Albert Costafreda gana la batalla familiar por el dinero de Panrico

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El juez da la razón al antiguo presidente de la panificadora en las cuatro demandas interpuestas por los hermanos para acceder a los fondos procedentes de la venta

Una imagen de la planta de Panrico en Santa Perpètua de Mogoda. | EFE

Barcelona, 26 de mayo de 2016 (01:00 CET)

Hasta 900 millones pagó el fondo de capital riesgo Apax para hacerse con Panrico en 2005. Más de 300 fueron a parar a las manos de la familia Costafreda, fundadores de la compañía que moldeó los donuts y el bollycao. Una década después, Andreu y Joan Lluís Costafreda tienen abierta una cruzada judicial contra su hermano Albert, entonces presidente de la panificadora, para llevarse una porción mayor del pastel.

Hasta cinco demandas han presentado ambos parientes en los juzgados mercantiles número 1 y 6 de Barcelona. Siempre con el mismo resultado: "Debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta". Los procesos van desde dos acciones individuales de responsabilidad a la impugnación de los acuerdos aprobados en 2009, 2013 y 2014 por la junta de socios de la sociedad Universal de Panadería y Bollería SL.

La sociedad de la discordia

Universal de Panadería y Bollería (UPB) es la empresa de la que penden los fondos obtenidos por la venta de Panrico. En la sentencia a la que ha tenido acceso Economía Digital, los demandantes evidencian que "el origen de los cuantiosos recursos, directos o indirectos, de UPB procede de la transacción efectuada en 2005".

Sin embargo, Joan Lluís y Andreu lamentan no poder rentabilizar el patrimonio latente, pues la empresa está controlada al 77% por Albert Costafreda mientras ellos se reparten el 23% restante. Los procesos judiciales inciden en la provocación de pérdidas artificiales con tal de no pagar dividendos a los socios. Para ello denuncian que al menos en 2013 se formularon unas cuentas que no reflejaban una imagen fiel "ni de la situación patrimonial ni de la económica ni de la financiera".

Mientras, el demandado lo tiene claro: "Persiguen una judicialización total de la vida societaria con el único propósito de forzar la venta de sus participaciones sociales". Además, defiende que desde el inicio del conflicto –al cierre de 2008- se han repartido 4,4 millones de euros entre los hermanos de los seis que ha obtenido de beneficio.

El dinero está en Holanda

El pastel por el que pugnan los dos demandantes está radicado cerca de Rotterdam. La compañía española es la matriz de una filial holandesa llamada LAT 53, con unos activos propios cercanos a los 180 millones de euros, desprende el texto. Una cantidad que multiplica por tres el patrimonio de UPB, fijado en 57 millones, según el Registro Mercantil.

La sociedad formada por activos financieros reportó unos beneficios de 7,9 millones de euros en el ejercicio 2013 a su cabecera en la Península Ibérica. Sin embargo, ésta acabó en negativo por el mal funcionamiento de otras inversiones como Malerna SL, Nurietal SL, UPB Casual SL, Vesta SL, Nauta Invest, Tarracam y Bodegas Peñafiel. Para compensarlo, Joan Lluís y Andreu solicitaban que se volviera a analizar el valor de LAT 53, algo contrario a los principios contables básicos.

Cuentas consolidadas

Con tal de salir de dudas, los demandantes solicitaron que se consolidaran las cuentas de Universal de Panadería y Bollería con todas sus filiales y participadas. El objetivo, saber si las pérdidas eran reales o provocadas para evitar el pago de dividendo.

Si bien prácticamente todas las empresas deben presentar los resultados anuales de manera extendida, UPB se puede adherir a dos salvedades, algo que ha aprovechado Albert Costafreda. Durante dos ejercicios consecutivos, la sociedad no debía superar un volumen de negocio de 22,8 millones de euros y los 250 trabajadores. La compañía de los ex Panrico se conforma con unas cifras de 15,67 millones y 25 trabajadores

A la Audiencia Provincial

Por ello, los juzgados mercantiles han otorgado la razón al demandado en los cuatro procesos cerrados. Sin embargo, a Andreu y Joan Lluís todavía les quedan balas en la recámara. El fallo emitido en febrero por el que se desestima anular los acuerdos de la Junta celebrada en julio de 2014 se ha recurrido a la Audiencia Provincial. La pacienca es amplia, pues el que impugna las cuentas de 2008 -en la Junta de 2009- se ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

"Al menos tardará un año en salir la nueva sentencia", explican desde el entorno de Albert Costafreda. Mientras, esperan tener la misma suerte con la quinta demanda, la que rechaza los resultados del año 2012.

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