El Gobierno crea nuevos impuestos para la extracción de gas y petróleo

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El ministro José Manuel Soria reforma la ley de hidrocarburos para que el Gobierno y los ayuntamientos canarios se beneficien con los nuevos yacimientos. El Ejecutivo da un impulso al 'fracking'

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro José Manuel Soria.

Madrid, 12 de diciembre de 2014 (16:51 CET)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado un humilde obsequio al gobierno de Canarias para intentar bajar la crispación por el conflicto político abierto por las prospecciones petrolíferas en Canarias. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha presentado un anteproyecto de ley, que fue aprobado en Consejo de Ministros este viernes, para que los gobiernos autonómicos y ayuntamientos obtengan un beneficio económico por los nuevos yacimientos de petróleo y gas.

El anteproyecto de ley crea nuevos impuestos por la producción de hidrocarburos que beneficiará a los gobiernos locales y autonómicos. En caso de que la prospección se haga mar adentro, la tasa recaerá en el municipio más cercano, según explicó el ministro José Manuel Soria.

Impuesto del 8%

A falta de la discusión parlamentaria, el nuevo impuesto ha sido calculado en torno al 8% de los beneficios de la explotación, según Voz Populi. Adicionalmente, los propietarios de los terrenos serán beneficiados con el 1%. La medida podría representar unos 400 millones de euros por la explotación de crudo que Repsol inicio frente las costas canarias.

Además, las compañías petroleras tendrán un impuesto de extracción más elevado, según ha informado el ministerio.

Con esta normativa, el gobierno intenta calmar la crispación tanto en los ámbitos políticos de Canarias como en la ciudadanía ante la extracción de hidrocarburos en el archipiélago. Repsol cree que hay posibilidades de encontrar crudo en la zona aunque los expertos son escépticos acerca de la calidad y la rentabilidad del crudo de la zona.

Luz verde al 'fracking'

La nueva ley también impulsa la práctica del fracking, una técnica de extracción que emplea la inyección de agua y químicos para la extracción de petróleo y gas inaccesibles mediante las técnicas tradicionales. El gobierno intenta revertir las normativas autonómicas que han prohibido el fracking por los daños medioambientales.

Los químicos utilizados con la nueva técnica se filtran en los acuíferos y son perjudiciales para el consumo animal y humano. El temor por la contaminación en las aguas y las tierras aledañas a la extracción ha impulsado a Cantabria, Navarra y La Rioja a aprobar leyes antifracking, mientras que Andalucía ha aprobado una moratoria para dilatar la llegada de la nueva técnica extractiva.

El Gobierno ve en el fracking un mecanismo más rentable para obtener energía y sus ventajas económicas han sido defendidas por el ministro José Manuel Soria y por el ex ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

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