientras el Estado apenas multiplica por dos su aportación».
Así, el Estado pasa de aportar 168 millones a unos 480 millones, mientras que la Comunitat Valenciana pasa de 72 millones a 319 millones de euros. «La aportación está prácticamente igualada cuando el presupuesto del Estado es 19 veces mayor que el de la Comunitat, una tierra que, además, está históricamente infrafinanciada y ha tenido que afrontar una emergencia residencial sin precedentes derivada de la dana de 2024″, ha aseverado.
