Competencia autoriza la venta de ATLL a Acciona

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CONCESIÓN DE 50 AÑOS

Desalinizadora de El Prat del Llobregat (Barcelona), propiedad de Aigües Ter Llobregat

26 de diciembre de 2012 (20:12 CET)

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya puede hacer caja, si quiere, con la venta de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona en el que también participa el banco de inversión brasileño BTG Pactual y dos hombres de negocios barceloneses (Ferran Rodés y Manuel Torreblanca). La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha dado luz verde a la operación, el último escollo legal a superar.

El regulador autorizó la venta el viernes pasado, aunque la resolución no ha transcendido hasta este miércoles, día de San Esteban, festivo en Catalunya. Lo hizo en una sesión extraordinaria, ya que el pleno se suele reunir los miércoles, afirman los portavoces de la institución. Otras fuentes conocedoras del proceso aseguran que han existido presiones por parte de la Generalitat para obtener el visto bueno del regulador antes de final de año. El Govern necesita el dinero que obtenga con la concesión del servicio que hace ATLL (proveer de agua a los municipios catalanes) para reducir su deuda pública.

El consorcio, preparado

Las prisas obligaron a los departamentos de Territori i Sostenibilitat y Economia i Finances, entonces en funciones, a iniciar hace una semana la liquidación de la sociedad pública que gestiona ATLL. Un paso habitual en cualquier concesión administrativa como esta.

Además, la compañía presidida por José Manuel Entrecanales está preparada para firmar la concesión, según otros interlocutores cercanos al Govern. Estas mismas fuentes no dan crédito a las informaciones que han surgido las últimas semanas sobre la supuesta problemática que tendría Acciona para conseguir la financiación necesaria para completar la operación. Los portavoces de la multinacional con sede en Madrid han declinado hacer comentarios sobre el proceso.

Cumplir con el déficit

Si Mas no consigue firmar la venta de ATLL antes del próximo lunes no podrá descontar 1.000 millones de euros del capítulo de deuda ordinaria de la Generalitat. Necesarios para acercarse a los objetivos de déficit que pactó con el Gobierno dirigido por Mariano Rajoy. Aunque en el momento de la firma sólo recibirá 300 millones de euros. La adjudicataria pagará el resto del importe a lo largo de los 50 años que dure la polémica concesión.

Si finalmente se rubrica, el nuevo gestor del agua también estará inmerso en la batalla legal que ha iniciado su rival en el concurso público, Aguas de Barcelona (Agbar). La compañía presidida por Ángel Simón mantiene que la oferta ganadora no es viable económicamente, el extremo que intentará demostrar en los juzgados. Por el momento, aún no ha presentado la impugnación y ya ha acudido al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Les ha dado la razón y ha obligado al conseller de Territori i Sostenibilitat hasta las elecciones, Lluís Recoder, a mostrarles la documentación aportada por Acciona, requerimiento indispensable para establecer la base legal de la impugnación. La negativa enrarece la adjudicación.
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