Brufau pide 10.500 millones de dólares a Kirchner por YPF
El presidente de Repsol acusa al Gobierno argentino de facilitar el "derrumbe del precio de YPF" y la nacionalización "a precio de saldo"
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha comparecido este martes en rueda de prensa para pedir 10.500 millones de dólares un día después de la expropiación del 51% de YPF anunciada por el Gobierno argentino. “Esto no quedará impune”, ha asegurado.
Repsol calcula que el valor de YPF es de 18.300 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros), o de 46,55 dólares por acción, mientras que el de la participación del 57% de la española en la argentina asciende a 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros). «Todos los Estados tienen derecho a expropiar, pero a pagar también el precio justo», ha afirmado.
Brufau ha acusado a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de llevar a cabo un acto “injustificable” e “ilegítimo” desde el punto de vista jurídico para «facilitar el derrumbe del precio de YPF y la expropiación a precio de saldo».
Medidas de defensa
De este modo, Brufau ha anunciado que iniciará todas las medidas legales de defensa a su alcance. Desde inividuales y de clase hasta constitucionales, administrativas, civiles, mercantiles o de resarcimiento de daños causados. Repsol, que presentará reclamaciones ante los mercados de valores y los tribunales internacionales de arbitraje, espera que se sumen el resto de inversores.
Por otra parte, ha querido recordar la labor de Repsol durante el corralito argentino, así como la solidaridad con Argentina mediante la creación de negocio. «La expropiación es una forma de tapar la crisis económica y social que enfrenta este país», ha sentenciado Brufau. “Hasta finales de 2011 recibíamos una auténtica demostración de amistad y satisfacción, pero ahora se nos acusa de una década de depreciación”, apuntó.
Compromiso de OPA
Además, Brufau ha querido recordarle al Gobierno argentino que tiene el «compromiso» de lanzar una OPA por el 100% si quiera tomar el control de la filial. También cree que está expropiación discrimina a la empresa argentina sobre otras del país y a Repsol sobre otros accionistas.
