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Marian Cano acusa al Gobierno de “improvisación” y rechaza más carga burocrática para los concesionarios afectados por la dana
El Gobierno estudia posibles devoluciones de ayudas del plan Reinicia Auto+ mientras el PP denuncia “inseguridad jurídica” y “caos en la gestión” tras la dana
Marian Cano en atril
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Fernando Pastor, ha acusado al Gobierno central de incurrir en un “nuevo desprecio hacia los valencianos” tras conocerse que el Ejecutivo estudia exigir la devolución de ayudas concedidas dentro del plan Reinicia Auto+ a afectados por la dana. La polémica surge después de que algunos beneficiarios hayan recibido comunicaciones advirtiendo de posibles reintegros por supuestos incumplimientos de requisitos que, según denuncian desde el PP, “no figuraban en las bases iniciales”.
El PP denuncia “inseguridad jurídica” en las ayudas de la dana
Fernando Pastor ha asegurado que “el Gobierno de Sánchez agrava el maltrato a los afectados por la dana y pasa del retraso en las ayudas a la amenaza de devolución”. En este sentido, el portavoz popular considera que la situación generada en torno al plan Reinicia Auto+ “evidencia el caos burocrático y la falta de previsión del Ejecutivo”.
Según ha explicado, el Gobierno estaría incorporando nuevas exigencias administrativas “un año y medio después de la DANA”, lo que, a su juicio, provoca “inseguridad jurídica para familias, autónomos y concesionarios”. La controversia se produce tras publicarse informaciones sobre expedientes de revisión abiertos a beneficiarios de las ayudas para la compra de vehículos afectados por las inundaciones.
El dirigente popular sostiene que muchos afectados solicitaron las ayudas conforme a las condiciones inicialmente publicadas y ahora se enfrentan a la posibilidad de devolver parte del dinero recibido. Una situación que ha generado inquietud entre damnificados y sectores vinculados al automóvil.
Críticas a las cifras oficiales del Gobierno
El síndic popular también ha cuestionado los datos ofrecidos por el Ejecutivo sobre las ayudas movilizadas tras la dana. Según Pastor, el Gobierno “sigue hablando de 16.600 millones movilizados”, aunque asegura que “solo se habían ejecutado efectivamente unos 9.470 millones hasta mayo de 2026”.
A juicio del portavoz popular, el Ejecutivo “infla políticamente las cifras” al incluir dentro del montante global indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, así como créditos y avales ICO que “no son ayudas directas y deben devolverse con intereses”.
Pastor también ha reprochado al Gobierno haber rechazado medidas fiscales solicitadas por afectados y sectores económicos, como la eliminación del IVA en la compra de vehículos para damnificados por la dana. Además, ha criticado que el Ejecutivo tardara más de un año en aclarar el tratamiento fiscal de las indemnizaciones y ayudas recibidas.
Reivindicación de obras hidráulicas pendientes
Durante su intervención, Fernando Pastor ha vuelto a reclamar la ejecución de obras antirriadas y actuaciones de encauzamiento pendientes en barrancos y cauces valencianos. Según ha indicado, muchas de estas infraestructuras “siguen sin ejecutarse pese a haber sido reclamadas durante años por municipios y técnicos”.
El portavoz del GPP ha defendido que la Generalitat Valenciana ha asumido inversiones “que ni siquiera son de su competencia directa”, destinando, según sus datos, 46 millones de euros a actuaciones hidráulicas para prevenir futuras inundaciones.
Entre las obras mencionadas figuran actuaciones en el barranco de Picassent, Beniparrell y otros cauces de l’Horta Sud, zonas especialmente afectadas por los episodios de lluvias torrenciales asociados a la dana.
El debate sobre el plan Reinicia Auto+
La controversia sobre las ayudas del plan Reinicia Auto+ se ha intensificado en las últimas semanas tras conocerse casos de afectados a los que se les reclama documentación adicional o se les advierte de posibles devoluciones. Diversas informaciones apuntan a que algunos expedientes podrían revisarse por cambios en la interpretación de los requisitos exigidos inicialmente.
En este contexto, el PP considera que el problema “no es técnico ni jurídico”, sino “la falta de diligencia, planificación y sensibilidad del Gobierno de Sánchez hacia los afectados por la dana”.