Catalá, Bernabé y los empresarios del Puerto del Valencia quitan a Mar Chao la presión para dimitir
La delegada del Gobierno dice que ha pedido información en el consejo del Puerto de Valencia sobre la investigación de anticorrupción y Maria José Catalá y Puertos del Estado lo desmienten
AMP terminals Valencia
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Mar Chao entró ayer al consejo del Puerto de Valencia con una idea clara: no va a dimitir. «Obviamente, no», contestó entre la nube de periodistas que se forma cuando se barruntan ceses. Terminó la reunión del consejo de administración y cualquier atisbo de dimisión quedó difuminado. Los miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia no están por la labor de ello aunque en los alrededores de las oficinas centrales del Puerto de Valencia se sigue preguntando incesantemente si llegará la decisión de su cese.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre supuestas colocaciones a dedo de personal es la última gran polémica de Mar Chao que esta vez ha salpicado directamente a Maria José Catalá. La alcaldesa considera que el caso no prosperará. Los empresarios que forman parte del consejo de administración del Puerto de Valencia dan por válidas las explicaciones de Mar Chao y reducen la presión. «No hay problema», aseguran.
Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, se borra de los asuntos portuarios y sólo comparece tras sus consejos para la crítica política a la alcaldía de Valencia, el puesto que anhela. Tampoco metió presión para la dimisión de Mar Chao (la denuncia en la Fiscalía nace de Compromís, el rival con el que pugna por liderar la oposición).
Maria José Catalá afrontó ayer la investigación de Anticorrupción con tres ideas. La primera es el previsible «estamos en un disposición absolutamente de colaboración con la Fiscalía porque estamos, desde luego, muy tranquilos por la gestión realizada por el Ayuntamiento de Valencia y yo creo que la presidente de la Autoridad Portuaria también».
De hecho, no sólo no cargó contra Mar Chao sino que lo hizo contra su predecesor, ya que lo que investiga Anticorrupción es una derivada de la liquidación del consorcio. Catalá recordó: «Yo llegué en junio del 23 y el plazo para liquidación del consorcio era diciembre del año 2023 y no había absolutamente nada hecho. Por tanto, es una negligencia absoluta del anterior equipo de gobierno, tanto de la autoridad portuaria como del Ayuntamiento de Valencia. Hicimos todo el esfuerzo posible por hacer esa liquidación del consorcio».
La tercera idea que trasladó fue para desmentir a Pilar Bernabé. La delegada del Gobierno rehusó con tibieza contestar sobre si Mar Chao debía dimitir y dijo en su lugar que había pedido información adicional sobre el caso. Se le repreguntó y volvió a insistir en que ella pedía información. Maria José Catalá afirmó: «La Delegada del Gobierno no ha pedido nada en el Consejo de Administración, no ha hecho ninguna solicitud, ni ha hecho ninguna intervención al respecto. Tampoco le ha solicitado en forma privada hoy a la Presidenta absolutamente nada».
Al margen del cruce de acusaciones desde partidos contrarios en los que se contradigan, fuentes consultadas por Economía Digital aseguran que Puertos del Estado, que depende del Gobierno de España y que estuvo ayer presente en toda la reunión del consejo de administración de la APV, confirma que Pilar Bernabé no dijo nada sobre la investigación ni sobre la petición de información.
De hecho, la comparecencia pública de Pilar Bernabé tras el consejo de administración, que en presidencias anteriores era un espacio para hablar del Puerto y ahora se ha convertido en campo de batalla de precampaña electoral a las municipales, versó en parte sobre el problema de la vivienda. «El Partido Popular cuando llega al gobierno en la Comunidad Valenciana lo primero que hace es cambiar la ley, modificar la ley para hacer de la vivienda un negocio. Y hoy hay más de una decena de personas imputadas por una jueza en un caso de corrupción ligado a un derecho que es la vivienda», dijo Bernabé.
Desde el edificio del Reloj donde se deciden los temas portuarios y en relación a la política de vivienda, Pilar Bernabé recurrió al genérico «en las próximas fechas» como método de concreción sobre el plan anunciado hace más de una año de hacer la ciudad industrializada de la construcción en los terrenos de la ZAL, cuestión que es incompatible con el ordenamiento urbano.
Después del declarar que había pedido información sobre la investigación de Anticorrupción, sobre la ciudad de la vivienda industrializada afirmó: «Están trabajando con las universidades, con la Universidad de Valencia y con la Universidad Politécnica para poner en marcha todos los trabajos previos y poder sacarla adelante cuanto antes, pero contando con el tejido académico y el talento también valenciano para que puedan aportar en este sentido».
Inversión de APM
Al margen de los casos polémicos que rodean sistemáticamente a Mar Chao y a la pugna electoral municipal en la que se han convertido los momentos posteriores a los consejos de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia en los que la Generalitat de Pérez Llorca ha renunciado captitanear mensajes, el órgano de administración del Puerto de Valencia aprobó una inversión de APM que la propia empresa se tuvo que encargar de anunciar ya que ni Mar Chao ni las rivales por el consistorio del Cap i casal informaron a los medios de comunicación.
La terminal comunicó que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aprobó ayer la extensión por ocho años de la concesión de APM Terminals Valencia, condicionada a un nuevo compromiso inversor por encima de los 10 millones de euros destinado a mejorar la productividad, la eficiencia energética y la calidad ambiental de la terminal. Con esta prórroga, la concesión se ampliará hasta 2049, alcanzando el máximo de 50 años de extensión ordinaria permitida por la legislación portuaria.
La prórroga responde a las inversiones adicionales planteadas, que superan el 20% de la inversión inicialmente prevista en la concesión y cumplen los requisitos de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para este tipo de modificaciones sustanciales. La concesión de APM Terminals en Valencia se inició en 1999 y ha ido prorrogándose de forma sucesiva, hasta alcanzar el máximo ordinario de 50 años.
La principal actuación prevista es la electrificación del Muelle de Levante mediante la instalación del primer sistema Onshore Power Supply (OPS) de los cuatro que APM Terminals proyecta desplegar en Valencia. Esta primera fase incluirá el centro de entrega de energía y la subestación de transformación y conversión necesarias para su funcionamiento, en línea con los objetivos europeos de descarbonización portuaria para 2030 impulsados por la APV, y con la ambición de APM Terminals de reducir un 70% las emisiones de sus operaciones en 2030, y ser neutra en 2040. El proyecto de APM Terminals está incluido en la iniciativa OPS Valenciaport, liderada por la Fundación Valenciaport y cofinanciada por la Unión Europea a través del programa CEF Transporte.
