Abengoa analiza su plan de viabilidad sin saber si será definitivo

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La multinacional, todavía controlada por la familia Benjumea, no ha logrado conseguir que los bancos acreedores aseguren la liquidez necesaria, el importe de la quita de la deuda corporativa o el alcance de la dilución de los históricos accionistas

Torre de una de las plantas solares de Abengoa

Madrid, 25 de enero de 2016 (10:08 CET)

Después de mil y una vueltas de tuercas, de retrasos y de continuos pequeños retoques al plan de la consultora Álvarez & Marsal, por fin el consejo de administración de Abengoa, presidido por José Domínguez Abascal –pero todavía controlado en la sombra por Felipe Benjumea– debatirá su plan de viabilidad.

Un documento del que desde hace días se conocen los grandes detalles, pero no la letra pequeña que determinará el futuro de la compañía, la que debe dilucidar en qué porcentaje se diluye la participación de los históricos accionistas, agrupada a través de Inversión Corporativa, para que los bancos acreedores y los bonistas entren en el capital de la multinacional sevillana, cuál será la quita que se aplica a la deuda corporativa y si se restablecen o no esas líneas de liquidez que quedaron en suspenso tras la entrada en preconcurso de acreedores.

Sin garantías

Al final, el plan llega al consejo sin contar con las garantías suficientes de que, posteriormente, tanto acreedores, con el G-7 a la cabeza –el grupo de entidades que lidera el Banco Santander – y los bonistas, con el coloso estadounidense Blackrock al frente, lo vayan a respaldar en su integridad. No en vano, en ese plan existen grandes diferencias entre estos dos bandos acerca del nivel de quita que se debe acometer.

Como se viene comentado, el plan de viabilidad a cinco años contempla la reducción en 3.000 millones de los actuales casi 9.000 de deuda corporativa que soporta Abengoa, aunque todavía no se sepa con exactitud el importe de lo que se haría mediante quita y cuánto a través de capitalización.

300 millones

También se hace referencia a los 300 millones requeridos para que el grupo pueda afrontar los gastos generales hasta el próximo 28 de marzo. Una cantidad sobre la que existen también incertidumbres, dado que pasaría por un préstamo de 160 millones de los bonistas, sobre cuyo interés los bancos han mostrado su disconformidad, y por otra cantidad similar, que debería salir de la desinversión de activos.

La venta de activos, en torno a unos 1.500 millones en los próximos cinco años, y la negociación para transferir los contratos adjudicados en Brasil, una quita de los 5.000 millones que se debe a los proveedores y el despido de unos 10.000 empleados en todos el mundo, son algunas de las consecuencias que llevará aparejado la reducción a la mitad del grupo, con una reducción a la mitad del ebitda, a unos 600 millones anuales, al facturar un 60% menos sobre los actuales 7.000 millones.
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