El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante su participación en un desayuno organizado por la Cadena SER en Alicante.

Ábalos ya sabe cómo salvar al taxi sin indemnizar a los amos de las VTC

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El ministro de Fomento se comprometió esta tarde con el taxi a blindar jurídicamente su 'decretazo' anti-Uber

Cristian Reche

Economía Digital

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante su participación en un desayuno organizado por la Cadena SER en Alicante.

Barcelona, 18 de septiembre de 2018 (20:38 CET)

José Luis Ábalos se pliega definitivamente al taxi en la guerra contra las VTC, las autorizaciones que utilizan los conductores de Uber y Cabify. El ministro de Fomento recibió esta tarde a los representantes de la Coordinadora Nacional del Taxi y les trasladó su firme compromiso de que el decretazo que se presentará el próximo 28 de septiembre estará blindado jurídicamente con un doble objetivo: que las autonomías tengan total competencia sobre estos permisos y que en ningún caso se tenga que pagar con dinero público por su expropiación.

Fuentes conocedoras explican que al encuentro, que se cerró el 13 de septiembre, acudió toda la plana mayor de Fomento, más allá del secretario general de Infraestructuras, Pedro Saura, y la secretaria general de Transportes, María José Rallo, que ya estaban confirmados. Fue un gesto que el taxi agradeció, sobre todo porque el propio ministerio todavía no ha contestado a la solicitud de Unauto, la patronal de las VTC, que pidió la semana pasada una reunión al mismo nivel.

El ministro confesó a los ocho representantes de la Coordinadora Nacional del Taxi que el equipo de Fomento está totalmente implicado en buscar una solución al conflicto, hasta el punto de haber renunciado a sus vacaciones para estudiar todas las opciones posibles.

Además, Ábalos, que tuvo que abandonar antes que nadie la reunión para coger un avión a Berlín, les tranquilizó sobre la posibilidad de que el Gobierno estuviese dividido, ya que en las últimas semanas se especuló que Economía veía con malos ojos las tesis de Fomento.

La jugada de Ábalos

La primera promesa es que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tendrán plenos poderes para imponer una licencia VTC extra. Ayer lunes, técnicos de Fomento se reunieron con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), organismo presidido Ada Colau que originó esta iniciativa y terminó en los tribunales. La medida, que buscaba que el ratio 1/30 (1 vehículo VTC por cada 30 taxis) se aplicara en Barcelona, obligaba a la retirada de gran parte de la flota de vehículos de Uber y Cabify.

El segundo compromiso es que no habrá indemnizaciones a las VTC, es decir, no se pagará con dinero público un rescate millonario del taxi. Es uno de los puntos que más conflicto generaba entre las administraciones, ya que las autonomías no querían ser las responsables de ejecutar esta medida y, por tanto, asumir los costes económicos. Y es que según la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), una expropiación de autorizaciones VTC (artículo 14) supondría un pago millonario.

¿Por qué? El precio de recompra no serían los 36 euros administrativos que cuesta una VTC, sino el precio en función de su actual valor de mercado (70.000 euros) y otros factores, como la rentabilidad.

Las comunidades autónomas mostraron su negativa a recibir competencias sobre la regulación de las VTC

Entonces, ¿cuánto costaría exactamente este rescate? El Confidencial adelantó que un informe de Ernst & Young​ calculaba que una expropiación de estas licencias se traduciría en una factura de hasta 3.000 millones de euros, puesto que en España ya existen más de 11.000 permisos.

Gran parte de estas licencias se concentran en pocas manos. Uno de los mayores tenedores de autorizaciones es King Street Capital, un fondo americano que ya controla la quinta parte de toda la cuota de mercado, o Maxi Mobility, sociedad vinculada a Cabify y a Rosauro Varo (exPepephone).

Queda por ver si, como asegura el ministro, el conflicto no termina en los tribunales. Fuentes consultadas trasladan que la modificación de la LOTT para transferir competencias a las CCAA puede desembocar en un lío jurídico.

Los mismos testimonios añaden que la única vía para transferir los poderes de manera ajustada a derecho es través de una Ley Orgánica, algo que el Gobierno no puede garantizar por su debilidad parlamentaria.

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