El gremio de Rajoy, los registradores, reclama que se anule la bajada tarifaria aprobada por Zapatero

El gremio profesional de Mariano Rajoy, los registradores de la propiedad, los notarios y los trabajadores de ambos sectores andan en pie de guerra contra una de las últimas decisiones del gobierno de Zapatero: la rebaja de las tarifas que pueden cobrar por el servicio público que prestan. Ambos sectores consideran que esta medida sólo ha servido para agravar la delicada situación que atraviesan debido a la crisis y la reducción del número de transacciones. Alegan que la rebaja aprobada hace peligrar la viabilidad económica de su actividad, en la que trabajan 33.000 personas.

El malestar es muy grande en estos funcionarios públicos que viven de las tarifas reguladas que cobran a sus clientes. La crisis del ladrillo les está pasando factura con dureza y ahora acaba de entrar en vigor una rebaja de los precios que pueden aplicar que pone en riesgo el futuro de muchos registros y notarías, según han explicado a EconomiaDigital miembros de ambos colectivos.

Trabajadores sin sueldo fijo

Registradores, notarios y sindicatos van a solicitar al gobierno de Rajoy, registrador en excedencia, que reconsidere esa rebaja y que establezca un nuevo sistema de retribución para estos funcionarios y su personal contratado, que en el caso de los registradores no tiene sueldo fijo y que, por tanto, cobra en función de la mayor o menor actividad que desarrolle el registrador. Estos profesionales y los notarios son empleados públicos y empresarios al mismo tiempo.

El conflicto estalló formalmente una semana antes de las últimas elecciones generales. El gobierno de Zapatero aprobó un real decreto que redujo las tarifas que pueden cobrar estos fedatarios públicos. El Ministerio de Justicia, entonces dirigido por Francisco Caamaño, consideró que notarios y registradores estaban haciendo una interpretación abusiva de la norma sobre la aplicación de tarifas y aprobó un real decreto para acabar con esas prácticas.

La nueva norma fija unas tarifas máximas por ciertos servicios, como por ejemplo cancelaciones hipotecarias o notas simples, que a partir de ahora no pueden ser superadas ni incorporar conceptos adicionales. Los registradores consideran que no tiene sentido aplicar una rebaja de este tipo a un colectivo de funcionarios que no cobra del erario público, y más en un momento en que sufren el impacto de la crisis en su negocio.

“Las tarifas no han subido desde 1989 y los ingresos del sector han bajado cerca del 60% desde los máximos de hace cuatro años. Además se han creado unos 150 registros en toda España en los últimos cinco años. Al mismo tiempo, la plantilla del sector ha caído por debajo de los 13.000 empleados desde los 15.000 de los tiempos del boom económico, y continúa el goteo a la baja”, afirma el presidente de la Asociación Profesional de Registradores (APR), Vicente García-Hinojal.

Para calcular el empleo total del sector, a este colectivo de empleados hay que sumarle los 1.100 registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles que ejercen en España.

Tarifas políticas y tarifas indexadas al IPC

“Vamos a elevar al nuevo gobierno nuestra oposición a esta rebaja. Nosotros abogamos por una modificación del sistema tarifario, para hacerlo más racional y sencillo, de tal manera que haya tarifas con precio político para ciertos servicios, y precios indexados a la inflación para otros”, afirma el presidente de la APR. Será el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el que tendrá que lidiar con este conflicto.

El Consejo General del Notariado ha mostrado también su rechazo frontal a ese decreto por incluir deducciones arancelarias generalizadas. “El sector notarial, en el que trabajan casi 3.000 notarios y unos 16.000 profesionales, está siendo muy duramente castigado por la crisis, por lo que este Consejo ya mostró durante la tramitación del real decreto su firme oposición a nuevos recortes arancelarios, y advirtió en sus informes de que se compromete, desde el punto de vista económico, la viabilidad del servicio público notarial”.

Los trabajadores también claman contra el recorte. El sindicato UGT ha manifestado que el empleo que queda en el sector se encuentra en peligro. La federación de servicios inició contactos con el gobierno anterior y reclama que se establezca un periodo transitorio en la aplicación de las nuevas tarifas para recomponer la financiación de notarías y registros. El objetivo es aliviar la crisis de empleo que provocarán estas medidas, añade el sindicato.
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