El desafío de la vivienda turística para Catalá: el 86% de la oferta opera fuera de registro

• Bioparc Valencia invertirá 64 millones de euros en una ampliación que recreará la historia de la Ruta de la Seda
• Catalá frena el ritmo de ejecución del presupuesto pero aún supera lo que hizo Compromís y PSOE

La gestión de los Apartamentos de Uso Turístico (VUT) se consolida como la asignatura pendiente del gobierno municipal de María José Catalá. A pesar del endurecimiento normativo y del despliegue de recursos de control, los datos de noviembre de 2025 revelan una brecha estructural entre la oferta real de mercado y la legalidad administrativa: solo el 13,5% de los apartamentos que se comercializan en la ciudad de Valencia cuentan con registro oficial.

Según los últimos registros de la plataforma de rastreo de la Fundaciò Visit València —que monitoriza la actividad de las plataformas Booking, Airbnb, Homeaway y Tripadvisor—, la ciudad oferta actualmente 9.003 apartamentos turísticos. 

No obstante, esta cifra contrasta frontalmente con la estadística oficial de la plataforma “Focus”, también de Visit València, que sólo reconoce 1.220 apartamentos dados de alta y en situación legal.

Esta disparidad sitúa la tasa de ilegalidad estimada en un 86%. Por distritos, la presión se concentra de forma asimétrica. Mientras el distrito de Ciutat Vella lidera la oferta con 2.028 apartamentos turísticos ofertados, las Pedanías del Sur y Albufera son las zonas que presentan la menor incidencia, con 119 unidades.

Cuando María José Catalá alcanzó la alcaldía en mayo de 2023, uno de sus principales objetivos fue poner coto a la proliferación de los apartamentos turísticos, que en aquel momento incluso habían obtenido el permiso de ocupar las plantas bajas y los bajos comerciales de los edificios. Las medidas comenzaron a implantarse en mayo de 2024. En esa fecha, el consistorio aprobó por unanimidad una moratoria de un año para suspender la concesión de licencias en comunidades de propietarios y bajos comerciales. Esta suspensión temporal, que continúa vigente, se complementó con un plan de control exhaustivo que ha elevado el volumen de inspecciones en un 556% en comparación con el mandato anterior. Con un equipo recién formado de inspectores, esta actividad permitió el cierre de cerca de un millar de establecimientos y la paralización de otras mil licencias que habían sido solicitadas antes de la entrada en vigor de la moratoria.

En el ámbito urbanístico, el pleno de abril de 2025 dio un paso más al modificar las normas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para restringir los usos terciarios hoteleros. La normativa actual impide la implantación de nuevas plazas en barrios, donde el ratio de plazas turísticas supere el 8% de la población empadronada. Asimismo, se ha establecido un blindaje del uso residencial al limitar el número de viviendas turísticas al 2% del total de inmuebles residenciales de cada barrio. Esta restricción es notablemente más severa que la aplicada anteriormente en zonas como el Cabanyal, donde el límite se situaba en el 10%. La normativa también protege el tejido comercial local, permitiendo el uso turístico solo en el 15% de los locales de cada manzana para garantizar que el 85% restante se destine a servicios como farmacias, oficinas o comercio de proximidad.

Sin embargo, la resiliencia de la oferta ilegal ha obligado al Ayuntamiento a buscar alternativas a esta vía sancionadora. La última decisión municipal consiste en otorgar un plazo de seis meses para que los pisos turísticos ilegales que cumplan con los requisitos de habitabilidad se reconviertan en viviendas residenciales. Esta medida se presenta como un intento de regularizar el parque inmobiliario y aliviar la presión sobre el alquiler de larga duración. Sin embargo, la efectividad de esta «amnistía condicionada» dependerá, como aseguran desde el ayuntamiento, del estudio «caso a caso» de la habitabilidad de cada inmueble, en un escenario donde el 86% de la oferta actual prefiere, por el momento, mantenerse en los márgenes de la normativa local.

Así pues, aunque el número de apartamentos ilegales ha experimentado un descenso del 15% desde enero de 2025, la resiliencia de la oferta no registrada sigue desafiando los esfuerzos municipales por recuperar el control del sector.