El Pdecat da carpetazo a la financiación ilegal de CDC con un comunicado

El Pdecat argumenta que es "una formación nueva" para aislarse de CDC, defiende la presunción de inocencia y subraya que la sentencia no es definitiva

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El Pdecat ha dado carpetazo a la sentencia del caso Palau, que da por probada la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) con 6,6 millones, mediante un comunicado de unas pocas líneas en el que defiende la presunción de inocencia de las personas afectadas y en el que prácticamente se desvincula del partido convergente. «El Pdecat es una formación nueva, creada el año 2016», dice en una nota en la que tan siquiera menciona que el partido es producto de la refundación de CDC.

El Pdecat ha querido borrarse del mapa e inhibirse por completo del cobro probado de comisiones ilegales por parte CDC, un partido al que tan siquiera parece conocer por la frialdad de su comunicado. «La resolución del caso Palau tiene que ver con CDC, una formación que ya ha asumido todas las responsabilidades políticas de un affaire que es anterior al año 2010», se limita a decir el Pdecat, cuyos dirigentes dejaron en manos de Artur Mas todas las explicaciones. 

Mas se limitó a realizar declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Sostuvo que no hubo irregularidades en la adjudicación de obra pública y se mostró partidario de recurrir la sentencia al Tribunal Supremo porque, a su entender, no se ha examinado los expedientes de contratación de obras de la Generalitat.

La trama era del 4%: 2,5% para CDC y 1,5% para Millet y Montull

La sentencia del caso Palau retrata con exactitud cómo funcionaba la trama de financiación irregular de CDC, que adjudicó obras públicas a Ferrovial usando al Palau de la Música como intermediario para cobrar comisiones. «La comisión que Ferrovial y CDC pactaron para la obtención de obra pública era del 4% del importe del total de las adjudicaciones obtenidas y esta cantidad se repartiría entre CDC por un lado, y Félix Millet y Jordi Montull por otro, en un porcentaje de un 2’5% para el partido y un 1’5% para éstos», describe el fallo.

La trama se mantuvo al menos durante diez años, según ha podido comprobar la justicia. «Este acuerdo criminal se mantuvo ininterrumpidamente desde antes del año 1999 hasta el año 2009, cesando el mismo a raíz de la entrada y registro en las instalaciones del Palau de la Música (julio 2009)», concluye la justicia, que menciona cuatro adjudicaciones ilegales: la construcción de la L9 del Metro, la edificación de la Ciudad de la Justicia, las obras para un nuevo pabellón municipal en Sant Cugat del Vallès y los trabajos para el revestimiento de la acequia en el Río Ebro.

Los múltiples pagos se hicieron en efectivo, a través de convenios y luego a través de empresas que fingían realizar servicios. «3.741.898’82 euros fueron entregados en efectivo al tesorero del partido (primero Carles Torrent y luego Daniel Osàcar) entre los años 2000 y 2007, ambos incluidos», describe la sentencia. «630.655 euros fueron entregados entre los años 1999 y 2008, ambos incluidos, a través de la suscripción de mendaces convenios de
colaboración con la fundación Trias Fargas», añade. Y finaliza: «2.303.552’16 euros fueron entregados a CDC mediante un sistema de facturación mendaz a la fundación Orfeó Català».

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