Cajamar advierte del lastre de las empresas agro: la autofinanciación en I+D frena sus proyectos a largo plazo
La industria alimentaria española asume más del 90% de su gasto en innovación con fondos propios, a diferencia de mercados rivales como Israel y China
Campo con olivos. Imagen: Cajamar
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Cajamar ha alertado sobre la debilidad estructural que socava el desarrollo a largo plazo del sector agroalimentario español, a pesar de su rol como pilar económico. La entidad, a través de una monografía publicada recientemente, ha señalado que el esfuerzo de investigación e innovación (I+D) se ha basado de forma crítica en la autofinanciación empresarial, lo que reduce la capacidad de inversión estratégica a largo plazo.
El análisis de la entidad bancaria ha expuesto, primero, una brecha significativa en el apoyo público a la I+D privada en España. La industria alimentaria (alimentación, bebidas y tabaco) ha cubierto aproximadamente el 91% de ese gasto con recursos propios.
Esta dependencia es aún más pronunciada en la producción primaria, donde la autofinanciación se sitúa en el 95% del gasto total. Esta situación fuerza al sector, al final, a priorizar resultados inmediatos.
En este sentido, Cajamar ha señalado que el gasto privado se concentra en la innovación y el desarrollo tecnológico, una tendencia que se demuestra además en la escasa inversión en investigación básica, esencial para los avances con beneficios prolongados.
La industria alimentaria, por ejemplo, destina solo el 4,6% de su I+D a este ámbito. La entidad ha concluido que este modelo, al depender de fondos propios, no garantiza la «estabilidad y visibilidad a medio y largo plazo» que exigen las inversiones de I+D con «tantos años de retorno».
Comparativa internacional
Cajamar ha comparado el caso de España con otros mercados para exponer cómo estos han priorizado la visión estratégica, incluso bajo condiciones adversas. Tal es el caso, por ejemplo, de Israel, que ha sabido convertir la escasez de agua en una ventaja competitiva.
Este país produce el 95% de sus alimentos a pesar de tener un 60% de territorio desértico, y lo ha conseguido gracias a sistemas de investigación en proyectos con «retornos comerciales a corto plazo», pero también debido a la gestión de patentes con las universidades.
En China, el estado es el principal motor de la investigación y la innovación, impulsando la inversión en biotecnología y tecnología inteligente para garantizar la soberanía alimentaria. Esta estrategia se ha reflejado en un aumento del gasto público que supera la inversión combinada de países como EE. UU., India y Brasil.
Un tercer caso es el de Países Bajos. Cajamar ha puesto de relieve el modelo neerlandés, que invierte en I+D como motor de las exportaciones. La entidad ha propuesto imitar la iniciativa de los bonos para asesoramiento independiente, un mecanismo que permite a los agricultores acceder a conocimiento técnico sin el conflicto de interés comercial.
Frente a la inversión estatal en China o la transferencia de conocimiento en Países Bajos, Cajamar ha determinado que el modelo español sufre una «fragmentación de esfuerzos» que diluye la eficacia de los recursos invertidos.
Paradoja de la excelencia científica
El informe ha subrayado que, en España, este lastre de la autofinanciación penaliza a un sistema científico que es de excelencia en lo fundamental. Sin ir más lejos, el país ha ocupado la cuarta posición mundial en ‘ciencia de los alimentos’ y la sexta en ‘horticultura’, en términos de publicaciones científicas.
Sin embargo, Cajamar ha lamentado que este potencial «aún no se ha traducido plenamente en una transferencia efectiva y sistemática hacia el tejido productivo«. El sistema de patentes refleja la desconexión: solo 116 empresas de la cadena agroalimentaria han registrado patentes o variedades en el trienio 2020-2022.
Esto sugiere que la innovación aplicada y de riesgo la asume la industria auxiliar, mientras que el sector productivo invierte poco.
En sus propuestas, Cajamar ha abogado por un «consenso político» que reconozca la alimentación como un sector estratégico. Y la entidad ha instado a las administraciones, en esta línea, a impulsar la colaboración público-privada para alinear la investigación con las necesidades reales del sector.
Ha concluido que la solución para el agro español pasa por garantizar una financiación pública «constante y previsible» que complemente la resiliencia empresarial, asegurando que la I+D se dirija a la visión estratégica a largo plazo que el país necesita.
