La juez Pilar de Lara envía el caso Manga a Cataluña

La titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, se ha inhibido en el caso Manga, la derivada catalana del caso Pokemon, a favor del juzgado de Santa Coloma de Farners (Girona). El sumario se centra en las contrataciones del consejo comarcal de la Selva y del Ayuntamiento de Sant Hilari cuando estas dos administraciones estaban gobernadas por CiU. Entre los implicados figuran empresarios y políticos locales, además de dos de los actuales diputados de Junts pel sÍ, la exconsejera Irene Rigau y un hermano de Oriol Junqueras, informa Diari de Girona.

El caso Manga estalló el 14 de febrero de 2013. Aquel día, los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera detuvieron al convergente Robert Fauria, presidente del consejo comarcal y alcalde de Sant Hilare, así como a los responsables de la empresa GRS, Àlex Ros y Josep María Franch. Esta empresa, especializada en la prestación de servicios a administraciones públicas, ha trabajado para ayuntamientos y diputaciones de toda España.

En el caso Manga, que el juzgado de Lugo envía al de Santa Coloma de Farners, figuran un total de 43 imputados, a los que se les atribuyen diversos delitos de forma indiciaria. Una de las piezas se refiere a la contratación del servicio de comedores escolares de la comarca de la Selva por un importe de 29,2 millones de euros más IVA. Los investigadores sostienen que los representantes de la empresa adjudicataria, Eurest, se reunieron con la dirección política del consejo comarcal para acordar los términos de la concesión.

Formaban parte de la mesa de contratación dos actuales diputados de Junts pel sí: Natàlia Figueras (Pdecat) y Jordi Orobitg (ERC). La jueza Pilar de Lara ordenó a Vigilancia Aduanera que informase sobre la “condición de aforada” de Rigau porque, cuando era consejera de educación de la Generalitat, no impidió que se aplicara un canon en el servicio de comedores escolares de la comarca que acabó encareciendo la concesión.

En la actualidad, Rigau es diputada en el parlamento catalán y recientemente fue procesada por el caso 9N en compañía de Artur Mas y Joana Ortega. Otra de las piezas se refiere a la contratación de un proyecto de rutas turísticas. Se encargó a la empresa Nora. Los investigadores sitúan a Roger Junqueras, hermano del vicepresidente económico de la Generalitat, como cooperador en un presunto delito contra la administración pública.