La patronal rechaza el plan de Catalá de convertir apartamentos turísticos en bajos en alquiler residencial
Silvia Blasco asegura que la moratoria paraliza 250 bajos con 700 licencias que huyeron del alquiler residencial tradicional por su inseguridad asociada
(Foto de ARCHIVO) Un piso turístico en Valencia, a 28 de mayo de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La alcaldesa de Valencia ha anunciado hoy que aplicará en el conjunto de la ciudad la suspensión cautelar de licencias para apartamentos de uso turístico situados en comunidades de propietarios y en bajos comerciales durante un año prorrogable a otro. Además, ha avanzado su idea de limitar en 2026 la llegada de megacruceros a la capital valenciana. Rober Solsona / Europa Press 28 MAYO 2024;COMUNITAT VALENCIANA;TURISMO;PSISOS;ECONOMÍA; 28/5/2024
Comentarios
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no consigue sumar apoyos en materia turística. Ha recibido críticas de Hosbec por su gestión con los taxis, se ha enfrentado a Vicente Boluda por los cruceros y, cuando se posiciona respecto a los apartamentos turísticos recibe rechazo. Como es previsible, tiene a la oposición en contra, pero también a los vecinos y a la patronal de apartamentos turísticos, que niega que el plan de convertir apartamentos turísticos situados en bajos en alquiler residencial de larga estancia tenga opciones de ser una realidad.
En conversación con Economía Digital, Silvia Blasco, presidenta de la Federación de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) y de la asociación autonómica (APTUR CV), considera este anuncio como una maniobra para trasladar a los propietarios la responsabilidad del consistorio en la emergencia habitacional de la ciudad. Blasco sostiene que esta medida, lejos de ser una solución, agrava la inseguridad jurídica y somete a los inversores a una tensión insostenible.
Uno de los primeros puntos que Blasco ha querido desmentir es el alcance real de la medida. Según la presidenta de la patronal, la cifra de 2.000 licencias que maneja el Ayuntamiento es engañosa. En realidad, el problema afecta a unos 500 bajos comerciales que se han segregado en unidades más pequeñas, sumando un total de aproximadamente 750 unidades que podrían, potencialmente, cumplir las condiciones de habitabilidad para ser vivienda, según datos del Registro de Turismo y del INE.
Blasco critica la confusión terminológica que, a su juicio, utiliza el gobierno municipal para justificar esas políticas. La presidenta de FEVITUR explica que la figura del «piso turístico» no existe en la normativa, y que el debate se centra en apartamentos turísticos situados en bajos con uso terciario hotelero. Estos inmuebles, subraya, son negocios legales con su correspondiente licencia de actividad municipal, por lo que la propuesta de reconversión es análoga a pedir a otros comercios que cambien su modelo de negocio. «Es como si estuviera pidiendo a las panaderías que se reconvirtieran en viviendas tras ese anuncio; eso nadie lo entiende», ha sentenciado.
Además, ha recordado que no todos estos apartamentos reúnen las condiciones de habitabilidad exigidas para el uso residencial, como normativas de accesibilidad, espacio, iluminación o ventilación. El hecho de que un apartamento turístico sea apto para una estancia temporal “no implica que sea legalmente habitable como residencia permanente”.
Para describir la estrategia del Ayuntamiento, Silvia Blasco utiliza una dura metáfora: «el juego del ahorcado», donde el gobierno municipal va añadiendo restricciones para, finalmente, «asfixiar o anular» al sector. La moratoria de licencias decretada por Catalá es para la patronal, la pieza central de esta estrategia. Dicha moratoria ha paralizado numerosos proyectos, incluyendo una solicitud de 250 bajos que representan unas 700 licencias potenciales, dejando a los inversores en una situación de indefensión.
Blasco acusa a la alcaldesa de jugar un doble papel. Por un lado, “niega licencias, paraliza inversiones con la moratoria y genera un clima de opinión pública hostil hacia el sector”. Por otro, se presenta como «salvadora» con ese anuncio que supuestamente ofrece una salida. «Soy yo la que te niega, y soy yo ahora la que te salva», ha afirmado Blasco para ilustrar la contradicción del consistorio. Desde el sector, no la ven como una salvadora, sino como “la principal responsable de la encrucijada actual”.
La presidenta de FEVITUR se ha mostrado convencida de que pocos propietarios se acogerán a esta opción. Considera que solo lo harán aquellos «muy, muy, muy afectados» y «desesperados» por la paralización de la moratoria. Para el resto, supone renunciar a un negocio legal y rentable a cambio de un alquiler residencial que no ofrece las mismas garantías de pago ni la misma seguridad jurídica. Blasco insiste en que el inversor que optó por un apartamento turístico lo hizo, en muchos casos, para evitar la inseguridad asociada al alquiler residencial tradicional.
La situación se complica por la propia naturaleza del anuncio, que implicaría saltarse el planeamiento urbanístico durante seis meses. Para Blasco, esto evidencia que el Ayuntamiento está dispuesto “a cambiar las reglas del juego a su antojo, generando una incertidumbre total sobre el futuro”. Los propietarios no saben si, tras la moratoria, sus negocios serán declarados ilegales o cómo les afectará el nuevo instrumento de ordenación prometido para mayo.
Blasco también ha señalado la «anomalía urbanística» creada por el propio Ayuntamiento de Valencia. El consistorio otorga licencias de terciario hotelero para apartamentos turísticos sueltos, una figura que no está claramente contemplada en la Ley de Turismo autonómica para unidades diseminadas. Esto obliga a la Generalitat a registrarlos por analogía como si fueran Viviendas de Uso Turístico (VUT), a pesar de no ser viviendas en origen, sino locales con licencia de actividad. Esta ambigüedad legal, sumada a la moratoria y la nueva propuesta, conforma un escenario de máxima inseguridad que, según la patronal, solo busca rédito político a costa del capital privado que ha regenerado muchas de estas plantas bajas.
En paralelo a la moratoria iniciada en mayo de 2024, el Ayuntamiento de Valencia mantiene su estrategia de clausura de alojamientos que operan sin título habilitante. No obstante, la efectividad de estos procedimientos administrativos ha sido objeto de debate técnico. Según datos analizados por Economía Digital, el 86% de los apartamentos detectados como irregulares continúa operando fuera del registro oficial.
La transparencia en los expedientes de clausura motivó una reciente intervención del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna. En una resolución recibida por el consistorio el 16 de diciembre de 2025, el ayuntamiento aceptó la recomendación de detallar las ubicaciones y expedientes de los apartamentos supuestamente cerrados, tras las reclamaciones del grupo municipal Compromís.
Esta formación política ha cuestionado la ejecución real de las órdenes de cese y, como prueba de la vigencia de la actividad en inmuebles incluidos en el listado oficial de «1.000 pisos cerrados», representantes de Compromís alquilaron un apartamento en la Malva-rosa a través de una plataforma comercial. La casuística administrativa llevó a que el mismo jueves en que se denunció su operatividad, el activo obtuvo la licencia municipal, pasando a ser legal tras una denuncia previa de la asociación de vecinos.
Frente a estas discrepancias, la alcaldesa María José Catalá defiende la reducción del 14% en el número de apartamentos turísticos durante los últimos dos años, basándose en el sistema de inteligencia turística de la Fundación Visit Valencia. Según estas estadísticas, se ha reducido de 10.516 a 9.057 unidades desde la aprobación de la moratoria. Mientras tanto, aseguran que la Policía Local y el Servicio de Licencias Urbanísticas han tramitado más de mil denuncias en los últimos dos años.
El gobierno municipal contrapone estas cifras con las 115 denuncias tramitadas entre 2015 y 2023, durante el mandato del anterior gobierno municipal, periodo en el que se inscribieron más de 4.500 apartamentos.
Esta labor inspectora se desarrolla en un contexto de saturación del servicio de licencias, donde la transición entre la detección de la ilegalidad y el cierre efectivo del negocio sigue siendo el principal punto de fricción entre la administración, la oposición y los residentes.
Desde el inicio de la legislatura, María José Catalá ha tenido varios enfrentamientos en materia turística. Entre los más sonados están los que le llevó a confrontar con Vicente Boluda y con Hosbec.
En mayo de 2024, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, mostró su rechazo frontal a la restricción a la llegada de ‘megacruceros’ planteada por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá: «A mí prohibir siempre me parece mal. Se puede tomar otro tipo de medidas, pero además hay que saber dónde está la línea porque no se puede decir ‘megaalgo’ que no se sabe las dimensiones. Sobre todo porque casi todos los cruceros que están construyéndose y que están navegando son todos del mismo tamaño prácticamente. Cruceros muy pequeñitos quedan muy pocos y no tocan estos puertos», dijo el naviero para censurar la postura de la alcaldesa.
En diciembre de 2024, Fede Fuster, presidente de la patronal hotelera de toda la Comunidad Valenciana, Hosbec, denunció la mala gestión de los taxis y la «injusta moratoria del Ayuntamiento de Valencia» a los pisos turísticos.
